martes, 13 de diciembre de 2011

Más medidas, menos derechos


Indudablemente el golpe de Estado aceleró el proceso de conversión del Estado en un Estado militar que ve en la ciudadanía un enemigo que hay que controlar, vigilar, silenciar y violentar a través de la reducción de sus derechos y garantías.

Primero fue la reforma constitucional del plazo de detención que pasó de 24 a 48 horas, con sus graves implicaciones para la vida y la integridad física y psíquica de las personas que durante dos días podrán estar en manos de la Policía que está involucrada en los crímenes más terribles.

Luego fue la reforma del artículo 92 constitucional que permite que un simple informe policial que contenga la declaración del detenido sea suficiente para que un juez decrete su procesamiento.

Luego vino la reforma constitucional que de manera ilegítima e ilegal les otorga a los militares las facultades de patrullar, capturar sospechosos, realizar allanamientos y controlar el tránsito.

Ahora nos sorprenden con la aprobación de Ley de Escuchas Telefónicas mediante la cual se autoriza la intervención de cartas, mensajes y llamadas telefónicas, recibos de servicios públicos, tarjetas de crédito, entre otros, violando de esta manera el derecho constitucional a la privacidad.

Todas estas reformas violentan el principio constitucional e internacional de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

A pesar de que el artículo 64 constitucional prohíbe la aplicación de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías, si los disminuyen, restringen o tergiversan, el Congreso Nacional capitaneado por Juan Orlando Hernández y el ejecutivo al mando de Lobo Sosa, demuestran una vez más su desprecio por los principios democráticos, la dignidad humana y los altos valores que representan los derechos humanos.

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