Ante un Estado fallido, un nuevo Pacto Social

Un Estado de derecho se caracteriza por el sometimiento de todos y todas al imperio de la ley, por la independencia de poderes, por el control de la legalidad por parte de un poder judicial independiente e imparcial, y por el respeto y garantía de los derechos humanos.

El extremo contrario del Estado de derecho es el Estado fallido, es decir, el Estado parcial e impotente, el Estado que ha fracasado al dejar de cumplir sus funciones fundamentales como la seguridad humana, la cohesión social, la garantía de los derechos humanos, etc.

El Estado fallido, como el que tenemos en Honduras, ha dejado de ser de todos, ha perdido su condición de organización soberana sobre todos los demás intereses, no para que uno solo decida, sino para que todos convivamos en paz, respeto y libertad.

Aunque en sentido estricto Honduras nunca ha sido un auténtico Estado de Derecho, con el golpe de Estado se aceleró el proceso de degeneración a un Estado fallido que ya no tiene la voluntad ni la capacidad para garantizar las condiciones mínimas de dignidad humana.

Este fracaso del Estado hondureño se refleja en la ejecución arbitraria de 7,041 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años desde 1998; en la violencia generalizada que coloca al país con la tasa de homicidios más alta del mundo, con 82 por cada 100,000 habitantes; en amplias zonas del territorio nacional que escapan del control del Estado y que son santuarios del narco-delito y del crimen organizado.

También se refleja en la impunidad que sonríe por igual al que le tira la basura al vecino que al sicario, policía o militar que tortura y asesina a sangre fría; en una manera de hacer política que premia a los corruptos y excluye a los honestos; en una administración pública convertida en patrimonio privado de los sectores poderosos; y en una ciudadanía de baja intensidad sometida violentamente al miedo y la miseria.

Sin duda alguna, cuando ha fallado el Estado al que le otorgamos la responsabilidad de protegernos y de garantizar nuestra dignidad, es imperativo un nuevo pacto social que promueva la creación de una nueva institucionalidad, de una nueva estructura organizativa política, económica, social y cultural que coloque a la persona humana como el verdadero fin a perseguir por la sociedad y el Estado.