La próxima
semana, la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Primera Vicepresidenta
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracey Robbinson, realizará
una visita de trabajo al país.
El objetivo
de su presencia es conocer de primera mano sobre la situación de derechos
humanos en Honduras, para lo cual sostendrá reuniones con autoridades estatales
y con organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos.
Uno de los
asuntos que tratará la comisionada Robbinson es la implementación de las
medidas cautelares por parte del Estado para proteger la vida e integridad de
cientos de personas que se encuentran en riesgo debido a su trabajo de defensa
de los derechos humanos, entre ellos, compañeros y compañeras de Radio Progreso
y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación.
El número de personas con medidas de
protección asciende a 426, 423 con medidas otorgadas por la Comisión
Interamericana y 3 con medidas otorgadas por la Corte Interamericana. El común
denominador de los beneficiarios de estas medidas es que pertenecen a un amplio colectivo de ciudadanos y
ciudadanas que se opuso al golpe de Estado de 2009.
Además, las situaciones que
generaron la adopción de las medidas van desde amenazas, amenazas seguidas de
daño tanto a la propiedad como a la integridad física, lesiones con
características de tortura, amenazas acompañadas de persecución y/o seguimiento
o vigilancia, seguida de ametrallamiento, ya sea a vehículos o viviendas,
detenciones ilegales, desaparición forzada temporal, y reclutamiento militar
forzoso.
Un 74% de los responsables de estos
hechos han sido identificados como agentes del Estado y el restante 26% como
desconocidos. En la mayoría de los casos, los miembros de las Fuerzas Armadas y
de la Policía Nacional son señalados como supuestos responsables. Para agravar
la situación, de los 426 casos, apenas 13 están siendo atendidas por el sistema
de justicia, mientras que los restantes 413 casos continúan a la espera de
alguna actuación estatal.
Ante esta situación, la visita de la
Comisionada Robbinson es una gran oportunidad para que la Comisión
Interamericana conozca directamente que la situación de los derechos humanos en
Honduras, a casi 4 años del golpe de Estado, lejos de mejorar, continúa
agravándose gracias al estado general de impunidad.
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