En un abismo permanente

Pese a que formalmente se retornó a la democracia en los años 80, Honduras no ha podido salir del abismo del autoritarismo, la pobreza, la desigualdad y la corrupción. 

En un poco más de 30 años hemos vivido épocas oscuras de desapariciones forzadas y torturas, de golpes de Estado, de reducción del Estado al mínimo, de fortalecimiento de los órganos represivos, de entrega de bienes naturales estratégicos, de militarización y remilitarización y de terribles actos de corrupción.

En dicha materia, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras estima que el Estado pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción. Para la organización Transformemos Honduras, solo en las secretarías de Estado que manejan mayor presupuesto, el costo de la corrupción anual es de 18 mil millones de lempiras. 

Y el más reciente caso de corrupción que ha implicado el latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene unas dimensiones inimaginables y supera con creces casos como el de la famosa carretilla, el robo descarado del presupuesto de 4 años en solo 7 meses del gobierno de facto o los graves actos de corrupción del gobierno de Callejas.

En un país con dignidad, la sociedad de manera espontánea ya estaría masivamente en las calles denunciando esta depredación, no obstante, pareciera que la población no ve en la corrupción una relación de causa y efecto en la situación de pobreza y desigualdad que vivimos.

Debemos entender de una vez por todas que cada lempira que consume el latrocinio y que engrosa las cuentas bancarias privadas es un recurso que se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo y vivienda.

Debemos meternos en la cabeza que la corrupción contribuye a la masiva violación y negación de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.

En nuestro país la incidencia de la pobreza tiene una relación directa con los altos índices de corrupción, y como lo señala la Convención Interamericana contra la Corrupción, se socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los  pueblos.

¿Qué más esperamos para asumir la responsabilidad ciudadana de rescatar a Honduras de esa clase política y empresarial corrupta y depredadora?