Un informe complementario

La Comisión de Verdad se instaló en el año 2010 con el objetivo de esclarecer los hechos violentos relacionados con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, particularmente en lo que respecta a la comisión de graves violaciones a derechos humanos.

Fue conformada por personas de reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas, la religiosa ecuatoriana Elsie Monge, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Mirna Perla, magistrada de El Salvador, la escritora hondureña Helen Umaña y el sacerdote diocesano Fausto Milla.

Después de muchos meses de trabajo de investigación, la semana pasada la Comisión de Verdad presentó su informe titulado “La voz más autorizada es la de las Víctimas”, en el que confirma la gravedad y sistematicidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, las cuales siguen cometiéndose durante el gobierno de Lobo Sosa sin que hasta el momento ni siquiera se manifiesta algún nivel de voluntad política para detener y perseguir estos crímenes.

Por ello, en el informe se demanda al Estado de Honduras detener las violaciones a derechos humanos, dignificar a las víctimas a través de la garantía del acceso a la justicia y la adopción de medidas efectivas para superar las causas estructurales de la impunidad.

Para la Comisión de Verdad, Honduras no podrá salir del abismo de violencia e impunidad en que se encuentra si no se inicie un proceso transparente de reparación integral de las víctimas y la sociedad que incluya medidas y acciones sobre el esclarecimiento histórico en el que el Estado investigue seriamente los hechos que generaron las graves violaciones a derechos humanos y sancione a los responsables intelectuales y materiales.

Este informe junto con el informe de la oficialista Comisión de la Verdad y la Reconciliación, coinciden en que sólo sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas se podrá contribuir a la democratización del poder estatal, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas.

Por ello, este informe debe asumirse como complementario al ya presentado por la comisión oficial, y ambos documentos han de constituir las bases de la memoria histórica para que la sociedad en su conjunto purifique al Estado y sus instituciones de los violadores a derechos humanos y emprendamos el camino de la verdadera reconciliación nacional que todavía sigue siendo una utopía.