El asesinato de
nuestro compañero Carlos Mejía el pasado 11 de abril ha generado un aluvión de
exigencias desde el ámbito nacional e internacional para que este crimen no se
sume a las terribles estadísticas de impunidad y se logre identificar y
sancionar a los responsables intelectuales y materiales del mismo.
Las muestras de
indignación contra este asesinato son debido al reconocimiento del compromiso,
integridad, honestidad y solidaridad de Carlos como ser humano, y a que era beneficiario,
en conjunto con otros 18 colaboradores de Radio Progreso, de medidas de
protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso
concreto de Carlos, la CIDH las adoptó el 27 de mayo de 2011 y ordenó al Estado
de Honduras realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger su vida e
integridad personal. Tal y como lo denuncia el Centro por la Justicia y
el derecho Internacional (CEJIL), las autoridades no establecieron medidas de
seguridad efectivas y tampoco investigaron las amenazas denunciadas.
Por todo ello, las
condenas por el asesinato de Carlos Mejía han venido desde la directora general
de la UNESCO, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH,
CEJIL, Amnistía Internacional, varios representantes de la Cámara de
Representantes y funcionarios de Estados Unidos, los relatores especiales de la
ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, y sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos, y el Instituto de Investigaciones y
Políticas Centroamericanas de la Universidad Estatal de California, entre
otros.
Tales exigencias de
justicia son el reflejo de la solidaridad de personas e instituciones que nos
anima a seguir soñando que es posible construir una Honduras y un mundo más
justo, y un pequeño bálsamo al dolor de los familiares, amigos y compañeros de
Carlos, quienes no descansaremos hasta que se esclarezcan las circunstancias de
su asesinato y se castigue a sus victimarios.
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