No es cuestión de ideologías

Entre el 14 y el 18 de noviembre una misión de la sociedad civil hondureña visitó el Ecuador para denunciar que desde el reintegro de Honduras a la OEA, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado a niveles alarmantes.

La decisión de visitar este país se debe a que fue el único gobierno que se negó a votar a favor de dicho reintegro, argumentando que la impunidad de los responsables del golpe de Estado se mantiene intacta en Honduras.

La misión tuvo reuniones con representaciones diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Asamblea Legislativa y la Cancillería ecuatoriana, en las que se expuso la necesidad de verificar la situación de los derechos humanos en Honduras a partir del Acuerdo de Cartagena suscrito el 22 de mayo de este año.

Este acuerdo, cuestionado por inconsulto por las organizaciones sociales, fue la antesala para que los gobiernos de izquierda y de derecha del continente convinieran el reintegro de Honduras a la OEA sin previa evaluación de la situación.

El numeral cinco del acuerdo precisa que las partes deben “Velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos.” No obstante, este compromiso ha sido flagrantemente incumplido, pues en Honduras persisten graves, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos y prevalece la impunidad de los responsables del golpe de Estado.

Una de las cosas que quedaron claras en esta misión, es que los derechos humanos no es una cuestión de ideologías pues los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, están dispuestos a sacrificar la dignidad de las víctimas en el altar de las negociaciones políticas y de las agendas ocultas.

Seguridad ciudadana: Una lucha de todos y todas

Desde mas de una década, Casa Alianza ha venido denunciando ante las autoridades del Gobierno, la sociedad y la opinión pública las ejecuciones y/o muertes violentas de niños, niñas y jóvenes por diferentes actores, incluyendo policías, y ha exigido que estos crímenes sean investigados con eficiencia con el fin de identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

De 1998 a la fecha, Casa Alianza ha documentado la ejecución arbitraria de casi seis mil niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, los cuales están en la más completa impunidad. Sólo en octubre de este año hubo 95 homicidios de jóvenes, siendo los niños las principales víctimas con 79 muertes violentas.

Por este tipo de hechos, en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la ejecución de 4 jóvenes que fueron detenidos ilegalmente por agentes de la policía, el 15 de septiembre de 1995, y que fueron encontrados dos días después en diferentes sectores de Tegucigalpa sin vida y con indicios de haber sido torturados antes de morir, razón por la que el caso fue conocido como “Cuatro Puntos Cardinales”.

No obstante, pese a que las ejecuciones de niños, niñas y jóvenes constituyen una epidemia en Honduras, ha tenido que morir violentamente el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que la sociedad hondureña se de cuenta de la grave dimensión de la violencia contra la juventud y para que las autoridades al menos aparenten una cierta preocupación al respecto.

Pese a la gravedad de la situación, los cambios hasta ahora propuestos por el régimen actual son simples maquillajes que dejan intacta la corrupción dentro de la policía nacional y sólo preparan el camino para que las Fuerzas Armadas vuelvan a retomar el control de la policía como sucedió en la década de las desapariciones, torturas y ejecuciones de los años 80 y profundicen la militarización de la sociedad.

Más allá de las posiciones políticas e ideológicas, es un momento preciso para sumarnos a la lucha emprendida por la rectora Julieta Castellanos y otros sectores para lograr cambios estructurales en la policía nacional que pasa por una depuración y sanción de los policías y de los altos mandos involucrados en crímenes, en evitar que los militares asuman labores policiales y en consensuar una verdadera política de seguridad ciudadana desde un enfoque de los derechos humanos.

ALTO A LOS ATAQUES A LA INDEPENDENCIA DE JUECES, JUEZAS Y MAGISTRADOS

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), ante las reiteradas declaraciones de autoridades gubernamentales, y de los titulares de los poderes del Estado respecto a la situación crítica por la que atraviesa actualmente la seguridad de la ciudadanía, y la necesidad de asumir medidas institucionales para frenar el incremento de los actos delictivos, se pronuncia de la manera siguiente:

1. Compartimos con las autoridades gubernamentales, del Legislativo y del Poder Judicial, que la situación de criminalidad y de impunidad exige tomar medidas orientadas a proporcionar seguridad y a devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones.

2. Medidas como la depuración y reorganización de la Policía son urgentes y necesarias y deben ser impulsadas por el Ejecutivo de forma responsable. Asumir a medias o de forma cosmética esta situación, no hará sino agravar la crisis que actualmente ha desnaturalizado a la policía y que le ha llevado a la autoría, complicidad y protección de actividades ilícitas en el país.

3. Consideramos que es irresponsable que desde el Ejecutivo, la Presidencia del Legislativo y de la misma Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se quiera responsabilizar a los(as) jueces(zas) y magistrados(as) por la situación de inseguridad. No hay que desconocer que los(as) jueces(zas) resuelven bajo dos presupuestos: a) El respeto a las garantías procesales de rango constitucional; y b) De conformidad a las pruebas que aporta el Ministerio Público. En este plano hay que destacar que no es responsabilidad de los órganos jurisdiccionales la inefectividad de la investigación de los hechos delictivos y, tampoco, que las acusaciones en muchos casos no sean respaldadas por el MP con pruebas que demuestren la culpabilidad de los imputados.

4. No es generando animadversión hacia los jueces y juezas que se resolverá la problemática de impunidad, sino mediante una verdadera investigación criminal técnico científica y con un Ministerio Público transparente, eficiente y responsable en las atribuciones que le ha otorgado la Constitución y las Leyes.

5. Rechazamos de forma contundente la iniciativa que impulsan actualmente el Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de la República de crear una Superintendencia que vigile las actuaciones de Jueces y Fiscales y que pretende materializarse mediante un decreto legislativo. De aprobarse una ley y un mecanismo de esta naturaleza, ello constituiría una flagrante violación a la independencia de jueces y magistrados y, en la práctica, significaría otorgar a estos dos poderes del Estado facultades que violentarían la independencia de poderes. La existencia de una superintendencia para vigilar e investigar a los jueces, sería un golpe demoledor a la independencia judicial, y vendría a concederle poderes adicionales al ejecutivo para perturbar a los jueces y magistrados en su función, y en algunas circunstancias hasta podría utilizarse para obstruir la justicia.

6. De igual forma, deploramos y nos oponemos a que el Inspector General de Tribunales sea electo por el Congreso Nacional, pues si esto fuera así, tendría los mismos efectos perturbadores y atentatorios contra la independencia judicial.

7. Estamos conscientes de la necesidad de la supervisión de las actuaciones de los jueces y juezas y de la sanción de los actos que se comprueben que están reñidos con la ley, pero esta función debe realizarse a través de los órganos competentes del Poder Judicial.

POR TANTO:

a) Exigimos al Presidente del Ejecutivo, al Presidente del Legislativo y a las autoridades judiciales, el respeto a la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones y, deploramos las declaraciones infundadas lesivas a la independencia judicial.

b) Reiteramos nuestra petición de la necesidad de depurar y reorganizar de forma integral la institución policial. De igual manera, pedimos que se proceda a realizar un concurso o evaluación interna en el Poder Judicial, y que mediante el mismo se determine quienes son los jueces aptos para la función jurisdiccional y, que el mismo permita, separar aquellos juzgadores que no reúnan las condiciones para ostentar estos cargos.

c) Solicitamos a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, que desistan de las iniciativas de crear una Superintendencia de carácter externo para vigilar e investigar a los jueces y magistrados, asimismo, que no continúen con la pretensión de que la elección del Inspector General de Tribunales sea una atribución del Congreso Nacional.

d) Pedimos que se proceda a la reestructuración de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales para que asuma su función de forma independiente y autónoma y que el nombramiento del Inspector General sea atribución del Consejo de la Judicatura a través de un concurso transparente e imparcial

e) Hacemos un llamado a todos los jueces, juezas, y magistrados(as), a defender la independencia Judicial, de los ataques infundados que buscan debilitarla más. Comprometiéndonos a informar de inmediato de todas estas perturbaciones e injerencias a la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados.

San Pedro Sula, 09 de noviembre de 2011

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

DECLARACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SEMINARIO “IMPUNIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y JUSTICIA”

Tegucigalpa, 07 de noviembre de 2011

Las organizaciones y las personas participantes en el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011, una vez concluido el evento expresamos nuestra preocupación por los hechos siguientes:

1. Las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado, en particular las cometidas contra miembros de la comunidad LGTBI (que hasta la fecha registra 56 asesinatos), contra mujeres, jueces y juezas, jóvenes, niños y niñas, defensores y defensoras de derechos humanos, docentes, activistas políticos y sociales, campesinos y campesinas del Bajo Aguán, pobladores de Zacate Grande, pueblos indígenas y miembros de las comunidades afro descendientes.

2. Las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 comunicadores sociales y periodistas, numerosos ataques contra la integridad física, psíquica y moral de los y las comunicadoras, agresiones a los medios de comunicación comunitarios y autónomos, y uso desproporcionado de la fuerza para reprimir el derecho a la manifestación pública y pacífica.

3. La impunidad generalizada producto de la inactividad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los atentados contra los derechos humanos, y para reparar a las víctimas.

Con fundamento en las discusiones del evento, demandamos del Estado hondureño lo siguiente:
1. Formalizar en el corto plazo la invitación oficial al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, para realizar una visita oficial al país.

2. Adoptar inmediatamente la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, lo que implica la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán donde se requieren medidas integrales que contribuyan a la resolución permanente del conflicto.

3. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Organizadores:
Asociación de Jueces por la Democracia, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y Radio Progreso de la Compañía de Jesús, CEJIL-Mesoamérica y Fundación Hivos

Participantes Nacionales:
APUVIMEH, AJEM, CATTRACHAS, Comisión de Verdad, COFADEH, Colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo Violeta, Kukulcán, CEM-H, Asociación Arcoiris, CARITAS Honduras, Caritas San Pedro Sula, ALTERECO, ACI PARTICIPA, Popol Natum, CIPRODEH, CODEMUH, COMUN, C-Libre. Venas Abiertas, COPINH, CESPAD, MUCA, CDM, MAO, CPTRT, Coordinación Colectivo de Abogados y JHA-JA-AC

Participantes Internacionales:
José Luis Sanz, El Faro, El Salvador; Ileana Alamilla, CERIGUA (Guatemala); Marcie Mersky, International Center for Transitional Justice (USA); Francisco Aguilar, Comisionado Comisión de Verdad (Costa Rica); Mario Minera, CALDH (Guatemala); Benjamín Cuellar, IDHUCA (El Salvador); María Silvia Guillén, FESPAD (El Salvador); Claudia Samayoa, UDEFEGUA (Guatemala); Anabella Sibrián, Plataforma Holandesa contra la Impunidad (Guatemala); Carolina Escobar Sarti, columnista independiente y Consejo Editorial Plaza Pública (Guatemala); Dra. Vilma Núñez, CENIDH, (Nicaragua)

Tegucigalpa- Honduras, 07 de octubre de 2011

¡No mas asesinatos en el Aguan!

La Alianza por los Derechos Humanos (ADH), condena el asesinato del campesino Catalino López, y los atentados contra José Luis Lemus y Nilda Fúnez todos miembros del Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos del Aguan (MARCA).

Según el testimonio de uno de los dirigentes campesinos que por razones de preservar su vida no se menciona su nombre, “Ayer a las dos y media de la tarde (primero de noviembre 2011el grupo despertar de MARCA (Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan) cuando íbamos a limpiar el campo santo(cementerio) por ser el "día de los muertos" nos perseguía una patrulla de la Empresa de seguridad Orión y a la altura de la Empresa de Aceites y derivados y cuando regresábamos a nuestros hogares y enfrente de una bascula donde venden frutas nos rebaso la patrulla y nos sacó de la carretera”.

“La patrulla estaba integrada por cinco guardias de seguridad y uno de ellos Jefe de Operación que lo llaman el teniente Reyes militar retirado del Batallón, abrieron fuego contra nosotros perdiendo la vida Catalino López de 48 años, dejando desamparados a sus nueve hijos e hijas y a su compañera de hogar. López pertenecía a la Juntad e vigilancia Administrativa”.

Los campesinos han expresado su temor a nuestras organizaciones, que “sus vidas corren peligro porque los guardias de seguridad actúan con toda libertad para matar”.

En el ataque también resultaron también heridos José Luis Lemus con una herida en el pecho (tórax) y fue hospitalizado en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula por su condición de gravedad y la compañera Nilda Fúnez con herida de bala en el muslo derecho y está hospitalizada en un Hospital de la ciudad de la Ceiba.

Los atacantes se transportaban en una patrulla de la empresa de seguridad Orión, quienes después del atentado se dieron a la fuga. Los guardias de seguridad pertenecen a la Empresa Agropalma del empresario palmero de origen nicaragüense Rene Morales.
Ante estos hechos impunes: Exigimos el cese de la matanza que cotidianamente practican las empresas de seguridad privada a vista y paciencia de la Operación Xatruch, La Base Naval, El Batallón de Infantería, la Policía Nacional y la dirección de Investigación Criminal.

¡Alto a los crímenes de lesa humanidad!

Tegucigalpa 3 de noviembre 2011

Servir y proteger

Servir y proteger es el lema de la policía nacional de Honduras y la razón de su existencia es velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito, y sobre todo, proteger la seguridad de las personas y sus bienes, con estricto respeto a los derechos humanos.

Al analizar la actuación de esta institución a lo largo de su historia se puede concluir que cumple fielmente con estas funciones; sin embargo, lo ha hecho y lo hace de manera sesgada, discriminatoria y al margen de la legalidad.

En primer lugar, sirve y protege eficientemente a aquellos que tienen el poder económico y político, por tanto, la pobreza y la falta de influencia política de las personas las excluye de su protección y más aún, las coloca en una situación de indefensión frente a la delincuencia común y a las actuaciones ilegales de muchos miembros de esta institución.

En segundo lugar, utiliza la fuerza excesiva y la represión para preservar el orden que requieren los grandes poderes, a quienes no les gusta que la ciudadanía haga uso legítimo de su derecho constitucional a la manifestación pacífica para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En tercer lugar, recurre a métodos ilegales para combatir el delito y tal como lo han confirmado informes oficiales y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, miembros de la policía se encuentran fuertemente vinculados al crimen organizado.

En cuarto lugar, protege la seguridad y los bienes de quienes tienen dinero, mientras la violencia azota con mayor fuerza a los excluidos; y peor aún, miembros de la policía se involucran en crímenes como la reciente ejecución arbitraria de los jóvenes Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En quinto lugar, todos estos hechos, más la reciente participación activa de la policía nacional en el golpe de Estado y las graves violaciones a derechos humanos, evidencian que las actuaciones de esta institución están encaminadas a violentar los derechos de quienes están obligados a servir y proteger.

No son suficientes los parches y retoques cosméticos para avanzar hacia una policía nacional eficiente, independiente y garantizadora de los derechos humanos; es urgente y necesaria una depuración total de esta institución a quien la ciudadanía ve como un peligro y una amenaza a su vida e integridad.