El informe de la CVR y la responsabilidad de los altos mandos civiles, militares y policiales

Las graves violaciones a derechos humanos no pueden ser tratadas como simples delitos si éstas se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático; si se dirijan contra una población civil; y, si se cometan de conformidad con una política de Estado.

El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluye que durante el golpe de Estado se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por las autoridades; que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas; que se cometieron como parte de una política estatal de represión; y que instituciones como el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no protegieron a la ciudadanía ante esta violencia.

Con estos datos, este informe ratifica que los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto cometieron crímenes internacionales que deben ser juzgados como delitos de lesa humanidad.

Con nombres y apellidos, del informe se deriva que Roberto Micheletti, el ex general Romeo Vásquez y la junta de comandantes, el comisionado Danilo Orellana y demás altos oficiales de la policía, entre otros, son responsables directos de las graves violaciones a derechos humanos expresadas en ejecuciones extrajudiciales, privación de la libertad, tortura, violaciones sexuales, persecución política y violaciones a la libertad de expresión.

En virtud de ello, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomienda la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de estos crímenes sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida.

Sin embargo, dos meses después de presentado el informe, el Estado y quienes lo gobiernan siguen demostrando su falta de voluntad y capacidad para superar los obstáculos jurídicos y fácticos que permitan perseguir penalmente y castigar a los responsables de todos estos crímenes, con lo cual se abre la puerta para que la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación que siente en el banquillo de los acusados a los victimarios hondureños.

Pero para ello, es urgente y necesario el trabajo articulado y con visión nacional del movimiento de derechos humanos para impulsar la lucha nacional e internacional por la justicia. Las víctimas merecen un trabajo coordinado y sin fisuras de quienes les acompañan en el tortuoso camino de la impunidad.