Terrorismo económico contra los más empobrecidos

En palabras del economista Hugo Noé Pino, el llamado paquetazo navideño aprobado por el gobierno Lobo-Hernández “constituye uno de los ajustes fiscales más inequitativos y groseros que se hayan aprobado desde la década de los noventa”, pues encarecerá el nivel de vida ya de por sí precario de millones de hondureños y hondureñas.

Con este paquetazo se eleva del 12 al 15 por ciento el impuesto sobre ventas, impone más impuestos a las llamadas de celulares, aumenta en 5 lempiras el precio de los combustibles con su consecuente impacto en los precios del transporte público, entre otras cosas, con lo cual se pretende recaudar alrededor de 16 mil millones de lempiras.

Evidentemente, la clase política hondureña sabe que existen otras formas de recaudar ingresos para el Estado y una de ellas tiene que ver con dos factores fundamentales que colocan a Honduras como uno de los países más pobres, violentos y corruptos del mundo.

El primero tiene que ver con la evasión fiscal, particularmente grandes empresas privadas que evaden el pago de impuestos y que si el gobierno tuviera voluntad política para combatir la evasión tributaria podría recuperar al menos 45 mil millones de lempiras, es decir, 29 mil millones más que los recauda con el paquetazo.

El segundo tiene que ver con la corrupción pues de acuerdo con el coordinador de Transformemos Honduras, Carlos Hernández, Honduras pierde anualmente 18 mil millones de lempiras sólo en las cuentas de las secretarías de Estado que manejan mayores presupuestos.

Por tanto, si el gobierno saliente de Pepe Lobo y el entrante de Juan Orlando Hernández tuvieran un compromiso serio con la ciudadanía, lo primero que hubieran hecho es adoptar medidas efectivas para combatir la corrupción y la evasión tributaria. No obstante, prefirieron proteger a los corruptos y evasores, y aplicarle a la población una pesada carga que provocará mayor pobreza y migración forzada.

Inseguridad y ciudadanía de baja intensidad

Frente a la violencia que azota al país, la clase política nos ofreció depuración policial, militares en las calles, mano dura, policía militar e incluso, sin que lo comprendiéramos totalmente, reducir nuestros derechos en nombre de una seguridad ciudadana que llegaría.

No obstante, tanto las estadísticas como la experiencia cotidiana de la gente demuestran que ninguna de esas medidas ha dado resultados. Los militares están en las calles desde el gobierno de Maduro, es decir, desde hace 10 años y los índices de violencia se han duplicado.

La creación de la policía militar representa un retroceso grave con respecto al proceso de desmilitarización de la sociedad que inició a partir de los años 90 y coloca al Estado de Honduras en franca violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que le exige que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados.

La depuración policial y la reforma del sistema de seguridad es un total fracaso puesto que las redes criminales siguen actuando con impunidad, lo cual refleja el poco o nulo  compromiso de las autoridades y la falta de liderazgo de los dirigentes políticos en la definición de una política de seguridad integral que priorice la prevención y el fortalecimiento de las instituciones.

Por todo ello, no es extraño corroborar, como lo señala el Observatorio de la Violencia que ha habido un súbito aumento en el número de asesinatos, temiendo que este año se supere incluso la tasa de 83 homicidios por cada 100 mil habitantes y se consolide una situación de por sí alarmante que ha convertido al país en una enorme cárcel y a los hondureñas y hondureños en titulares de una ciudadanía de baja intensidad.