De acuerdo con nuestra Constitución
nacional, el Estado tiene la obligación jurídica de adoptar medidas progresivas
de manera constante y consistentemente hasta la plena efectividad de los
derechos humanos.
Esto implica que
el Estado tiene el doble deber de mejorar
continuamente el goce de tales derechos y de abstenerse de tomar medidas
deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los
derechos vigentes o supriman los ya existentes.
Por tanto, el Estado puede violar su obligación constitucional tanto si no toma ninguna medida para ir avanzando en
el disfrute de los derechos humanos como cuando toma medidas deliberadamente
regresivas, o incluso cuando permanezca pasivo ante el deterioro del nivel de
disfrute de tales derechos.
Bajo estos
parámetros, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como el
derecho a la educación, el Estado tiene la obligación de procurar
constantemente su realización sin retrocesos y un primer paso para garantizarlo
es mediante la asignación de los recursos disponibles en el presupuesto general
de la república.
La semana
pasada, salió a la luz pública el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
de la nación del año 2013, el cual contempla una reducción de 389 millones de
lempiras para la partida de educación y en contraste registra incrementos para
los ministerios de defensa y seguridad en 757 y 125 millones, respectivamente.
Es evidente que esta reducción
presupuestaria es una medida regresiva que viola abiertamente la Constitución y
los tratados internacionales de derechos humanos, que pudiera ser revertida si
tuviéramos tribunales nacionales imparciales e independientes.
Pero hay que intentarlo, no sólo para
defender un derecho tan fundamental para la construcción de ciudadanía
democrática, sino también para dejar claro que nuestra clase política corrupta
apuesta fuertemente por la muerte, las armas y la violencia, que por la
educación pública, gratuita y de calidad de nuestra niñez y nuestra juventud.
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