Honduras es un país muy joven. De
acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, poco más de 2,6 millones de
personas, es decir, el 34% de la población tiene entre 5 y 17 años; cerca de 2
millones son niños y niñas de entre 5 y 14 años, y poco más de 600 mil son
adolescentes de entre 15 y 17 años.
A su vez, más de 3 de sus casi 8
millones de habitantes tienen una edad entre los 18 y 30 años, es decir, casi
un 40% de la población total. Todas estas cifras confirman que nuestro país es
privilegiado al contar con un importante recurso humano joven que, si el Estado
y la sociedad le garantizaran los espacios y condiciones dignas para
desarrollar sus potencialidades, estaríamos encaminados por la ruta del
desarrollo integral y el progreso.
No obstante, este sector de la
población vive en un país caracterizado por la pobreza, la desigualdad, la
migración como única alternativa de sobrevivencia, la violencia, la
vulnerabilidad social, ambiental, económica y cultural. En términos de
violencia, nuestra niñez y juventud se desarrolla en un contexto en el que 20
personas son asesinadas diariamente, es decir, un homicidio cada hora con 20
minutos y 598 cada mes.
De acuerdo con el Observatorio de
la Violencia, entre enero y diciembre de 2012 se cometieron 7,172 homicidios,
de los cuales el 80,9% que equivale a 5,801 personas, corresponde a una
población entre 15 y 44 años; a esto se
suman 940 niños, niñas y jóvenes entre 0 y 14 años que murieron de forma
violenta. Y más grave aún, el 54% de estas muertes ocurrió contra estudiantes o
trabajadores.
Sin duda alguna, tal como lo
señala Migdonia Ayestar, coordinadora del Observatorio de la Violencia, “la
muerte violenta de jóvenes ha ido aumentando año con año y ser joven en
Honduras es un factor de riesgo”. Pero además de esta muerte fulminante, en
materia de otros derechos fundamentales como educación, salud y empleo digno el
panorama no es nada alentador para la juventud.
Así, observamos que un alto
porcentaje de esta población vive en condiciones de vulnerabilidad, marginación
y estigmatización social, generadas sobre todo por la falta de acceso a la
educación y al empleo digno, lo cual provoca que tengan una participación
ciudadana deficitaria con su consecuente impacto negativo en la calidad de la
democracia.
Y el Estado, constituido para
garantizar el bienestar económico, social, cultural y ambiental de todos los
hondureños y hondureñas, continúa siendo un simple botín a dilapidar por parte
de la clase política corrupta que hace y deshace a su antojo frente a una
sociedad casi paralizada por el miedo al hambre y a la violencia. Es tiempo de
gritar al unísono ¡Basta!
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