El precedente golpista es suficiente para limitar el derecho a ser votado

A medida que se acerca la contienda electoral, la inscripción de candidaturas y nuevas formaciones políticas se multiplican como nunca antes en la historia política nacional.

Una de las candidaturas presidenciales que comenzó a hacer gestiones para su inscripción es la del militar golpista Romeo Vásquez Velásquez, cuyo posible partido se denomina Alianza Patriótica Hondureña.

Ante la intención del ex general Vásquez Velásquez de presentarse a las elecciones presidenciales es pertinente preguntarse si su candidatura puede validarse y legitimarse conforme a la garantía de una elección democrática.

En primer lugar, es necesario señalar que de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, la democracia es un derecho humano que los Estados tienen la obligación de promover y defender.

En segundo lugar, la democracia implica un principio incluyente que permite que cualquiera pueda gobernar en la medida en que resulte electo de manera libre y auténtica por medio del sufragio popular. Sin embargo, no todos pueden gobernar ni tampoco ser elegibles si atentan contra el principio de la representación política.

En tercer lugar, si bien la democracia predica que todos pueden participar, lo cierto es que la propia democracia se defiende de sus enemigos que la ponen en riesgo o peligro excluyéndolos del proceso de selección.

Por tanto, así como la democracia exige una serie de virtudes republicanas para ser electo a un cargo público e intentar asegurar el “gobierno de los mejores”, censura los desméritos y aptitudes ciudadanas negativas para evitar el “gobierno de los peores”.

De esta manera, ante la candidatura de un individuo como Romeo Vásquez Velásquez que ha ejecutado un golpe de Estado alterando el orden democrático y violentando los derechos humanos de la población, la democracia debe defenderse excluyéndolo y prohibiendo su participación.

Sin duda alguna, el ex general Vásquez Velásquez es un enemigo de la democracia y sus valores, y como tal, no debe permitírsele participar en un proceso electoral que debería promover y garantizar valores democráticos que él ha despreciado, como la dignidad humana, la paz, la libertad, la no violencia y la justicia.

Honduras continúa violando los derechos humanos de los jueces que se opusieron al golpe de Estado

Tres jueces y una magistrada fueron cesados el 5 de mayo del 2010

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La decisión recién tomada por las autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.

El Estado hondureño nuevamente niega la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los jueces.

En el proceso ante el Consejo de la Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión tomada por el Estado de Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

El caso de los jueces despedidos está siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril, y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor parte de la población hondureña.

La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el acceso a una tutela judicial efectiva.



Contacto de prensa en Costa Rica

Darío Chinchilla

dchinchilla@cejil.org

Tel. +(506) 2281-3280

El informe de la CVR y la responsabilidad de los altos mandos civiles, militares y policiales

Las graves violaciones a derechos humanos no pueden ser tratadas como simples delitos si éstas se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático; si se dirijan contra una población civil; y, si se cometan de conformidad con una política de Estado.

El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluye que durante el golpe de Estado se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por las autoridades; que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas; que se cometieron como parte de una política estatal de represión; y que instituciones como el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no protegieron a la ciudadanía ante esta violencia.

Con estos datos, este informe ratifica que los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto cometieron crímenes internacionales que deben ser juzgados como delitos de lesa humanidad.

Con nombres y apellidos, del informe se deriva que Roberto Micheletti, el ex general Romeo Vásquez y la junta de comandantes, el comisionado Danilo Orellana y demás altos oficiales de la policía, entre otros, son responsables directos de las graves violaciones a derechos humanos expresadas en ejecuciones extrajudiciales, privación de la libertad, tortura, violaciones sexuales, persecución política y violaciones a la libertad de expresión.

En virtud de ello, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomienda la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de estos crímenes sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida.

Sin embargo, dos meses después de presentado el informe, el Estado y quienes lo gobiernan siguen demostrando su falta de voluntad y capacidad para superar los obstáculos jurídicos y fácticos que permitan perseguir penalmente y castigar a los responsables de todos estos crímenes, con lo cual se abre la puerta para que la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación que siente en el banquillo de los acusados a los victimarios hondureños.

Pero para ello, es urgente y necesario el trabajo articulado y con visión nacional del movimiento de derechos humanos para impulsar la lucha nacional e internacional por la justicia. Las víctimas merecen un trabajo coordinado y sin fisuras de quienes les acompañan en el tortuoso camino de la impunidad.

Relatora de Naciones Unidas evaluará situación de derechos humanos en Honduras

TEGUCIGALPA.- La relatora especial de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, visitará Honduras para entrevistarse con funcionarios, defensores humanitarios y miembros de la sociedad civil. Lo anterior lo informó a TIEMPO el coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez.

Sekaggya arribará a Honduras la próxima semana para reunirse con el presidente Porfirio Lobo Sosa; la titular de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda; el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández; y el canciller por ley Alden Rivera. También tiene previsto entrevistarse con coordinadores de organismos de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la sociedad civil.

Según organismos de derechos humanos, la visita tiene como finalidad conocer los avances en materia de derechos humanos, especialmente las investigaciones, identificación y castigo a los responsables de violaciones. La relatora ofrecerá una conferencia de prensa al final de su misión, donde dará datos pormenorizados de sus observaciones en cuanto a la violación de derechos humanos.

MAGISTRADA
La señora Sekaggya se desempeñó como magistrada en Uganda, Africa, y fue nombrada relatora especial por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2008.

Fuente: http://www.tiempo.hn/index.php/portada/5795-relatora-de-naciones-unidas-evaluara-situacion-de-ddhh-

El informe de la CVR y el movimiento de derechos humanos

El pasado 7 de julio la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó el informe “Para que los hechos no se repitan”, y a pesar del compromiso de Lobo Sosa de cumplir con las recomendaciones allí contenidas, hasta el momento las mismas siguen siendo letra muerta.

Aunque es evidente que ni el ejecutivo ni el resto de los altos responsables de las instituciones de justicia de Honduras difícilmente moverán un dedo para cumplir con las recomendaciones del informe, resulta inquietante que dos meses después el movimiento de derechos humanos tampoco ha reaccionado de manera contundente.

Si bien este informe constituye un instrumento que legitima políticamente la violencia del golpe de Estado, sería un error rechazarlo tajantemente pues haciendo una lectura objetiva y sensata del mismo, se pueden extraer ciertos elementos importantes que deben servir en la lucha contra la impunidad.

Pese a las limitaciones y críticas que se le pueden hacer al informe, éste establece contundentemente que policías y militares cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas, detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones sexuales.

Y lo más importante del informe es que establece que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno de facto, la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una política estatal de represión.

Estos hallazgos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación son una prueba irrefutable para lograr que los altos responsables del golpe de Estado sean perseguidos y juzgados como criminales internacionales, ya sea por la Corte Penal Internacional o por cualquier tribunal del mundo que tenga la facultad de perseguir este tipo de delitos.

Desafortunadamente, el movimiento de derechos humanos aún no ha sido capaz de articular una agenda nacional y una estrategia integral de lucha contra la impunidad que prevalezca sobre los personalismos, los protagonismos, las agendas y los proyectos propios.

Las víctimas siguen esperando que el movimiento de derechos humanos hondureño asuma una responsabilidad colectiva que se traduzca en una lucha unida, granítica y permanente contra el despotismo de los victimarios, cuya responsabilidad criminal ha sido ratificada oficialmente por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

El fracaso del Estado en materia de seguridad ciudadana

Esta semana, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señaló que Honduras cerrará el 2011 con una tasa de 86 homicidios por 100 mil habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más violentos del mundo cuya tasa media es de 8,8 homicidios por 100 mil habitantes.

Si analizamos año a año los índices de la violencia nos encontramos con la trágica realidad de un aumento catastrófico de los niveles de criminalidad, lo cual evidencia el fracaso total de las políticas de seguridad implementadas por los distintos gobiernos, las cuales han tenido un enfoque restrictivo en el sentido de privilegiar la sola intervención de las fuerzas policiales y del sistema judicial, y han ignorado un enfoque amplio que incorpore medidas de garantáis de derechos tan importantes como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo.

Parafraseando a Bernard Shaw para definir la forma en que el Estado de Honduras ha enfrentado la violencia podríamos decir que “Está mal que los caníbales se coman a los misioneros pero es aún peor que los misioneros se coman a los caníbales”.

Por tanto, el Estado en vez de centrar sus políticas de seguridad en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, en tener a la persona humana como objetivo central de sus políticas y en garantizar la seguridad humana y el desarrollo humano, se ha rebajado a la condición de delincuente y se ha convertido en un Estado terrorista y violador de los derechos humanos en nombre de la lucha contra la delincuencia.

De esta manera, el accionar del Estado hondureño frente a la violencia se ha traducido en una inadecuada atención a las víctimas, privatización de los servicios de seguridad, ingobernabilidad de la seguridad ciudadana, deficiente profesionalización y modernización de los cuerpos policiales e intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana, confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional.

Tanto el régimen actual como los próximos gobiernos seguirán fracasando en su obligación de brindar seguridad a la población si no son capaces de entender que los derechos humanos son límites infranqueables para las intervenciones estatales, que toda política de seguridad debe basarse en consensos políticos y amplios acuerdos sociales, que debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y que debe asegurar los estándares especiales de protección que requieren aquellas personas o grupos más vulnerables de la sociedad.