En un
reciente pronunciamiento público, la Convergencia por los Derechos Humanos de
la zona noroccidental de Honduras anunció que la Fiscalía de Derechos Humanos
de San Pedro Sula había presentado un requerimiento fiscal contra los subcomisionados de
policía Héctor Iván Mejía Velásquez y Daniel Matamoros Ávila, por los delitos
de detención ilegal, lesiones leves y violación de los deberes de los
funcionarios.
La comisión de tales delitos se enmarca en la
represión ordenada y comandada por dichos subcomisionados el 15 de septiembre
de 2010, donde miembros de la Policía Nacional atacaron violentamente una
manifestación pacífica en la que participaban colegios de educación media,
escuelas públicas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y
varios colectivos de profesionales, dejando como saldo manifestantes con
fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas
en el rostro y la cabeza, así como la detención de 37 personas, entre ellas, 3
menores de edad.
La Convergencia señaló que pese a que han pasado
casi dos años desde tales hechos, es de suma importancia la deducción de
responsabilidades penales y administrativas en este caso pues representa una
oportunidad histórica para enviar un mensaje contundente a las fuerzas de
seguridad del Estado en el sentido que no puede permitirse el uso
discriminatorio y excesivo de la fuerza; abiertos excesos e inexistencia de
control respecto del uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de
castigar a quienes participan en manifestaciones; y la inobservancia de los
criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso
de la fuerza.
Teniendo en cuenta que el sistema de justicia
hondureño no goza de la confianza en la
aplicación de la ley de manera independiente e imparcial, la Convergencia hace
un llamado a la ciudadanía en general y a las organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos en particular, a estar vigilantes con
respecto al desenlace de este proceso contra los subcomisionados Mejía
Velásquez y Matamoros Ávila.
Concretamente, la Convergencia por los Derechos
Humanos invita a que el próximo 3 de mayo la población acompañe a las víctimas
a los tribunales de San Pedro Sula, donde se desarrollará la audiencia inicial
contra los imputados, y en la cual se determinará si se da un paso fundamental
en la lucha contra la impunidad o si ésta se colocará nuevamente por encima de
la justicia, con su efecto devastador sobre la realización del Estado de
derecho y la democracia que queremos construir.
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