Human Rights Watch acaba de publicar su informe anual 2012 y en él se denuncia que el Estado de Honduras no ha hecho justicia en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe militar de 2009.
Pese a que en julio de 2011 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada unilateralmente por el régimen de Lobo Sosa, constató que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares constituían crímenes de lesa humanidad, hasta el momento no hay ningún responsable perseguido penalmente y muchos condenado.
En este sentido, una gran cantidad de casos continúan impunes lo cual facilita que persistan de violencia y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y personas transgénero.
Lo anterior se traduce en al menos 12 periodistas asesinados durante el gobierno de Lobo Sosa, 30 personas asesinadas entre enero y agosto de 2011 en el valle del Bajo Aguán, 10 mujeres transgénero asesinadas entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, uso excesivo de la fuera contra manifestantes pacíficos mediante el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, golpes y detenciones, y una campaña de hostilidad por parte de funcionarios del gobierno contra defensores de derechos humanos que promueven los derechos de víctimas de abusos policiales.
En pocas palabras, este nuevo informe sólo viene a ratificar lo que los hondureños y hondureñas vivimos diariamente, que la impunidad y las violaciones a los derechos humanos nos siguen pisoteando la dignidad, destruyendo el futuro y alejándonos del sueño de vivir en democracia y de tener un Estado al servicio de toda la ciudadanía y no de los poderes militares, religiosos, económicos y políticos que lo tienen secuestrado.
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