Hace exactamente 10 años, la entonces
Comisionada María Luisa Borjas había logrado documentar la participación de un
grupo de oficiales de la
Policía en una red de sicariato y de exterminio de
pandilleros y secuestradores en San Pedro Sula, sin embargo, su valentía y
compromiso con la legalidad le valió su separación de la institución policial.
En todo el proceso de investigación, la Comisionada Borjas
y la sociedad hondureña fuimos testigos de la manipulación de la pruebas por
parte de los altos responsables de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público
para desvincular a los oficiales investigados con medio centenar de ejecuciones
arbitrarias en San Pedro Sula.
Entre los involucrados en la
manipulación de pruebas se encontraban la actual viceministra de Seguridad
Coralia Rivera Coca, la entonces inspectora de Policía Mirna Suazo, el entonces
jefe de almacén de armas Pedro Alemán y Juan Manuel Aguilar Godoy, jefe de
manejo de crisis del Ministerio de Seguridad, considerado uno de los más
cercanos asesores del ex ministro Óscar Álvarez.
Y lo que resulta más preocupante es
que uno de los investigados por su supuesta participación en los escuadrones de
la muerte es el actual director general de la Policía, Juan Carlos
Bonilla, quien posteriormente fue absuelto por el poder judicial hondureño.
Con estos antecedentes, no
resulta sorprendente que según un reciente informe del Departamento de Estado,
el gobierno de Estados Unidos retirará fondos a las unidades de la policía
hondureña bajo supervisión directa del “Tigre” Bonilla, hasta que pueda
investigar las acusaciones de su participación en tales ilícitos.
De acuerdo con este informe, el
Departamento de Estado "es consciente de las acusaciones de violaciones de
los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general
de la policía" por lo que "ha creado un grupo para
investigarlas".
En buena medida, la decisión
tomada por el gobierno estadounidense es el resultado de la presión de académicos,
activistas, miembros del Congreso de Estados Unidos y de los diversos informes
que denuncian la participación de las fuerzas de seguridad hondureñas en graves
violaciones a derechos humanos.
Frente a esta decisión, el
gobierno de Honduras a través del Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla ha
reiterado su apoyo al director de la
Policía y en vez de asumir con seriedad esta acción, ha
llamado tontos útiles de los criminales a quienes denunciamos la violencia
desproporcionada con que actúan la policía y el ejército.
En un verdadero Estado
democrático de derecho, el informe del Departamento de Estado provocaría un
terremoto político que implicaría una investigación independiente e imparcial
de todos los involucrados, pero en este remedo de democracia que tenemos en
Honduras, lo único que vemos es la forma en que se protegen las espaldas
quienes se sienten dueños de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestra
seguridad.
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