“Caminando hacia un mundo justo y hospitalario”

18 de diciembre  de 2013

Con motivo de la Conmemoración del día del Migrante, la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe invita a las sociedades latinoamericanas, sus individuos, instituciones y Estados a desarrollar la virtud de la hospitalidad y la justicia con los migrantes.

La migración contemporánea es un fenómeno inevitable que exige ser integrado como parte de una realidad compleja y dinámica que involucra a migrantes y ciudadanos locales; de allí que la hospitalidad es una virtud que permite lograr una mejor convivencia entre nuestros pueblos. Muchos migrantes sobreviven gracias a prácticas hospitalarias de familias e individuos en los lugares donde estos pasany llegan, estos gestos deberían trascender a una hospitalidad comunitaria y activa que se evidencie en la esfera pública.

Este es el clamor sentido de cerca de 26 millones de latinoamericanos y caribeños que son migrantes internacionales.  Como consecuencia de la creciente crisis económica, los migrantes viven cada vez más atrapados en una encrucijada donde, por un lado,son impulsados por factores de atracción económica que alientan la migración hacia los países desarrollados; y por otro lado, en esos mismos países, se aplican políticas cada vez más restrictivas, vinculadas a concepciones de seguridad nacional que los termina criminalizando.

Si echamos la mirada al flujo centroamericano y mexicano hacia el “norte”, actualmente se estima que de los doce millones de indocumentados en Estados Unidos, el 55% son mexicanos-as. Por su parte, cerca del 12% de las y los centroamericanos-as han emigrado fuera de las fronteras de su país de nacimiento, la mayoría de manera indocumentada, siendo esta la región que más personas expulsa hacia Estados Unidos.  En este flujo migratorio cada vez se mezclan más factores de riesgo,  como la violencia que persigue a las personas migrantes desde el origen, siendo causa de su salida, y durante  todo el  tránsito por México,  al ser esta una de las rutas más peligrosas del mundo, con los dramáticos casos de las masacres de migrantes y los más de 20,000 secuestros en 6 años.

A nivel regional Colombia sigue siendo el principal generador de desplazamiento forzado y expulsión de personas hacia otros países, alrededor de cinco millones de personas han sido internamente desplazadas. Si bien el desplazamiento interno colombiano ha disminuido en números absolutos, los flujos de personas colombianas hacia los países vecinos se mantienen e inclusive en algunas regiones fronterizas han aumentado, lo que da un saldo de más de cuatrocientas mil personas con necesidad de protección en países como Venezuela, Panamá y Ecuador.

Aunque las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC han levantado expectativas muy positivas sobre el fin del conflicto armado; en Colombia persisten acciones armadas debido a variables como los intereses en las tierras y territorios, los poderes locales-regionales y el ímpetu guerrerista de algunos sectores extremos de la sociedad. El conflicto se nutre también de factores tales como el negocio del narcotráfico, las tensiones políticas continentales entre las potencias tradicionales y otras emergentes, y definitivamente las nuevas perspectivas del comercio internacional donde el control de los territorios dentro de Colombia y sobre todo en las regiones fronterizas determinará ventajas para ciertos sectores legales e ilegales.

En otros países de América Latina, el fenómeno de la migración crece y se expande mezclándose con nuevas realidades, donde se rompen las fronteras geográficas y nos enfrentamos a una compleja situación en la que interactúan historias, nacionalidades y culturas.Por ejemplo, en la región sur existen tres grandes países expulsores de migrantes: Bolivia, Paraguay y Perú. Gran parte de los flujos se producen dentro de la región ya que de estos países expulsores migran de forma masiva a Brasil, Argentina y Chile. En los últimos años, Perú se ha convertido en el corredor de nuevos movimientos migratorios desde países del norte hacia el Sur. Así existe un fuerte flujo de colombianos hacia Chile y de haitianos que entran en Perú con diversos rumbos, pero principalmente tratando de pasar a Brasil. De los países receptores, solo en Chile hay leyes migratorias restrictivas, es el único país en cuyas fronteras hay incidencia permanente de tráfico de personas.

Por otra parte, Haití continúa siendo el país de mayor expulsión de migrantes en el Caribe; luego de la agudización de la crisis humanitaria causada por el terremoto del 2010, se sigue manteniendo el desafío de superar los niveles de pobreza y fragilidad institucional que impide un goce efectivo de derechos a gran parte de la población haitiana; como consecuencia de estas vulnerabilidades los destinos de la migración haitiana se han diversificado hacía países como Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otros.

República Dominicana ha sido tradicionalmente el país de mayor acogida de migrantes haitianos-as, de hecho este grupo se constituye en una importante fuerza de trabajo que ha aportado al desarrollo de la economía dominicana. Sin embargo, hoy es alarmante e incierto el destino que tendrán más de 4 generaciones de ciudadanos-as dominicanos-as, para quienes se ha ordenado una desnacionalización retroactiva por ser hijos- as de migrantesen situación irregular. La sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional de Republica Dominicana deja al descubierto la necesidad de reorientar la reflexión sobre el pacto social entre el Estado y sus ciudadanos, pero sobre todo la necesidad de sincerar las políticas para la protección de derechos de los migrantes y sus garantías.

América Latina, continente de gran riqueza y diversidad, tiene en común los fuertes movimientos migratorios que hemos reflejado en el breve recorrido de este documento. La situación descrita constituye un desafío respecto a la promoción de políticas públicas contra la violación de los derechos civiles, económicos y culturales de los migrantes. Así mismo  refleja la imperante necesidad de promover valores que ayuden a la sociedad, en el paso de ser receptora a ser una sociedad de acogida. Este tránsito para convertirse en sociedades de acogida  implica la cultura de la hospitalidad en la cual se destierre cualquier tipo de discriminación y se garantiza el buen trato a las personas que vienen de fuera.

Reiteramos el llamado que la Red Jesuita con Migrantes hace a los Estados y las sociedades latinoamericanas y caribeñas para, por un lado, valoren el aporte de las personas migrantes a las sociedades que los acogen y, por otro,  a luchar por una región más justa y hospitalaria donde todos tengan su lugar.

Información de contacto:

P. Rafael Moreno Villa sj

Director general de la RJM-LAC

Correo electrónico: rjmlac.direccion@gmail.com

Sra. Yolanda González Cerdeira

Coordinadora de la subregión Centroamérica y Norteamérica (CANA): Belice, Guatemala, El

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos de América, Canadá.

Correo electrónico: ygcerdeira@radioprogreso.net

P. Mario Serrano Marte sj

Coordinador de la Subregión Caribe: República Dominicana, Haití, Jamaica, Canadá Francés,

Venezuela, Estados Unidos de América (Miami, Florida).

Correo electrónico: dirsocialrd@antsj.org

Sra. Merlys Mosquera Chamat

Directora regional del SJR y Coordinadora de la subregión Colombia y países fronterizos:

Ecuador, Panamá, Venezuela.

Correo electrónico: direccion.regional@sjrlac.org

P. Emilio Martínez Díaz sj

Coordinador de la subregión Cono Sur: Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil.

Correo electrónico: sj.emilio@gmail.com

Periodista y defensora de derechos humanos denuncia amenazas a muerte

Alerta 00080-2013 16 de diciembre del 2013 Tegucigalpa, Honduras, (C-Libre).  La  periodista Yanina Romero del Centro de Derechos de la Mujer  (CDM) de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, denunció a C-Libre ser víctima de amenazas vía mensajes de texto a su celular, enviados a través de la plataforma Web de la compañía TIGO-Honduras. La o el agresor que se autodenomina "antifem", envío mensajes alusivos al trabajo de promoción y defensa de los derechos de la mujer que realiza la periodista Romero desde el CDM. En uno de los mensajes se lee: "Por dentro eres frágil y vulnerable... tu sobervia no detendrá las fuertes tormentas ke te esperan". Según Romero los mensajes fueron enviados el día jueves 12 de diciembre, justamente después de haber realizado el programa radial institucional del CDM que se transmite de 6 a 7 de la noche a través de Radio El Mundo. "Yo me di cuenta de los mensajes a eso de las 10 de la noche cuando mi hija reviso mi teléfono celular y me dijo que tenía estos mensajes sin leer y que los había recibido desde las 8:49 de la noche", relató Romero. La periodista también confesó que ese mismo día había participado en el programa televisivo de su colega Alfredo Bográn, en donde se abordó la problemática de inseguridad y vulnerabilidad del ejercicio del periodismo. Romero solicita a Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público que actué de oficio e investigue la ubicación del servidor desde donde se enviaron los mensajes e identificar al responsable.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Una pesadilla que no termina

En las últimas semanas, han salido a la luz pública sendas denuncias contras las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras que nos confirman el retroceso democrático que implicó el golpe de Estado y el alarmante nivel de control que ejercer los militares en la vida pública del país.

El 25 de noviembre, una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), encabezada por su secretario general Luis Guillermo Pérez y por el juez español Baltazar Garzón, denunciaron la existencia de una lista de 36 personas consideradas opositoras, a quienes se les ha dado seguimiento por parte de la Dirección de Inteligencia Militar.

Por su parte, esta semana el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ratificó dicha denuncia y publicó la lista que contiene los nombres de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas, líderes gremiales y comunitarios, y dirigentes políticos de la oposición, cuyo perfil supuestamente ha sido elaborado por la inteligencia militar con el objetivo de atentar contra sus vidas.

Ya en agosto de este año, Jhony Lagos, periodista de El Libertador, había denunciado que el personal y el edificio donde funciona el periódico son objeto de vigilancia encubierta por parte de un sospechoso vinculado a las Fuerzas Armadas.

Y si a ello se suma la creación de la Dirección Nacional de Investigación y Defensa, bajo el mando del general Julián Pacheco Tinoco, la cual es una estructura que interviene las comunicaciones, da seguimiento y utiliza información de cualquier ciudadano sin que existan verdaderos y efectivos controles judiciales, resultan extremadamente preocupantes las denuncias señaladas.

Sin duda alguna, la herencia del golpe de Estado se está manifestando cada vez con mayor fuerza y el retorno de los militares a la vida política condicionando y decidiendo las cuestiones públicas del país, nos regresan a las terribles pesadillas vividas en los años 80’s.

Defensores de derechos humanos y políticos opositores investigados supuestamente por inteligencia militar

Alerta 00077-2013 09  de diciembre del 2013 Tegucigalpa, Honduras, (C-Libre). En poder del  Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se encuentra un listado que contiene los nombres de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y líderes políticos de la oposición, de los que se asegura inteligencia militar habría elaborado perfiles con la finalidad de atentar contra sus vidas. Así lo reveló, días antes de que se celebraran las elecciones generales en Honduras, una fuente que entregó el listado a representantes de C-Libre, con la finalidad de advertir a las personas enlistadas que sus vidas corren riesgo.   Posteriormente el 25 de noviembre, el día siguiente del proceso electoral una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), encabezada por el juez español, Baltazar Garzón y el secretario general de FIDH, Luis Guillermo Pérez, hicieron pública la existencia del listado en el que se encuentran 36 personas, entre los que se encuentran representantes del movimiento social hondureño, líderes gremiales y comunitarios, dirigentes de la oposición y periodistas. El mismo, identifica a los periodistas: David Romero Ellner, director de Radio Globo, Lidieth Díaz, periodista de Canal 36 Cholusat Sur, Félix Antonio Molina, director del programa "Resistencia" y Héctor Longino Becerra, director ejecutivo de C-Libre. Ante tal información, C-Libre  hace un llamado al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía Especial de Derechos de  Derechos Humanos,  a las Fuerzas Armadas de Honduras, particularmente a la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, a fin de esclarecer esta situación y responsabiliza al Estado de Honduras por cualquier atentado en contra de las personas listadas. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad internacional para que denuncien  este tipo de acciones y que soliciten a las autoridades hondureñas una explicación referente a esta información, puesto que las personan que aparecen en los listados debido a su trabajo pacifista en beneficio de los demás, son considerados defensores y defensoras de los derechos humanos.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Una nueva manipulación mediática en materia de justicia e impunidad

El 18 de noviembre de 2010, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (OTP) anunció que iniciaba un examen preliminar sobre la situación en Honduras para analizar si las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado, constituían crímenes de lesa humanidad.

A pesar de la trascendencia de este anuncio, los potenciales investigados y los sectores afines al golpismo le restaron importancia, intentando ocultar a la opinión pública las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva el examen preliminar.

Y el movimiento de derechos humanos, con excepción de ciertas acciones puntuales e individuales de algunas organizaciones, no estableció espacios nacionales permanentes de reflexión y trabajo coordinado que ayudaran a concretar una estrategia nacional e internacional para convencer a la OTP de que en Honduras se cometieron crímenes internacionales.

Tres años después, la OTP hizo un anuncio importante en relación con Honduras. En primer lugar, concluyó que no hay dudas que se cometieron graves violaciones a derechos humanos atribuibles a las autoridades de facto encabezadas por Roberto Micheletti y Romeo Vásquez Velásquez.

En segundo lugar, manifestó que por el momento no hay base razonable para considerar que tales violaciones constituyen crímenes internacionales; y en tercer lugar, señaló que continuará analizando las denuncias que ha recibido para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad después de la elección presidencial de 2010.

Los medios afines al golpismo junto con la cancillería de la República han presentado esta nueva información como una victoria estatal, ignorando que la OTP no investiga al Estado en sí, sino a los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto.

También han mentido diciendo que esta es una sentencia que limpia la imagen de Honduras, sin tomar en cuenta que esta resolución es apenas el comienzo de una investigación que se mantiene abierta y que representa una nueva oportunidad para convencer a la OTP que en Honduras sí se cometieron crímenes de lesa humanidad.

De cualquier manera, si el movimiento de derechos humanos hondureño persiste en su incapacidad para promover acuerdos mínimos para impulsar un trabajo coordinado alrededor del examen preliminar de la OTP, es posible que dentro de poco observemos con impotencia el cierre definitivo de dicho examen y escuchemos el canto triunfal de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores, que en este momento siguen siendo investigados por la OTP como presuntos criminales internacionales.

¿No has restringido nuevamente nuestro derecho a la participación en elecciones auténticas?

Participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que sólo un gobierno derivado de la legítima voluntad popular puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos serán observados y protegidos.

En este sentido, la realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, que implica la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo implica que no existan interferencias que distorsionen la voluntad popular.

Para determinar la autenticidad de un proceso electoral es necesario analizar las condiciones generales y específicas en que dicho proceso se desarrolla. Las primeras implican la ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno u varios sectores, ausencia de ambiente de temor e inseguridad, ya sea por el uso de la violencia o la proscripción; las segundas, la ausencia de obstáculos para la emisión del voto.

Con base a lo anterior, las elecciones del 24 de noviembre tienen una serie de irregularidades que ponen en duda si se cumplieron las condiciones generales y específicas mencionadas, ya que, entre otras cosas, hubo un manejo inadecuado de las listas de votantes en las cuales se incluyó personas fallecidas y se excluyó a otras vivas, hubo compra de votos y de credenciales, hubo falta de representación de todos los partidos en las mesas y hubo un despliegue injustificado del ejército y de la Policía Militar como elemento coaccionador.

Es necesario que el Tribunal Supremo Electoral, la comunidad internacional y los demás actores políticos involucrados reflexionen sobre la urgente necesidad de disipar las dudas de fraude que sobrevuelan estas elecciones pues de lo contrario, seguiremos alimentando la ilegitimidad que jamás permitirá hacer de Honduras un verdadero Estado democrático de derecho.

Una nueva condena internacional contra el Estado de Honduras

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó nuevamente al Estado de Honduras por no adoptar medidas efectivas para proteger a los defensores del ambiente. La primera sentencia data de abril de 2009 cuando el Estado fue condenado por el asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández.

En esta ocasión, el tribunal regional declaró la responsabilidad internacional del Estado por no haber cumplido con su deber de prevenir la vulneración de los derechos del ambientalista Carlos Antonio Luna López, así como por haber violentado la integridad personal de sus familiares.

Para la Corte Interamericana, el Estado debió maximizar esfuerzos y utilizar todos los recursos disponibles y pertinentes para preservar la vida de Carlos Luna, quien ya había denunciado amenazas a muerte en su contra.

Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un aumento considerable de violaciones a derechos humanos de defensores ambientalistas quienes se oponen a la entrega de los bienes naturales a grandes empresas, la sentencia en el caso Luna es una herramienta fundamental para minimizar los riesgos, ya que el tribunal ordenó la adopción de una política pública integral para su efectiva protección.

Después de esta resolución, queda el desafío de que dicha política pública sea implementada en el menor plazo posible hasta lograr que se proteja efectivamente a los defensores y las defensoras de derechos humanos en general y a los del ambiente en particular.

Malas noticias para la lucha contra la impunidad en Honduras.

La Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (OTP), en relación con el examen preliminar sobre Honduras, concluyó:

1. No hay dudas que se cometieron graves violaciones a derechos humanos durante el golpe de Estado atribuibles a las autoridades de facto.

2. No hay base razonable para considerar que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.

3. La OTP continuará analizando denuncias recientes para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad después de la elección presidencial de 2010.

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/OTP%20Preliminary%20Examinations/OTP%20-%20Report%20%20Preliminary%20Examination%20Activities%202013.PDF

Informe Final de la Misión internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La presente misión, conformada por 11 personalidades y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, tenía como propósito la reducción de las violaciones a derechos humanos, la persecución política, la impunidad y la prevención de una afectación mayor a los derechos políticos. Después de varios días de trabajo y observación en la ciudad de Tegucigalpa: 1. La misión saluda la amplia participación del pueblo hondureño en las elecciones generales del día domingo 24 de noviembre de 2013. 2. La misión reitera su preocupación profunda frente a los ataques y amenazas contra los defensores y defensoras de derechos humanos mencionadas en su comunicado del 23 de noviembre de 2013, incluyendo los y las que defienden las mujeres, los territorios indígenas y garífunas, los recursos naturales, la comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual y intersexual y los periodistas. La misión tuvo acceso a dos listas donde importantes líderes sociales, sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes del partido Libertad y Refundación serían asesinados. 3. La misión expresa preocupación por los fiscales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y anticorrupción que recientemente fueron trasladados de manera aparentemente arbitraria y su impacto sobre la superación del importante nivel de impunidad que atraviesa el país. 4. La misión ha podido constatar con preocupación después de haber inspeccionado más de 100 mesas electorales, y haber hablado con autoridades y muchos sectores de la sociedad civil, una serie de irregularidades que han sido identificadas a través de múltiples denuncias de diversos sectores de la sociedad civil hondureña: - A muchos ciudadanos se les privó de sus derechos políticos, en particular del derecho al sufragio declarándolos muertos, incluso varios que habían participado el año anterior en las primarias de un mismo partido. Respecto a aquellos que tuvieron la oportunidad de presentarse al Tribunal supremo electoral (TSE) durante la jornada electoral para demostrar que estaban vivos, la misión pudo constatar que no se les reintegró su condición ciudadana para que pudieran votar. En otros casos, se les negó el derecho al sufragio con el traslado a mesas electorales muy distantes de los sitios donde regularmente han votado impidiéndoles efectivamente a votar. - Igualmente se ha podido observar la entrega por voceros del Partido Nacional de tarjetas personalizadas de descuento en comercios y servicios (telefonía celular, servicios médicos, farmacia, restaurantes, etc.) para aquellos electores que entreguen sus datos personales y de contacto al citado partido. A tal efecto, tal como ha quedado evidenciado por sendos vídeos, fotos y testimonios, se instalaron carpas y puestos de distribución en lugares próximos a los centros electorales (escuela Mixta Cerro Grande, Escuela José María Casco y otras...) en donde sin solución de continuidad se facilitaban las tarjetas, incluso con reclamos de "aquí hay ofertas, aquí hay ofertas" y otros objetos.  Por su diseño y desarrollo, esta iniciativa habría podido influir en los resultados electorales, por lo que debería ser objeto de investigación de alcance penal, así como las relaciones y conexiones del o de los promotores con las empresas financiadoras de esa iniciativa y el origen de los fondos empleados para su emisión. 5. La misión considera que ha existido una falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas y en el origen de los fondos de las mismas. 6. La misión reitera su preocupación con respecto a la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de las elecciones. Reconocemos que la Constitución y ley hondureñas conceden a las Fuerzas Armadas un papel importante en el proceso electoral. Sin embargo, la presencia de las Fuerzas Armadas en frente de los centros de votación puede generar un clima intimidante y su rol de custodio de las urnas causa preocupaciones, sobre todo por su actuación en el golpe de Estado de 2009. 7. Igualmente la misión reitera su preocupación sobre el uso de las FFAA en tareas propias de la policía lo cual puede contribuir a violaciones de derechos humanos.  8. La misión ha sido informada que en el curso de los últimos días se asesinaron cuatro personas vinculadas al Partido Libertad y Refundación, lo que se suma a los 39 asesinatos desde mayo del año anterior, la mayoría del mismo partido. 9. La misión entiende que no puede considerarse la existencia de un ganador hasta que se haya computado el 100% del voto y nota que hasta el momento el resultado de las elecciones que no ha sido reconocido por varios partidos, incluido el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anti Corrupción.     RECOMENDACIONES: 1. La misión reclama a las autoridades que garanticen plenamente los derechos humanos, prevengan cualquier acto de violencia y protejan los derechos humanos de toda la población, en particular garantizando el derecho a la vida, la integridad física y sicológica de las personas vulnerables que han sido amenazadas o contra las que existen planes para atentar contra las mismas; así como a garantizar la libertad de información, de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales. La misión hace un llamamiento a las autoridades para que eviten eventuales medidas represivas de manifestaciones pacíficas.  2. La misión solicita al Fiscal General de la Nación que restablezca en sus cargos a los fiscales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y anticorrupción que recientemente fueron trasladados de manera aparentemente arbitraria. Asimismo se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia, autonomía e idoneidad de todos los fiscales y habilitar los recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones en la superación de la impunidad. 3. La misión, en el marco de su comunicado del 23 de noviembre y luego de celebradas las elecciones reclama a las autoridades correspondientes que investiguen y sancionen de manera efectiva los hechos denunciados por la sociedad civil, sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del proceso electoral. 4. La misión, de acuerdo con el artículo 212.16 de la Ley Electoral que establece como delito la compra o venta de votos, entiende que la mera existencia de indicios sobre la realización de las acciones arriba señaladas obligaría a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, que se reclama. 5. La misión solicita a las autoridades judiciales competentes para tramitar las reclamaciones y recursos electorales que se planteen para que lo hagan de forma rápida, efectiva y con todas las garantías que acrediten la imparcialidad y transparencia del proceso.  6. Frente a las Fuerzas Armadas, la misión reitera que no deben ser involucradas en tareas propias de la Policía Nacional, y que deben reformarse la Constitución y la ley hondureña para eliminar las facultades que se le confieren en el marco electoral. 7. La misión recomienda la instalación de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos con facultades de asesoría y monitoreo sobre el respeto integral de los derechos humanos en Honduras. Así mismo, solicita los relatores especiales pertinentes y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y Desaparición Forzada de Personas a visitar Honduras lo más antes posible. 8. La misión solicita a la Unión Europea y otros actores de la comunidad internacional unir esfuerzos con las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales en Honduras para garantizar la protección y defensa de los mismos y su participación en las decisiones y procesos que afectan a su seguridad personal y jurídica, y que exijan la misma prioridad de parte de las autoridades hondureñas. 9. La misión reitera la invitación a la Fiscal de la Corte penal internacional a visitar Honduras en el marco de su examen preliminar en tanto que su presencia puede contribuir a prevenir hechos de la misma naturaleza que están bajo examen.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).   C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Policía antimotines reprimen a estudiantes y periodistas

Alerta 00075-2013 26 de Noviembre del 2013    Tegucigalpa, Honduras: (C-Libre).- En medio de gases lacrimógenos la periodista Bessy Marín de Radio Globo, transmitió, el angustioso relato del desalojo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que protestaban en contra del "fraude electoral oficialista del Tribunal Supremo Electoral". Según el reporte de la periodista a eso de las 2:20 de la tarde del martes 26 de noviembre, contingentes de Policías y Militares, reprimieron a estudiantes que permanecían en un plantón pacifico en protesta a los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 24 de noviembre que dan como ganador al oficialista Juan Orlando Hernández. Marín narró que: "los estudiantes junto a diversos medios de comunicación que daban cobertura a la actividad sufrieron los efectos de las bombas de gas lacrimógeno lanzadas por los agentes encargados de brindar protección y seguridad a la ciudadanía. Por otra parte el periodista Ronnie Huete, se comunicó con el equipo de Alertas del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), para denunciar  la detención de al menos nueve estudiantes universitarios, a quienes subieron en patrullas con rumbo desconocido. "Hay para-militares, contingentes de antimotines y encapuchados que están literalmente cazando estudiantes y para ello han utilizado de forma exagerada gas lacrimógeno y han lanzado agua con pimienta para reducir a la impotencia a los estudiantes", relató Huete. El periodista agregó que los uniformados también hicieron uso de la fuerza extrema en contra de estudiantes, "toletearon hasta el cansancio a jóvenes, uno de ellos, el estudiante de pedagogía, Darcy Manuel Mejía resultó con una quebradura de pierna producto de una paliza de  un anti motín, al joven se  lo llevaron como pudieron al Hospital Escuela". Imágenes difundidas a atreves de medios de comunicación digital, revelan agresiones a periodistas, reporteros y camarógrafos, por parte de los uniformados, entre los que resalta el ataque al foto-reportero Mario Fajardo de Diario La Tribuna. Tres horas después de la exposición a los gases lacrimógenos, la periodista Víctoria Aguilar, de Globo TV se desplomó desmayada, en medio de un grupo de estudiantes que se refugian en el interior de la Máxima Casa de Estudios.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Tribunal Supremo Electoral militariza las plantas de transmisión de medios de comunicación.

Tegucigalpa, Honduras, C-libre: Desde horas muy tempranas del día de hoy(domingo 24 de noviembre), diferentes Medios de Comunicación denunciaron queplantas  las de  transmisión de señal ubicada en el cerro Canta Gallo jurisdicción del Departamento de Francisco Morazán, han sido militarizadas. Según el director de Radio Globo, David Romero, los periodistas de dicha casa radial constataron que militares escondidos detrás de los pasamontañas y fuertemente armados escoltan las antenas de: Canal 11, Canal 13 (Hondured), Canal 36 (Cholusat Sur) y Radio Globo y Globo TV. "Esto es un atentado contra la democracia y la libertad de expresión, esta agresión a la libertad de prensa solamente nos remonta a junio del 2009 cuando nos censuraron y le violentaron al pueblo hondureño en general el derecho a informarse, no queremos pensar que esta situación se volverá a repetir por ello le hacemos un llamado público al presidente Lobo Sosa para que actúe diligentemente al respecto", detalló Romero. Por su parte el  General  Osorio Canales  jefe del Estado Mayor conjunto de  las Fuerzas Armadas de Honduras aseguró, durante una comunicación telefónica al periodista Romero que la militarización responde a una disposición del  Tribunal Supremo Electoral  (TSE) para brindarle protección a las plantas de transmisión.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).   C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Detienen misión de observadores internacionales en comunidad indígena Lenca

Alerta 01-2013 20 de Noviembre del 2013 Zacapa, Santa Bárbara (C-Libre).- Una delegación internacional de 20 defensores y defensoras de derechos humanos, que se dirigía  a la comunidad indígena Lenca, Río Blanco, en el departamento de Santa Bárbara, fue retenida esta mañana, por un retén policial cuando se conducía en un autobús a inmediaciones de la comunidad de Santa Ana.    De acuerdo con la dirigente del Consejo Popular de Organizaciones Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, la acción fue cometida por "un grupo de empleados de la Empresa Desarrollos  Energéticos, DESA,, en conjunto con la Policía Nacional". El retén se situó en la aldea de Santa Ana, jurisdicción de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara, sector situado a 10 minutos de la comunidad indígena de La Tejera en Río Blanco. "Lamentamos la obstaculización del libre tránsito y observación que deben hacer estas misiones internacionales, que están observando particularmente los derechos humanos y que se desplazaban a conocer la situación de Río Blanco y del Copinh", indicó Cáceres. El grupo estaba integrado por ciudadanos estadounidenses y canadienses pertenecientes a  las organizaciones SOA-Watch y Ciudades Hermanas , quienes han llegado a Honduras en el marco del proceso de observación de las elecciones. Berta Cáceres denunció además que el hecho ocurrió con la "complacencia del alcalde, Emerio Hernández y de la Policía". El grupo estaba conformado por empleados de la empresa DESA, cuatro miembros de un patronato y de la Policía Nacional. Igualmente lamentó que "no se trata de la primera vez que lo hacen", porque se trata del proceso de represión que ha venido sufriendo el COPINH en los últimos meses y el pueblo Lenca. En las últimas cuatro semanas, la situación en Río Blanco, se ha agudizado con un abierto incremento de la presencia policial y militar en el lugar. La líder Lenca, también explicó que se bloqueó el acceso del "único autobús en el que los hermanos indígenas pueden desplazarse para ir al hospital o hacer sus compras". "Hemos estado llamando al jefe de la Policía en esa zona, pero no responde", comentó. Según se informó, hasta las 5:40 p.m. diez miembros de la misión internacional permanecían en el mismo sector sin poder cruzar el retén, a la espera de un fiscal del Ministerio Público para interponer la formal denuncia, mientras que otros diez se desplazaron a Río Blanco. Finalmente, Copinh también hizo un llamado a la solidaridad y a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales a denunciar y a exigir respeto al derecho  de libre  tránsito, desplazamiento, al derecho que tiene el Pueblo Lenca de mantener relaciones con organismos solidarios y de DD.HH.,  con periodistas internacionales y nacionales y comisiones generales del COPINH.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).   C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Desplazamiento forzado, una realidad preocupante

Debido a las guerras civiles que azotaron Centroamérica durante décadas, el fenómeno del desplazamiento forzado de personas fue una realidad que marcó la región hasta los años 90 cuando se cerraron los últimos campamentos de refugiados.

Durante los últimos años se ha observado un incremento importante en el número de solicitantes de asilo y refugio provenientes sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes buscan protección internacional en Estados Unidos, Canadá, México, España, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se puede observar que existe una relación directa entre el fenómeno del desplazamiento con el aumento de la criminalidad; en Honduras las principales zonas de riesgo y expulsión de víctimas de la violencia son Atlántida, Cortés, Colón, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua, Yoro, Olancho y Choluteca.

En este sentido, tanto el ACNUR como un sector del Estado de Honduras han comprendido la magnitud del problema que puede complicarse en los próximos meses debido a un proceso electoral de riesgo.

Así, el ACNUR ha establecido un representante permanente en el país; ha firmado con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos un convenio de cooperación con el fin de desarrollar proyectos y actividades conjuntas en temas relacionados con la protección de personas desplazadas por causa de la violencia; y el Consejo de Ministros aprobó un decreto que crea la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.

Estos datos demuestran que la violencia en Honduras está cobrando unas dimensiones imprevisibles y que tanto Naciones Unidas como un sector del Estado están observando con gran preocupación por el impacto que ya está teniendo para el futuro inmediato de la democracia.