Una prueba “oficial” servida en bandeja de plata para la Corte Penal Internacional

El recién presentado informe de la oficialista Comisión de la Verdad confirma, como lo plantea El País, uno de los diarios españoles más importantes, que “Honduras cierra en falso la investigación del golpe militar”, pues aunque la desligitimada OEA, a través de su secretario general José Miguel Insulza, declare que el “capítulo del golpe ya está cerrado”, para las miles de víctimas ignoradas y las pocas reconocidas por este informe, las heridas seguirán abiertas mientras toda la verdad no sea revelada y los victimarios no sean castigados.

No obstante, este informe oficial contiene elementos importantes que deben servir de insumo para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional decida investigar de oficio los crímenes internacionales cometidos desde el golpe de Estado.

En primer lugar, el informe establece que desde el golpe de Estado se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores, entre las que caben destacar la ejecución de 20 hondureños y hondureñas por parte de la policía y las fuerzas armadas.

En segundo lugar, el informe señala que tales violaciones fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas.

En tercer lugar, el informe ratifica que estas violaciones eran parte de una política estatal de represión.

En cuarto lugar, el informe confirma que las instituciones del Estado responsables de impartir justicia y de defender los derechos humanos, no asumieron sus funciones y misiones institucionales, y desestimaron las denuncias ciudadanas o reaccionaron de forma tardía.

Estos datos ratifican lo que desde un inicio venimos denunciando, que los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto, han cometido crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, ya que el Estado de Honduras no tiene capacidad ni voluntad de perseguirlos penalmente.

Pese a las omisiones, las ambigüedades y las contradicciones de este informe, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos deben aprovechar esta información para avanzar en una estrategia articulada que allane el camino a la condena de todos aquellos que ordenaron, encubrieron y alentaron la comisión de tales crímenes.