Conclusiones de reunión de trabajo entre el Estado y representantes de las víctimas
Washington D. C., 27 de octubre del 2011- El Estado salvadoreño sigue sin investigar el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ocurrido en 1980, ni las ejecuciones de seis sacerdotes jesuitas junto a Julia Elba Ramos y Celina, su hija adolescente, perpetradas en 1989. Estas deudas oficiales fueron reconocidas por autoridades estatales el día de ayer, durante una reunión de trabajo convocada oficiosamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar el cumplimiento de sus recomendaciones en estos casos y en el caso de la Masacre de las Hojas. Además, el Estado aceptó que tampoco ha adecuado su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participaron en la reunión como representantes de las víctimas. Ambas organizaciones expresaron su frustración por la falta de avances en la justicia salvadoreña.
En el caso de los sacerdotes jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta, las organizaciones señalaron que el Estado incluso ha obstaculizado los esfuerzos de la justicia universal impulsados por la Audiencia Nacional de España, que se encuentra conociendo el caso a raíz de una denuncia presentada el 13 de noviembre de 2008 por el Center for Justice and Accountability (CJA). En agosto pasado, la Policía Nacional Civil de El Salvador no detuvo a nueve militares acusados por esos hechos contra quienes la Interpol había emitido una orden internacional de captura, a propósito del llamamiento a juicio dictado por el juez de la causa. Lo mismo ocurrió en septiembre con otros cinco militares imputados.
En el caso de Monseñor Romero, señalaron que el caso permanece cerrado desde 1993 y el Estado no ha adoptado ninguna medida para cambiar esta situación. Además, indicaron que desde noviembre de 2009 el Estado se comprometió a adoptar medidas simbólicas de reparación, sin que a la fecha se hayan dado avances sustanciales en este sentido.
Las organizaciones denunciaron la inacción estatal para derogar la Ley de Amnistía y señalaron que en junio anterior, se aprobó un decreto legislativo –sancionado el mismo día por el Presidente de la República- que obligaba a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a decidir las demandas de inconstitucionalidad por unanimidad. Este decreto se impulsó, en buena medida, debido al temor de algunos grupos de poder de que dicha Sala se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, aun sin existir demanda alguna en tal sentido. El mismo fue derogado posteriormente como consecuencia de la presión nacional e internacional ejercida.
Las organizaciones manifestaron que el incumplimiento absoluto de las recomendaciones de la CIDH vacía de significado los actos oficiales de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones cometidas por el Estado y las medidas simbólicas de reparación. La representación de las víctimas afirmó que es imposible reparar el daño causado sin la obtención de justicia.
Finalmente, CEJIL e IDHUCA solicitaron a la Comisión Interamericana que se involucre de manera más cercana en el seguimiento de sus recomendaciones pues, de lo contrario, la impunidad seguirá perpetuándose. Ambas organizaciones confían en que la CIDH acceda a su solicitud y que el Estado adopte medidas efectivas y concretas para cumplir sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Particularmente, el IDHUCA demandó que el Estado acompañe la iniciativa de los tribunales internacionales para la aplicación de la justicia restaurativa que promueve el IDHUCA; derogue la Ley de Amnistía y apruebe la Ley de verdad, justicia, reparación y dignificación para las víctimas y la sociedad salvadoreña.
Los hechos
El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado con el disparo de un francotirador integrante de un escuadrón de la muerte, formado por agentes estatales. La muerte de Monseñor Romero fue uno de los hechos previos al conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1991 y dejó más de 75.000 personas ejecutadas de la población civil y otras violaciones masivas de derechos humanos.
El caso de la masacre en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, perpetrados por militares salvadoreños en el campus de dicha institución académica ubicado en la ciudad de San Salvador. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva armada en la época lanzada por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy partido en el Gobierno.
La decisión de la Comisión en este último caso fue emitida el 22 de diciembre de 1999; la del caso Romero, el 13 de diciembre de 2000.
Para más información sobre el caso Jesuitas ver:
http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm
Para más información sobre el caso Romero ver:
http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ElSalvador11481.htm
Ver también:
CEJIL insta al Estado salvadoreño a dejar sin efecto el Decreto 743 y a evitar acciones que amenacen la independencia judicial
jueves, 27 de octubre de 2011
miércoles, 26 de octubre de 2011
Nicaragua fue denunciada ante la CIDH por no garantizar los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual
En el 2010 se cometió el equivalente a una violación sexual de una niña o mujer cada dos horas en Nicaragua
Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143er periodo de sesiones.
Las organizaciones presentes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, Women’s Link Worlwide (WLW), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Esta coalición presentó datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de los protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las dificultades para obtener justicia en este tipo de casos.
Durante la audiencia se reveló la falta de información actualizada y estadísticas consolidadas sobre violencia sexual en Nicaragua; no obstante, las peticionarias citaron algunos de los pocos datos disponibles. Cifras del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, revelan que en 2010 ocurrieron en promedio 13 casos al día, es decir una violación sexual cada dos horas en Nicaragua. El 84% de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres eran menores de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación escritos reportaron un total de 15 menores embarazadas, producto de una violación. Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas.
En la audiencia fueron expuestos ante la CIDH dos casos emblemáticos de violencia sexual en Nicaragua. Uno de ellos es el de 13 niños y niñas de entre 9 y 16 años que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La denuncia trascendió durante este año pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde el 2003. Hasta la fecha no se ha sancionado a ningún militar por estos hechos.
El otro caso se refirió a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández. La Corte resolvió rebajar la pena del agresor y ordenó su libertad considerando que la víctima fue colaboradora y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza. Para las organizaciones peticionarias, la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima se convierten en antecedentes disuasorios para que otras mujeres denuncien actos de violencia sexual.
Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres. Por su parte, el Comisionado Felipe González preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió información sobre las cifras de denuncias y condenas por violencia sexual y enfatizó la importancia de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.
Las peticionarias solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, garantizándolo como derecho a las víctimas de violencia sexual, de manera que se permita a las niñas y mujeres decidir sobre continuar o no con un embarazo producto de violación. Las organizaciones también solicitaron a la Comisión que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la generación de mecanismos para su implementación. Asimismo, solicitaron a la CIDH que reitere a Nicaragua su pedido para hacer una visita y constatar la situación de los derechos de las mujeres.
Audio de la audiencia:
http://www.cidh.org/audiencias/143/09.mp3
Video de la audiencia:
http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V2_11am.wmv
Contacto en Washington:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
+(1) 202-319 3000
Contacto en Costa Rica:
Darío Chinchilla
dchinchilla@cejil.org
+(506) 2281-3280
Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143er periodo de sesiones.
Las organizaciones presentes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, Women’s Link Worlwide (WLW), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Esta coalición presentó datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de los protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las dificultades para obtener justicia en este tipo de casos.
Durante la audiencia se reveló la falta de información actualizada y estadísticas consolidadas sobre violencia sexual en Nicaragua; no obstante, las peticionarias citaron algunos de los pocos datos disponibles. Cifras del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, revelan que en 2010 ocurrieron en promedio 13 casos al día, es decir una violación sexual cada dos horas en Nicaragua. El 84% de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres eran menores de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación escritos reportaron un total de 15 menores embarazadas, producto de una violación. Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas.
En la audiencia fueron expuestos ante la CIDH dos casos emblemáticos de violencia sexual en Nicaragua. Uno de ellos es el de 13 niños y niñas de entre 9 y 16 años que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La denuncia trascendió durante este año pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde el 2003. Hasta la fecha no se ha sancionado a ningún militar por estos hechos.
El otro caso se refirió a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández. La Corte resolvió rebajar la pena del agresor y ordenó su libertad considerando que la víctima fue colaboradora y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza. Para las organizaciones peticionarias, la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima se convierten en antecedentes disuasorios para que otras mujeres denuncien actos de violencia sexual.
Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres. Por su parte, el Comisionado Felipe González preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió información sobre las cifras de denuncias y condenas por violencia sexual y enfatizó la importancia de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.
Las peticionarias solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, garantizándolo como derecho a las víctimas de violencia sexual, de manera que se permita a las niñas y mujeres decidir sobre continuar o no con un embarazo producto de violación. Las organizaciones también solicitaron a la Comisión que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la generación de mecanismos para su implementación. Asimismo, solicitaron a la CIDH que reitere a Nicaragua su pedido para hacer una visita y constatar la situación de los derechos de las mujeres.
Audio de la audiencia:
http://www.cidh.org/audiencias/143/09.mp3
Video de la audiencia:
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El verdadero compromiso del régimen es con los violadores a derechos humanos
El régimen de Lobo Sosa sigue con su doble discurso en materia de derechos humanos.
Mientras se lava las manos diciendo ante la asamblea general de la ONU que la grave situación de los derechos humanos en Honduras es una herencia del golpe de Estado, evade decir que el rompimiento del orden constitucional fue apoyado por él y por la mayoría absoluta de sus diputados en el congreso nacional.
Al mismo tiempo, mientras manifiesta su compromiso de cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de superar el deterioro de la situación de los derechos humanos como una de sus más altas prioridades, elude decir que él personalmente nombró a los militares que ejecutaron el golpe de Estado en puestos claves de su gobierno.
Mientras Pepe Lobo y su Ministra de Derechos Humanos siguen cabildeando ante la comunidad internacional para convencerla de su compromiso con la dignidad humana, el congreso Nacional dominado por los diputados de su partido aprueba leyes que atentan contra dicha dignidad y propinan una nueva bofetada que profundiza el dolor de las víctimas.
Nos referimos al ascenso del general que ejecutó el golpe de Estado, René Osorio Canales, quien después de que Lobo Sosa lo premiara nombrándolo jefe de las Fuerzas Armadas, ahora lo recompensa con el máximo ascenso al que puede aspirar un militar.
Si el régimen de Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la protección de los derechos humanos, en vez de premiar a los militares golpistas, ya hace tiempo los hubiera separado de los altos cargos que ostentan en su gobierno y estaría promoviendo la investigación efectiva que permita sancionarlos por haber participado en el rompimiento del orden constitucional y en las graves violaciones a derechos humanos.
Comisión Interamericana conoció el drama y la desprotección en la que viven los buzos miskitos en Honduras
Organizaciones pidieron a la CIDH emitir su informe final sobre este caso
Washington D. C., 25 de octubre del 2011- Amistero Bans Valeriano empezó a ejercer la pesca mediante buceo como única alternativa laboral ante la precaria situación económica en la región de La Mosquitia, Honduras. Actualmente tiene una discapacidad por un accidente laboral que sufrió en el 2000, por el cual no recibió ninguna indemnización de la empresa para la que laboraba ni ha recibido una adecuada atención médica ni justicia por parte del Estado. Su testimonio lo presentó ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 143er periodo de sesiones, y es representativo de una dramática situación humanitaria en ese país.
La audiencia fue parte del proceso del caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) contra Honduras, el cual está siendo litigado ante la CIDH por la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI), Miskitu Indiang Mairin Asla Takanka (MIMAT – Asociación de Mujeres Miskitas de la Costa Atlántica), Almuk Nani Asla Takanka (Consejo de Ancianos) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Al igual que miles de hombres indígenas miskitos en su comunidad, Amistero Bans trabajó como buzo sin haber tenido una adecuada capacitación, sin seguridad social y en condiciones laborales precarias. Las organizaciones representantes afirmaron que el Estado ha fallado en proteger y defender los derechos laborales de los buzos miskitos ante sus empleadores.
Asimismo afirmaron que el Estado es responsable de no haber ofrecido tratamiento médico en el corto y en el largo plazo, incluyendo la disponibilidad de cámaras hiperbáricas y terapias de rehabilitación para los buzos que han padecido de síndrome de descompresión y que consecuentemente sufren de alguna discapacidad por el tratamiento inadecuado de este mal. En centenares de casos, las personas accidentadas han perdido la vida.
Las peticionarias afirmaron que los buzos afectados por la indiferencia del Estado son víctimas de una triple discriminación por su pobreza, por su etnicidad y por su discapacidad.
La representación del Estado señaló que se han hecho “esfuerzos palpables” que se han materializado en “avances significativos” para resolver esta problemática. Sin embargo, las representantes de las víctimas denunciaron que estas acciones no se han visto reflejadas en una mejoría en la vida de los buzos miskitos. Por el contrario siguen sucediendo accidentes: en meses pasados, al menos cuatro buzos han muerto como consecuencia de su trabajo.
Durante la audiencia, las organizaciones pidieron a la CIDH aprobar –lo antes posible– su informe final sobre el caso.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (el más reciente en su materia) señaló en el 2004 que alrededor de 9.000 buzos practicaban la pesca submarina de langosta. Entre ellos, el 97% había presentado algún grado del síndrome por descompresión y al menos 4.200 miskitos tenían discapacidad total o parcialmente a causa de este mal.
El proceso ante la CIDH involucra a 43 víctimas, entre las cuales se cuenta a 21 ex buzos con algún tipo de discapacidad y 22 pescadores que fallecieron por motivos laborales. Las organizaciones representantes confían en que el litigio de este caso contribuya a que el Estado adopte políticas y medidas estructurales que reparen el daño causado a las miles de personas afectadas en La Mosquitia hondureña.
Audio de la audiencia:
http://www.cidh.org/audiencias/143/10.mp3
Video de la audiencia:
http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V3_2pm.wmv
Contacto en Washington:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
+(1) 202-319 3000
Contacto en Costa Rica:
Darío Chinchilla
dchinchilla@cejil.org
+(506) 2281-3280
Washington D. C., 25 de octubre del 2011- Amistero Bans Valeriano empezó a ejercer la pesca mediante buceo como única alternativa laboral ante la precaria situación económica en la región de La Mosquitia, Honduras. Actualmente tiene una discapacidad por un accidente laboral que sufrió en el 2000, por el cual no recibió ninguna indemnización de la empresa para la que laboraba ni ha recibido una adecuada atención médica ni justicia por parte del Estado. Su testimonio lo presentó ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 143er periodo de sesiones, y es representativo de una dramática situación humanitaria en ese país.
La audiencia fue parte del proceso del caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) contra Honduras, el cual está siendo litigado ante la CIDH por la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI), Miskitu Indiang Mairin Asla Takanka (MIMAT – Asociación de Mujeres Miskitas de la Costa Atlántica), Almuk Nani Asla Takanka (Consejo de Ancianos) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Al igual que miles de hombres indígenas miskitos en su comunidad, Amistero Bans trabajó como buzo sin haber tenido una adecuada capacitación, sin seguridad social y en condiciones laborales precarias. Las organizaciones representantes afirmaron que el Estado ha fallado en proteger y defender los derechos laborales de los buzos miskitos ante sus empleadores.
Asimismo afirmaron que el Estado es responsable de no haber ofrecido tratamiento médico en el corto y en el largo plazo, incluyendo la disponibilidad de cámaras hiperbáricas y terapias de rehabilitación para los buzos que han padecido de síndrome de descompresión y que consecuentemente sufren de alguna discapacidad por el tratamiento inadecuado de este mal. En centenares de casos, las personas accidentadas han perdido la vida.
Las peticionarias afirmaron que los buzos afectados por la indiferencia del Estado son víctimas de una triple discriminación por su pobreza, por su etnicidad y por su discapacidad.
La representación del Estado señaló que se han hecho “esfuerzos palpables” que se han materializado en “avances significativos” para resolver esta problemática. Sin embargo, las representantes de las víctimas denunciaron que estas acciones no se han visto reflejadas en una mejoría en la vida de los buzos miskitos. Por el contrario siguen sucediendo accidentes: en meses pasados, al menos cuatro buzos han muerto como consecuencia de su trabajo.
Durante la audiencia, las organizaciones pidieron a la CIDH aprobar –lo antes posible– su informe final sobre el caso.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (el más reciente en su materia) señaló en el 2004 que alrededor de 9.000 buzos practicaban la pesca submarina de langosta. Entre ellos, el 97% había presentado algún grado del síndrome por descompresión y al menos 4.200 miskitos tenían discapacidad total o parcialmente a causa de este mal.
El proceso ante la CIDH involucra a 43 víctimas, entre las cuales se cuenta a 21 ex buzos con algún tipo de discapacidad y 22 pescadores que fallecieron por motivos laborales. Las organizaciones representantes confían en que el litigio de este caso contribuya a que el Estado adopte políticas y medidas estructurales que reparen el daño causado a las miles de personas afectadas en La Mosquitia hondureña.
Audio de la audiencia:
http://www.cidh.org/audiencias/143/10.mp3
Video de la audiencia:
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lunes, 24 de octubre de 2011
Ciudadanos que hay que proteger y enemigos que hay que combatir
Mientras en el aeropuerto Ramón Villeda Morales eran asesinadas 6 personas por sicarios vestidos de policías, el mismo día en el interior del centro penal de San Pedro Sula morían 9 personas privadas de libertad en un supuesto enfrentamiento.
La violencia que azota al país tiene sus tentáculos tan largos que incluso llega allí donde el Estado tiene el completo control sobre la vida o la muerte de las personas, es decir, los centros penales.
Ya no hay ningún lugar seguro en Honduras, cualquier persona es una víctima potencial de la criminalidad, lo cual genera una “ciudadanía de baja intensidad” para una mayoría de hondureñas y hondureños que viven sometidos a la pobreza y a la humillación y el miedo a la violencia, lo que los convierte en personas no “sólo materialmente pobres, sino también legalmente pobres”.
Como respuesta, el Estado se empeña en aplicar una supuesta política de seguridad ciudadana que fomenta la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales.
Nuestra historia demuestra que la intervención de los militares en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos; el golpe de Estado es un ejemplo claro del peligro de dar mayor poder a quienes no saben distinguir entre ciudadanos que hay que proteger y enemigos que hay que combatir.
Por eso, en vez de estar discutiendo sobre la fusión de las fuerzas armadas con las fuerzas policiales, el régimen de Lobo Sosa debe cumplir con su promesa de implementar las recomendaciones en la materia de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que señala la necesidad de “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.
miércoles, 12 de octubre de 2011
Pasos serios hacia la convivencia
La semana pasada la salvadoreña María Silvia Guillén, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó en pocas palabras y de manera contundente lo que para ella constituye la situación en Honduras: Que la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país sólo puede compararse con la de los peores momentos de las dictaduras centroamericanas.
Aunque estas palabras fueron expresadas en el marco académico del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, tiene fundamental importancia porque provienen de una funcionaria con una de las más altas investiduras en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos y porque ratifican que las consecuencias del golpe de Estado siguen vigentes en tanto no exista voluntad política para acabar con la impunidad.
Además, en dicho seminario hubo unanimidad en expresar profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 periodistas y ataques contra la integridad física, psíquica y moral, y el derecho a la manifestación pública y pacífica, y por la impunidad generalizada producto de la inactividad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los atentados contra los derechos humanos.
En este sentido, en el seminario se concluyó que para iniciar el lento proceso de reconciliación nacional es necesario que el Estado de unos primeros pasos que muestren su voluntad política y su compromiso serio con la construcción democrática, tales como, la adopción inmediata de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, lo que implica la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán.
Y la implementación diligente de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.
Sólo de esta manera es posible avanzar hacia la resolución de los conflictos generados y agudizados por el golpe de Estado, y a partir de allí, hacia la construcción de una Honduras en donde la verdad y la justicia sean la piedra angular de nuestra convivencia.
Un evento contra la impunidad
Los días 5, 6 y 7 de octubre, se desarrollará en Tegucigalpa el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, organizado por la Oficina Regional de Hivos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
Estas cuatro organizaciones se han articulado con el objetivo general de promover un espacio de discusión y reflexión sobre algunas experiencias relevantes en el plano nacional e internacional en la resolución de crímenes y violaciones a derechos humanos.
Pero de manera específica, con este seminario pretende contribuir a acentuar esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, en pro de alcanzar la justicia para miles de víctimas que desde el golpe de Estado siguen esperando que la impunidad de sus victimarios no siga golpeando su dignidad.
En este evento participarán importantes personalidades que trabajan para erradicar con la impunidad en el mundo, tales como Marcie Mersky del Centro Internacional de Justicia Transicional, María Silvia Guillén de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eugenia Valenzuela, encargada de análisis estratégico de la Corte Penal Internacional y el juez Bartasar Garzón quien viene en representación del fiscal Luis Moreno-Ocampo de la Corte Penal Internacional.
Además de la importancia académica que tiene este evento, también es un espacio único para que las organizaciones nacionales de derechos humanos presenten a los dos representantes del tribunal penal internacional, documentos y pruebas que impulsen el examen preliminar sobre las violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado que inició en noviembre pasado el fiscal Moreno-Ocampo.
La presencia del juez Garzón y de la abogada Valenzuela de la Corte Penal Internacional, también representa una señal clara de que la impunidad por las violaciones a derechos humanos en Honduras es un asunto de preocupación para este tribunal mundial, lo cual es un desafío para el movimiento de derechos humanos en el sentido de aprovechar este momento histórico para impulsar un verdadero proceso que permita el fin de la impunidad en el país.