Los dos eventos políticos más trágicos para la
débil democracia y el Estado de derecho en Honduras, es decir, la aplicación de
la doctrina de seguridad nacional en los años 80 y el golpe de Estado de 2009,
tienen un elemento común: la impunidad de los victimarios.
En el caso de los crímenes de los 80, ninguno de
los 184 casos analizados en el informe del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos, “Los hechos hablan por sí mismos. Informe
preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”, ha sido seriamente investigado y no se ha producido
ninguna sentencia condenatoria.
Recientemente, la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos anunció que había creado una unidad especial para dar respuesta a esos
184 expedientes sobre torturas y desapariciones, lo cual es una buena
noticia para las familias de tantas personas desaparecidas y torturadas, y
también para la justicia que tanto hace falta en Honduras.
¿Pero es posible que pese a que hayan pasado más de
30 años estos crímenes todavía se puedan investigar y juzgar? Las torturas y
las desapariciones forzadas son delitos tan graves contra la humanidad que el Estado
tiene la obligación de buscar, detener, enjuiciar y castigar a los responsables
dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.
Y los criminales no pueden ser beneficiados por indultos, amnistías, irrectroactividad de la ley, prescripción de la pena ni prohibición de doble juzgamiento, incluso si existiera una sentencia absolutoria, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, las exigencias de la justicia y los derechos de las víctimas están por encima de ello.
Las próximas acciones de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos nos dirán si se trata de un anuncio distractor o si realmente existe voluntad política para perseguir tales crímenes y otros más como los ocurridos a partir del golpe de Estado.
Las próximas acciones de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos nos dirán si se trata de un anuncio distractor o si realmente existe voluntad política para perseguir tales crímenes y otros más como los ocurridos a partir del golpe de Estado.
Y a esos dos eventos políticos como ser la aplicación de la doctrina de seguridad nacional y el golpe de Estado, le agrega el otro inseparable elemento de la corrupción, es para creer que no hay modo de salir de esta situación. Sobre todo porque no sólo está la nula actividad de la fiscalía respectiva, también de todo el sistema jurídico y de seguridad. Controlado y edificado al gusto de los grupos políticos y económicos que gobiernan el país. Es difícil todo. Parece insuperable. Pero nos toca a muchos y a muchas mujer seguir insistiendo en la denuncia, en la protesta, en el cuestionamiento y en una mejor preparación personal para servir de mejor forma a los grupos y personas más indefensas. Además, de participar en las organizaciones sociales, políticas, gremiales, junto a ese pueblo indefenso.
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