Comunicado de Casa Alianza

Ante el asesinato de cuatro estudiantes de educación media de Comayagüela y la represión
gubernamental a las protestas estudiantiles,Casa Alianza Honduras,a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones de cooperación y sociedad civil hondureña, hace saber:

1. La noche del martes 24 de marzo, fueron asesinados tres estudiantes (dos hombres y una mujer) de la jornada nocturna del Instituto Jesús Aguilar Paz de Comayagüela, quienes acababan de abandonar el centro educativo luego de recibir sus clases.

2. La mañana del miércoles 25 de marzo, fue encontrado envuelto en una sábana el cadáver de una niña de 13 años que cursaba el primer curso de Ciclo Común en el Instituto Central Vicente Cáceres de Comayagüela. La niña fue vista por última vez la mañana del martes 24 de marzo cuando salió de su casa rumbo al centro educativo al que asistía.

3. El asesinato de estos cuatro estudiantes se da en el contexto del movimiento organizado de exigencia de derechos de las y los estudiantes, por lo que estos crímenes difícilmente pueden ser atribuidos solamente a la delincuencia común.

4. El asesinato de estos estudiantes y la represión de que ha sido víctima el movimiento estudiantil, se da también en un contexto de ausencia de dialogo abierto y democrático por parte del gobierno.

Ante estos hechos, Casa Alianza Honduras demanda al gobierno:

1. Resolver la problemática en el sector educativo por la vía democrática y desde el interés superior de la niñez.

2. Detener la represión y el asesinato de las y los estudiantes.

3. Investigar y esclarecer la muerte de estos estudiantes, llevando ante las autoridades a los responsables de dichos crímenes, para superar los niveles de impunidad que históricamente han gozado los autores de estos hechos, debido a la inoperancia y complacencia de las autoridades.

4. A las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez en el país, les llamamos a no callar y
pronunciarse ante estos hechos que son parte de la violencia estructural contra la niñez y juventud.

5. A la comunidad internacional, demandar al gobierno el esclarecimiento de estos hechos para que no queden en la impunidad.

Casa Alianza Honduras manifiesta su solidaridad con las familias de estos jóvenes estudiantes asesinados, así como con el movimiento estudiantil nacional que lucha por la exigencia del cumplimiento de sus derechos ante el garante.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 25 días de marzo del 2015.

Un pequeño triunfo para los Tolupanes

Hace 3 años, el empresario Kenton Landa Uclés acusó a 8 líderes indígenas tolupanes de la Tribu de San Francisco en Locomapa, Yoro, por el supuesto delito de obstaculización en la ejecución de un proyecto maderero. Como suele suceder en esta Honduras de impunidad, el Ministerio Público corrió a presentar el requerimiento fiscal que culminó en un auto de prisión dictado por un tribunal el 27 de diciembre de 2012.

El abogado Víctor Fernández presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, argumentando que los tolupanes lo único que hicieron fue defender su territorio, ya que el plan de manejo de explotación de madera había sido autorizado por el Instituto de Conservación Forestal sin consultar a la comunidad, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Se debe dejar claro que los tolupanes no están en contra de los proyectos de desarrollo, solo exigen que se cumpla la ley en el sentido de que se haga efectivo su derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe; que se garantice que puedan beneficiarse razonablemente de tales proyectos; y que no se emita ninguna concesión dentro de sus territorios a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión estatal, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.

La Corte de Apelaciones determinó aceptar los argumentos anteriores y absolvió a los líderes tolupanes y dejó establecido que la consulta y el consentimiento previo es un derecho humano de los pueblos indígenas, por lo que el Estado tiene la obligación de respetarlo y garantizarlo.

Sin duda alguna, esta sentencia constituye un antecedente y una herramienta muy importante para la lucha que los pueblos y comunidades vienen realizando en la defensa de sus territorios frente a proyectos mineros, hidroeléctricos, madereros y de otra clase que se hacen a espaldas y en prejuicio de la gente.

Nos matan por ser mujeres

El ataque que sufrieron en Tegucigalpa varias mujeres dedicadas al modelaje, en el que murieron 3 de ellas, representa una trágica realidad en la que el hecho de ser mujer se convierte en una desigualdad social que se sostiene sobre relaciones de poder entre hombres y mujeres.

En un país tan violento como el nuestro, ser mujer representa una doble vulnerabilidad porque los femicidios no ocurren por casualidad y son crímenes que no les suceden a los hombres en las mismas dimensiones que a las mujeres. 

Nada más pertinente que la canción escrita por Yeco Hernández e interpretada por Karla Lara en la que una de sus estrofas dice: “Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos, ni amarrarnos”.

La muerte es lo más visible de una espiral de diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres desde niñas, en las que se les inculca una visión de las relaciones y el mundo en las que ellas son las frágiles, las servidoras de los hombres, las que deben ocuparse del hogar, las que no deben ser libres y ajustarse a los patrones culturales de una sociedad machista.

Y lo peor de todo es que, como lo señala la periodista Jennifer Ávila, la gente se pregunta más si, en el caso de las modelos asesinadas, “eran prepagos o no, en vez de cuestionarse cómo es que con la política de mano dura y la militarización siguen sucediendo estos hechos como cotidianos”. 

“Las mujeres son asesinadas y la sociedad misógina las vuelve a asesinar con sus comentarios, porque hasta de eso se vale el sistema de injusticia para dejar en la impunidad esas muertes”.

Y esta realidad refleja una deuda muy alta que el Estado de Honduras mantiene con las mujeres, ya que la tasa de impunidad llega a un alarmante 95% en casos de violencia sexual y femicidio. 

¿Qué clase de país violento, discriminatorio, misógino e impune les estamos heredando a nuestras hijas? ¿Qué clase de hombres y mujeres estamos haciendo de nuestros hijos e hijas bajo la lógica de las relaciones desiguales de poder?

Como señala la periodista Ávila, “A veces quisiera no estar segura que la sociedad está tan enferma que acabar con esta barbarie es solo utopía”.

Las prioridades del gobierno

A todos los hondureños y hondureñas nos debe interesar conocer qué hace el Estado con los recursos que obtiene, particularmente los provenientes de nuestros impuestos. 

La decisión gubernamental de invertir en determinadas áreas puede tener impactos significativos en la vida de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

De acuerdo con los artículos 1 y 59 de la Constitución, el Estado ha sido constituido para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, ya que su fin supremo es la dignidad humana.

De esta manera, el Estado debe lograr la igualdad en el acceso a oportunidades y en la distribución de la riqueza. El grado en que se logren estos objetivos determinará la legitimidad y credibilidad del gobierno.

Por ello, el presupuesto es el mejor indicador para conocer cuáles son sus prioridades y valorar si sus políticas realmente están destinadas a promover las condiciones necesarias para que la población tenga una vida digna. 

Cuando nos damos cuenta que el presupuesto del año 2015 contiene una reducción de 30 millones de lempiras en salud y de 4 millones en educación, y un aumento de 6 mil millones en defensa, es decir, un aumento del 30%, nos deja claro que la prioridad gubernamental es armarse hasta los dientes a costa de dejar en mayor vulnerabilidad derechos tan fundamentales para el desarrollo del país.

En sociedades tan desiguales como la hondureña, los derechos a la salud y a la educación se constituyen en una herramienta fundamental para reducir las desigualdades y potenciar las capacidades básicas del ser humano.

Solo si se asignan y administran eficientemente los recursos necesarios en materia de salud y educación, se logrará que las personas accedan a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de existencia digno y así participar activamente en la dinámica comunitaria y en las decisiones políticas que afectan su entorno.

Los peligros de la concentración de poder

Uno de los requisitos fundamentales de un Estado de derecho es la división o separación de poderes. Esta exigencia constituye el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo para evitar la concentración del poder. 

En ese sentido, los sistemas democráticos han desarrollado un sistema de equilibrios entre los tres poderes del Estado mediante el mutuo control y limitación, especialmente en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos. 

Así, en términos generales nuestra Constitución faculta al poder legislativo a crear las leyes que los poderes ejecutivo y judicial aplican y ejecutan en sus áreas respectivas; el poder judicial se encarga de la administración de justicia; y el poder ejecutivo se constituye en el administrador general del Estado. 

El artículo 4 constitucional establece que “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.

Es importante dejar claro que esta división no debe entenderse como si los tres poderes no tuvieran ningún tipo de relaciones de cooperación entre ellos, todo lo contrario, al distribuirse y dividirse las funciones del Estado, se necesita de una serie de relaciones y controles recíprocos para lograr la finalidad misma del Estado: la dignidad humana. 

Sin embargo, desde hace dos años somos testigos de la peligrosa concentración de poder en las manos del presidente Juan Orlando Hernández y su entorno, quienes han logrado suficiente influencia sobre la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; elegir a un fiscal general y su adjunto, e integrar a un Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial cercanos al poder ejecutivo.

Pero también han logrado cooptar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; elegir a un procurador general de su confianza; y crear una Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que responde directamente al Consejo de Seguridad y Defensa, que más que un órgano de coordinación, tiene todas las características de un supra gobierno presidido por el Presidente de la República.  

La creación de un cuerpo armado como la Policía Militar también entra en esta lógica. Si la oposición política en el Congreso Nacional y en las calles no asume con seriedad esta situación, estaremos en un punto sin retorno de deterioro y control institucional, y bajo un régimen con todas las formalidades de la democracia representativa, pero con una práctica autoritaria y excluyente.

No es suficiente

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que “las políticas de seguridad deben ser evaluadas periódicamente en términos de su efectividad e impactos, asegurando que éstas no generen mayores niveles de violencia y que funcionen con pleno respeto a los derechos humanos.

En este sentido, la seguridad ciudadana no debe concebirse únicamente como una simple reducción de los índices criminales, sino como el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población.

No obstante, en Honduras la política de seguridad sigue siendo limitada a una visión enfocada en incrementar las penas, en reducir las garantías y derechos de la ciudadanía, en dejar la seguridad en manos de las empresas privadas y en normalizar el uso del ejército para estar en las calles. 

Luego de 3 años y 140 millones de lempiras destinados solo al proceso de depuración policial y de la creación de nuevas estructuras como la Policía Militar, los resultados son insuficientes como señala Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia.

Antes bien, pareciera que el problema de la corrupción a lo interno de la Policía Nacional además de seguir sin resolverse, está contaminando a las nuevas estructuras como la Policía TIGRES y la Policía Militar, cuyos miembros se han visto involucrados en actos delictivos contra la ciudadanía.

Y a la par de este enfoque restrictivo de la seguridad ciudadana, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala a Honduras como el segundo país más pobre del continente, alcanzando en el 2014 un 70.5% de pobreza multidimensional, la cual mide la precariedad de la vivienda, hacinamiento, servicios básicos, educación, empleo y protección social.

Si no se toman decisiones políticas para enfrentar integralmente los múltiples factores asociados con la inseguridad, tales como la desigualdad social, económica y política, que se sustenta en estructuras de desigualdad y dominación que golpean a los más pobres, Honduras continuará ostentando el título del país más violento del mundo.