El 18 de noviembre
de 2010, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (OTP) anunció
que iniciaba un examen preliminar sobre la situación en Honduras para analizar
si las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de
Estado, constituían crímenes de lesa humanidad.
A pesar de la trascendencia de este anuncio, los potenciales
investigados y los sectores afines al golpismo le restaron importancia, intentando
ocultar a la opinión pública las implicaciones políticas y jurídicas que
conlleva el examen preliminar.
Y el movimiento de derechos humanos, con excepción de ciertas acciones
puntuales e individuales de algunas organizaciones, no estableció espacios
nacionales permanentes de reflexión y trabajo coordinado que ayudaran a
concretar una estrategia nacional e internacional para convencer a la OTP de
que en Honduras se cometieron crímenes internacionales.
Tres años después, la OTP hizo un anuncio importante en relación con
Honduras. En primer lugar, concluyó que no hay dudas que se cometieron graves
violaciones a derechos humanos atribuibles a las autoridades de facto
encabezadas por Roberto Micheletti y Romeo Vásquez Velásquez.
En segundo lugar, manifestó que por el momento no hay base razonable
para considerar que tales violaciones constituyen crímenes internacionales; y
en tercer lugar, señaló que continuará analizando las denuncias que ha recibido
para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad después de la
elección presidencial de 2010.
Los medios afines al golpismo junto con la cancillería de la República
han presentado esta nueva información como una victoria estatal, ignorando que
la OTP no investiga al Estado en sí, sino a los altos responsables civiles,
militares y policiales del gobierno de facto.
También han mentido diciendo que esta es una sentencia que limpia la
imagen de Honduras, sin tomar en cuenta que esta resolución es apenas el
comienzo de una investigación que se mantiene abierta y que representa una
nueva oportunidad para convencer a la OTP que en Honduras sí se cometieron
crímenes de lesa humanidad.
De cualquier manera, si el movimiento de derechos humanos hondureño
persiste en su incapacidad para promover acuerdos mínimos para impulsar un
trabajo coordinado alrededor del examen preliminar de la OTP, es posible que
dentro de poco observemos con impotencia el cierre definitivo de dicho examen y
escuchemos el canto triunfal de los altos responsables del gobierno de facto y
otros actores, que en este momento siguen siendo investigados por la OTP como
presuntos criminales internacionales.
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