Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos por tercer año consecutivo

Desde el golpe de Estado Honduras es incluida en la lista siniestra de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien cada año publica un informe anual en el que señala a aquellos países cuyas prácticas en materia de derechos humanos generan especial preocupación para la comunidad interamericana.

Algunos de los criterios establecidos por la Comisión para determinar qué países se incluyen en esta “lista siniestra” tienen que ver con la existencia de pruebas incuestionables de que un Estado comete masivas y graves violaciones a los derechos humanos, y de graves situaciones coyunturales o estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos humanos, tales como, situaciones de violencia, crisis institucionales, procesos de reforma institucional con incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos de la población.

Bajo tales parámetros, no es extraño que Honduras haya sido incluida por tercera vez consecutiva en la lista siniestra pues la Comisión Interamericana reiteradamente manifiesta su preocupación en relación con graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación.

Aunque en este nuevo informe la Comisión reconoce las buenas prácticas del Estado de Honduras, tales como la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, y la ratificación de cuatro instrumentos interamericanos de derechos humanos, también expresa su profunda preocupación por la situación de los periodistas, las defensoras y los defensores de derechos humanos, los campesinos del Bajo Aguán, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, entre otros grupos.

Ante la gravedad de la situación en Honduras, la Comisión le recomienda al Estado, entre otras cosas, asegurar que el sistema de administración de justicia brinde un efectivo acceso a la justicia de todas las personas; investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos; mejorar la seguridad de la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia militar no participen en actividades de seguridad ciudadana y, cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil; y disponer de las medidas necesarias para proteger a los sectores de la población hondureña históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.

Si hubiera voluntad política para cumplir estas y otras tantas recomendaciones de diferentes órganos nacionales e internacionales, podríamos decir que Honduras camina hacia la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.