El 6 de septiembre de este año, Juan Pineda, dirigente comunal y
campesino, y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, fue asesinado.
En los 5 meses anteriores a su muerte, su esposa y dos hijos, también habían
sido asesinados.
El 29 de agosto, Margarita Murillo, reconocida lideresa popular y
campesina, fue asesinada por sicarios mientras trabajaba la tierra. Días
después, el 2 de septiembre, su esposo denunciaba que la Dirección Nacional de
Investigación Criminal llegó a su casa violentamente a realizar un cateo sin
presentar orden de allanamiento.
El 29 de agosto, Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos, denunció intimidaciones y amenazas a muerte
en su contra mientras
realizaba un trabajo de supervisión de derechos humanos en el caribe hondureño,
en una región marcada por la presencia de narcotraficantes, militares y
guardias de seguridad privada.
El 25 de agosto, en la ciudad de Danlí, Dagoberto Díaz, propietario del
canal Café Visión, Canal 20, fue asesinado por sujetos fuertemente armados que
lo interceptaron cuando se conducía en su vehículo.
El 14 de agosto, Nery Francisco Soto Torres de Canal 23 y del programa
"Cuarto Poder" en Radio Full F.M., fue asesinado por sujetos armados
que lo acribillaron a tiros cuando se disponía a entrar a su casa en el
departamento de Yoro.
El 21 de julio, el cuerpo del periodista Herlin Espinal fue encontrado sin
vida en la comunidad de Santa Cruz de Yojoa, después de haber desaparecido
desde el sábado 19. Espinal era coordinador del noticiario “Hoy Mismo” de
Televicentro en San Pedro Sula.
Estas víctimas son parte de las 47 mil personas que han muerto como
consecuencia de la guerra no declarada en Honduras y que en medio de la
violencia, son estadísticas que el gobierno de turno quiere maquillar y
esconder, y que además se confunden con elementos políticos, de crimen
organizado y delincuencia común, en medio de la tormenta de sangre y dolor que
ahoga a nuestro país.
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