Un evento contra la impunidad

Los días 5, 6 y 7 de octubre, se desarrollará en Tegucigalpa el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, organizado por la Oficina Regional de Hivos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).

Estas cuatro organizaciones se han articulado con el objetivo general de promover un espacio de discusión y reflexión sobre algunas experiencias relevantes en el plano nacional e internacional en la resolución de crímenes y violaciones a derechos humanos.

Pero de manera específica, con este seminario pretende contribuir a acentuar esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, en pro de alcanzar la justicia para miles de víctimas que desde el golpe de Estado siguen esperando que la impunidad de sus victimarios no siga golpeando su dignidad.

En este evento participarán importantes personalidades que trabajan para erradicar con la impunidad en el mundo, tales como Marcie Mersky del Centro Internacional de Justicia Transicional, María Silvia Guillén de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eugenia Valenzuela, encargada de análisis estratégico de la Corte Penal Internacional y el juez Bartasar Garzón quien viene en representación del fiscal Luis Moreno-Ocampo de la Corte Penal Internacional.

Además de la importancia académica que tiene este evento, también es un espacio único para que las organizaciones nacionales de derechos humanos presenten a los dos representantes del tribunal penal internacional, documentos y pruebas que impulsen el examen preliminar sobre las violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado que inició en noviembre pasado el fiscal Moreno-Ocampo.

La presencia del juez Garzón y de la abogada Valenzuela de la Corte Penal Internacional, también representa una señal clara de que la impunidad por las violaciones a derechos humanos en Honduras es un asunto de preocupación para este tribunal mundial, lo cual es un desafío para el movimiento de derechos humanos en el sentido de aprovechar este momento histórico para impulsar un verdadero proceso que permita el fin de la impunidad en el país.