Un nuevo instrumento para luchar contra la precarización de la vida

Desde el golpe de Estado, la clase política-empresarial ha aprovechado el secuestro del Estado y la debilidad institucional para realizar reformas en su beneficio pero que precarizan aún más las condiciones laborales, sociales, económicas y ambientales de millones de hondureños y hondureñas.

En el marco de la adopción del Visión de País y un Plan de Nación que sitúa los intereses de los inversionistas y empresarios por encima de los intereses y derechos de la persona humana, se legitima la privatización de bienes fundamentales como la educación y la salud pública, se legaliza el despojo, la explotación y desnacionalización de nuestros recursos naturales, y se despoja a la clase trabajadora de sus mínimos derechos mediante la ley de empleo temporal.

Este tipo de acciones violentan el principio constitucional e internacional de progresividad que obliga al Estado hondureño a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, y le prohíbe adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

Pero al mismo tiempo, en medio de la esquizofrenia que caracteriza a este gobierno, el Estado de Honduras se adhirió al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que lo obliga precisamente a evitar adoptar medidas regresivas en este asunto.

Y lo más importante de este instrumento es que cualquier persona o grupo de personas puede denunciar al Estado ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos por la violación de los artículos 8 y 13 que garantizan los derechos sindicales y el derecho a la educación, dos derechos que han sido durante atacados por el régimen de Lobo Sosa.

Así, los hondureños y hondureñas debemos aprovechar los espacios de lucha que nos deja la esquizofrenia estatal, que reduce nuestros derechos a nivel interno y al mismo tiempo adopta instrumentos internacionales que nos sirven para luchar contra dicha reducción.

El primer paso es conocer el Protocolo Adicional, apropiarnos de él, socializarlo y asumirlo como una herramienta fundamental que el Estado nos ha dado sin ser consciente del impacto que puede tener su utilización contra todas aquellas disposiciones o políticas cuya aplicación signifique un retroceso en el nivel del goce o ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.