El
pasado jueves 07 de febrero se celebró durante todo el día la audiencia sobre
el caso del asesinato del ambientalista Carlos Luna López que puso nuevamente
al Estado de Honduras ante la justicia internacional.
En
dicha audiencia, la Corte Interamericana recibió la declaración de César Luna,
hijo de la víctima, del abogado Omar Menjívar quien fue fiscal ad hoc del caso en Honduras y testigo
ante el tribunal interamericano, y del perito experto Juan Mejía, todos
propuestos por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el ERIC.
Por parte del Estado, la Corte recibió la declaración del abogado Adrián
Rosales, quien fue el primer fiscal que conoció del asesinato Luna y cuya
gestión inicial permitió sentar las bases de la impunidad.
La
audiencia fue pública y además se trasmitió en vivo desde la página electrónica
de la Corte Interamericana y para quienes tuvieron la ocasión de presenciarla, pudieron
observar que los representantes de la familia Luna lograron demostrar el
incumplimiento del Estado de prevenir el asesinato de Carlos Luna, como
parte de su obligación de garantizar el derecho a la vida.
También demostraron las graves deficiencias
ocurridas en las primeras etapas de la investigación de su muerte, así como a
las acciones y omisiones estatales que impidieron la captura, procesamiento y
sanción de todos los responsables intelectuales y materiales de la misma. Y
finalmente, también lograron mostrar a la Corte Interamericana el sufrimiento
causado a los familiares y la necesidad de ordenar al Estado una serie de
reparaciones que son indispensables para que hechos como los del presente caso
no vuelvan a repetirse.
El
Estado, representado “casualmente” por un bufete privado del cual es socia la esposa del
Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, hizo gala, una vez más como ya es
costumbre que ocurra en las audiencias de la Comisión y Corte Interamericanas,
de su falta de formación en derecho internacional, información y sobre todo,
falta de ética y compromiso con la verdad y la justicia, dado que intentaron
infructuosamente defender lo indefendible y ante la solidez de los argumentos
de los representantes de la familia Luna, terminaron cayendo hasta en el
absurdo de culpar a Carlos Luna de su propio asesinato.
A lo
largo de Este año el tribunal interamericano dictará sentencia y esperamos que
la misma constituya un mensaje
claro y contundente respecto de las obligaciones internacionales del Estado de
Honduras para prevenir la violencia contra defensores de derechos humanos en
general y de ambientalistas en particular, pues sólo así será posible evitar
seguir siendo testigos de la muerte de personas que como Carlos Luna sacrifican
su vida por una Honduras más justa.
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