No fue golpe, fue sucesión judicial

Si la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional se manejara desde los mismos intereses, hipocresías y aberraciones jurídicas con los que se trató el golpe de Estado de 2009, se estaría hablando de una sucesión judicial y no de un nuevo golpe a otro poder del Estado.

El título de “Nuestra Palabra” sería la consigna que repetiría la clase política-empresarial y sus analistas y periodistas tarifados, y tendríamos que soportar cientos de horas de radio y televisión, así como artículos, reportajes y páginas enteras de los periódicos exaltando que con la sucesión judicial los diputados nos salvaron de 4 magistrados endemoniados y defensores del crimen organizado.

No obstante, los mismos que promovieron y defendieron el golpe de Estado de 2009, ahora condenan este nuevo atentado contra uno de los principios rectores de todo Estado de derecho: La separación de poderes y la independencia judicial.

Desde Radio Progreso y el ERIC también condenamos esta nueva crisis así como lo hicimos con respecto a la del 2009, pero al mismo tiempo denunciamos que la misma sólo refleja que el rompimiento constitucional de hace 3 años nos dejó una institucionalidad colapsada y totalmente fallida, por lo que ya no es posible ni ético defenderla sino que es necesario exigir una nueva institucionalidad.

Resulta categórico que ni siquiera los 4 magistrados destituidos confían en la vieja institucionalidad pues en vez de dirigirse al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al Ministerio Público o a la propia Corte Suprema de Justicia, decidieron acudir al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para denunciar las violaciones a sus derechos.

Pero al mismo tiempo resulta extremadamente cínico que los magistrados denuncien que se les ha violado el derecho a la defensa y a la protección judicial, cuando en el marco del golpe de Estado ellos mismos no tuvieron reparo en abandonar su papel de garantes de la legalidad al tolerar por acción u omisión las graves violaciones de derechos humanos a manos de militares y policías, y se convirtieron en corresponsables de los crímenes del gobierno de facto.

De los 81 recursos de amparo presentados durante el golpe de Estado, la Sala de lo Constitucional sólo resolvió con celeridad y diligencia 2, los presentados a favor del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, mientras que los 79 restantes presentados por distintos ciudadanos y organizaciones, se enfrentaron a múltiples dificultades y dilaciones impuestas por los mismos magistrados que se pusieron al servicio de los victimarios.

Esta nueva crisis nos brinda la oportunidad para exigir la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en lo referente a que se someta a un escrutinio independiente las actuaciones de todas las instituciones del sector justicia frente a las violaciones de derechos humanos durante el golpe de 2009.