El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos actos inhumanos como el asesinato, la tortura, la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, la privación grave de la libertad personal, la persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, entre otros.
No obstante, se requiere que la comisión de dichos actos reúna tres requisitos: En primer lugar, deben cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático; en segundo lugar, deben dirigirse contra una población civil; y en tercer lugar, deben cometerse de conformidad con la política de un Estado o de una organización, lo cual implica que pueden cometerlos agentes estatales o personas que actúen a incitación suya o con su consentimiento o beneplácito.
El informe de la oficialista comisión de la verdad señala que entre las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas en su mayoría por policías y militares se encuentran 20 asesinatos. Y lo más importante, es que establece claramente los elementos para que tales asesinatos sean considerados crímenes de lesa humanidad.
En primer lugar, señala que eran parte de un ataque generalizado con el objeto de reprimir a la oposición al gobierno de facto; en segundo lugar, que estaban dirigidos contra la población civil en resistencia; y en tercer lugar, que dichos asesinatos formaban parte de una política estatal de represión desarrollada en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores.
Tomando en cuenta que las instituciones públicas responsables de impartir justicia y de defender los derechos humanos no han asumido sus funciones y misiones institucionales, y a la luz de las medidas tomadas para dejar en la impunidad estos crímenes, es claro que no existe voluntad ni capacidad para perseguir a los más altos responsables militares, civiles y policiales que elaboraron y ejecutaron dicha política de represión.
Por tanto, el escenario está servido para que la justicia de cualquier país comprometido con la lucha contra la impunidad o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, inicie las investigaciones necesarias para procesar y sancionar a los autores de todas estas violaciones a los derechos humanos, particularmente a aquellos que ostentan los máximos niveles de responsabilidad, y lograr que jamás vuelvan a repetirse.
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