¿Cuál es el miedo señor Hernández?

El que nada debe nada teme reza un dicho popular. Si es así, ¿por qué señor Hernández insiste en desoír el clamor indignado que de forma contundente ha dejado claro que lo que quiere es una Comisión Internacional contra la Impunidad?

¿Acaso no se da cuenta señor Hernández que nadie en su sano juicio tiene confianza en instituciones como la Corte Suprema de Justicia o el Ministerio Público que no han cumplido con su mandato constitucional y se han destacado por su ineficiencia, parcialidad, negligencia y falta de independencia?

Estas y otras instituciones del sector justicia y seguridad han sido fundamentales para que la impunidad y la corrupción hayan causado miles de víctimas, y al tolerar por acción u omisión los crímenes de los impunes y corruptos, son corresponsables de los mismos pues como lo señala Julio Scherer Ibarra, “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”.

Entienda señor Hernández que no podemos confiar en un diálogo basado en fortalecer a una institucionalidad corroída y putrefacta, y dirigida por una serie de oscuros personajes vinculados a los poderes fácticos que han manejado el país durante las últimas tres décadas de supuesta democracia formal.

La única manera de confiar en un diálogo honesto es que usted, señor Hernández, si no tiene nada que ocultar ni que temer, dé un primer paso y reactive el proceso de solicitud a Naciones Unidas de una Comisión Internacional contra la Impunidad que comenzó el ex presidente Lobo.

Nadie que ame a Honduras puede estar en contra de una Comisión de este tipo cuyo mandato permita realizar investigaciones de forma independiente, facilite una depuración integral de la institucionalidad deslegitimada y allane el camino para construir bajo la eficaz mirada y participación ciudadana, un sistema de justicia y seguridad moderno, eficiente, justo, independiente, accesible a la ciudadanía y garante del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

Lo que nos grita la calle

Una de las demandas más claras y contundentes de las movilizaciones de las antorchas es el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad, lo cual refleja lo que desde hace 5 años viene señalando la ciudadanía a través del sondeo de opinión pública que el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación realiza anualmente: La profunda desconfianza en las instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El propio Estado reconoció la existencia de un grave problema de impunidad debido a la inoperancia de estas dos instituciones pues en el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos en el año 2010, solicitó a la Organización de Naciones Unidas la creación de una comisión internacional contra la impunidad.

A su vez, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su recomendación número 39 estableció la necesidad de crear “un organismo de control e investigación de la conducta de operadores de justicia, para que de forma independiente instruya las indagaciones de ilegales conductas cometidas por miembros de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la República, a fin de conducir su actuar dentro del margen de la legalidad”.

En su recomendación número 47 esta comisión señaló que se debe “solicitar a la Organización de las Naciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración”.

Si bien es cierto, una comisión de este tipo implica una serie de procedimientos que no se realizan de la noche a la mañana, debemos estar atentos y atentas a los que nos grita la ciudadanía que ha recuperado las calles como espacio público de debate y participación política.

Y el grito ciudadano es claro y contundente: la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, sometida a un estricto control de legalidad y de rendición de cuentas ante la sociedad hondureña y la comunidad internacional.

De la indignación a la dignidad

Las movilizaciones de las antorchas están mostrando el hartazgo de la ciudadanía con la clase política y empresarial que a través de la corrupción se han enriquecido a costa del empobrecimiento y la miseria de millones de hondureños y hondureñas.

Pero es pertinente preguntarse cómo es posible que los corruptos y corruptas hayan podido saquear durante tanto tiempo los bienes que nos pertenecen a toda la ciudadanía, sin que sean castigados ejemplarmente.

Sin duda alguna, la impunidad ha jugado un papel fundamental en esta situación, ya que los corruptos y corruptas han garantizado la concentración del poder absoluto hasta lograr que no exista nada, ni las instituciones democráticas ni la sociedad, por encima de ellos.

Como lo señala el mexicano Julio Scherer Ibarra, “la impunidad hermana y promueve la corrupción; al final ambas son causa y efecto en sí mismas. Se buscan, se necesitan y terminan por ser iguales. Un impune es un corrupto por su propia naturaleza, sucia la sangre que lo recorre”.

Los impunes y corruptos buscan siempre el poder sin contrapeso y eliminan a cualquier autoridad que busque consenso, ya que saben que el “que tiene el poder manda. El que manda predomina. El que predomina impone sus normas a la sociedad”.

Para ellos, la ley no existe, y si existe, ellos son la ley y la ley no castiga a los de arriba, así que a pesar de sus delitos, “por naturaleza propia, terminan conduciéndose como si fueran inocentes, ajenos a toda perversión política”.

Lo que olvidaron los impunes y corruptos en su soberbia, es que su impunidad y corrupción han herido al país profundamente y han logrado que la sociedad hondureña en el cansancio y en la desesperación comience a gritar ¡basta!

Parafraseando a Nelson Mandela, la impunidad y la corrupción no son un estado natural y pueden ser vencidas y erradicadas por las acciones de los hondureños y hondureñas que hemos dicho ¡basta!, y que hemos comprendido que mientras se mantengan, será imposible garantizar un derecho humano fundamental: el derecho a la dignidad y a una vida decente.

Indignación y democracia

La clase política hondureña ha desfigurado y desvirtuado la democracia como régimen político que permite el desarrollo pacífico de las transformaciones sociales e institucionales con el fin de alcanzar el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social que ordena el artículo 1 de la Constitución.

La corrupción que ha saqueado el Seguro Social es un trágico ejemplo de ello pero también es una muestra de la precariedad de una institucionalidad que se ha convertido en cómplice de la impunidad de los corruptos y corruptas.

Por tal razón, el espacio público es un ámbito legítimo para canalizar la indignación ciudadana mediante el ejercicio colectivo de la libertad de expresión concretado en la manifestación pública y pacífica.

Las marchas de la dignidad o de las antorchas constituyen una muestra categórica de una dimensión más directa de la democracia que se desarrolla paralelamente a la fallida dimensión institucional y representativa, y permiten que el debate político sobre la corrupción e impunidad salga de las paredes hediondas y oscuras del Congreso Nacional.

Por ello es necesario profundizar la presión y crítica pública de quienes estamos indignados e indignadas, puesto que el silencio e indiferencia que tradicionalmente nos ha caracterizado como sociedad, ha permitido que la democracia se transforme en oligarquía.

Pero también es imperativo que la presión en las calles se transforme en una hoja de ruta que establezca claramente el camino a seguir, no solamente para exigir la renuncia de todos los corruptos y corruptas, desde el presidente Hernández para abajo, sino también para resetear todo este sistema que provoca exclusión, autoritarismo, pobreza, violencia y desigualdad.

Hablemos de Derecho y de ética, Señor Presidente

Recientemente en el marco del día del periodista, el presidente Juan Orlando Hernández volvió a mostrar sus posturas autoritarias e intolerantes ante la crítica de quienes no piensan como él. En su discurso tildó de “seudoperiodistas” a quienes atacan con mentiras los logros del gobierno, y los acusó de querer incendiar el país, generar el caos y la anarquía, y alejar la inversión extranjera y la ayuda internacional.

Conviene recordar al Señor Presidente que desde el Derecho y la ética la libertad de expresión constituye, en primer lugar, una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática; en segundo lugar, es indispensable para la formación de la opinión pública; y en tercer lugar, es una condición para que quienes deseen incidir sobre las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente.

El presidente Hernández debería saber que en una sociedad democrática las personalidades políticas y públicas están más expuestas –y no menos expuestas- al escrutinio y a la crítica del público.

Por tal razón, la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, tan crucial para una sociedad democrática, ha de abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación o la aplicación de la política pública. Dado que en su condición de presidente está en el centro del debate público y se expone a sabiendas al escrutinio de la sociedad, debe mostrar mayor tolerancia a la crítica.

En este sentido, los medios de comunicación no sólo tienen el derecho sino también la obligación de mantener informados a los ciudadanos y ciudadanas sobre las acciones y omisiones de su gobierno que impactan directamente en la vida cotidiana de la gente.

Usted no puede, Señor Presidente, invocar el orden público para atacar a personas críticas con su gobierno pues para refrescar su memoria, el orden público no puede ser invocado para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado de acuerdo a lo que manda una sociedad democrática. De hecho, la defensa del orden público exige la máxima circulación posible de informaciones e ideas, es decir, el máximo nivel de ejercicio de la libertad de expresión.

Cuando usted, Señor Presidente, acusa como lo hace a quienes no pensamos como usted, y somos críticos de su gobierno, lo que está haciendo es intimidándonos para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, y por tanto, afectando una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.