Entre el 14 y el 18 de noviembre una misión de la sociedad civil hondureña visitó el Ecuador para denunciar que desde el reintegro de Honduras a la OEA, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado a niveles alarmantes.
La decisión de visitar este país se debe a que fue el único gobierno que se negó a votar a favor de dicho reintegro, argumentando que la impunidad de los responsables del golpe de Estado se mantiene intacta en Honduras.
La misión tuvo reuniones con representaciones diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Asamblea Legislativa y la Cancillería ecuatoriana, en las que se expuso la necesidad de verificar la situación de los derechos humanos en Honduras a partir del Acuerdo de Cartagena suscrito el 22 de mayo de este año.
Este acuerdo, cuestionado por inconsulto por las organizaciones sociales, fue la antesala para que los gobiernos de izquierda y de derecha del continente convinieran el reintegro de Honduras a la OEA sin previa evaluación de la situación.
El numeral cinco del acuerdo precisa que las partes deben “Velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos.” No obstante, este compromiso ha sido flagrantemente incumplido, pues en Honduras persisten graves, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos y prevalece la impunidad de los responsables del golpe de Estado.
Una de las cosas que quedaron claras en esta misión, es que los derechos humanos no es una cuestión de ideologías pues los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, están dispuestos a sacrificar la dignidad de las víctimas en el altar de las negociaciones políticas y de las agendas ocultas.
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