Derechos y apartheid social en Honduras

La desigualdad económica y social genera un círculo vicioso en el que los más pobres tienen pocas posibilidades de incidir en las decisiones políticas que les afectan, provocando su exclusión política, y por eso, en muchas ocasiones, los gobiernos no toman en cuenta sus intereses que les permita superar la situación de pobreza, manteniendo su exclusión social.

Por ello la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales relacionados con la salud, el empleo, la vivienda, la educación, etc., se constituyen en un medio para reducir las desigualdades, disfrutar de un nivel de vida digno y participar activamente en la vida comunitaria y en las decisiones políticas.

No obstante, estos derechos han sido marginados ya que tanto desde el Estado como desde la propia sociedad civil, se le ha dado mayor importancia a los derechos civiles y políticos, relativos a la libertad, a la seguridad, a elegir y ser electo, a la integridad, entre otros, y por esa razón, los recursos disponibles se han asignado tradicionalmente a la protección de estos derechos.

Nadie discute que los derechos civiles y políticos son fundamentales pero ¿de qué sirve la libertad que promueven si está limitada, y en ocasiones anulada, por el analfabetismo, el hambre, la enfermedad, la discriminación y la pobreza? Aunque estos derechos importan mucho, “las personas se verán restringidas en lo que pueden hacer con esa libertad si son pobres, están enfermas, son analfabetas o discriminadas”.

En Honduras, la gente muy pobre, generalmente paralizada mental y físicamente por la desnutrición en la infancia, la falta de escolarización y preocupada por la supervivencia de su familia, puede incidir poco o nada en las decisiones gubernamentales que afectan a toda la comunidad.

Si no se reducen los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad, no podemos decir que Honduras es un legítimo Estado de derecho pues hasta el momento, no sólo los derechos civiles y políticos están en grave y permanente riesgo, sino también los derechos económicos, sociales y culturales por la pasividad estatal ante el apartheid social en que viven millones de hondureños y hondureñas.