Aprendiendo de los falsos positivos en Colombia

A finales del año 2008, saltó el escándalo de los falsos positivos en Colombia que consistió en el asesinato de civiles inocentes a quienes se les hizo pasar como guerrilleros muertos en combate entre elementos del ejército y las guerrillas.

En la madrugada del domingo 27 de diciembre, miembros de la Fuerza Naval atacaron a un grupo de Garífunas que se encontraban en Iriona, Colón, intentando mover un carro que estaba atascado en la playa.

Según la versión de varios testigos, aproximadamente 20 militares llegaron disparando sin mediar palabra contra las personas que se encontraban en el lugar y asesinaron a los jóvenes Joel Palacios Lino y Elvis Armando García.

Inmediatamente, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que aseguraron que las muertes fueron el resultado del fuego cruzado entre elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) y los garífunas, dejando entrever que dicha acción estaba relacionada con el tráfico de drogas.

Aunque siempre que los militares se han visto involucrados en acciones ilegales han tenido una excusa para justificarse, cada vez es más recurrente el argumento de la lucha contra el narcotráfico, lo cual debe llamarnos la atención y ponernos en alerta a la luz de lo sucedido en Colombia con los falsos positivos.

El mismo argumento de la lucha contra el tráfico de drogas fue utilizado cuando en un operativo militar murieron 4 indígenas misquitos y 7 resultaron heridos en Ahúas.

Estos ejemplos ratifican lo que hemos venido señalando en el sentido que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna crea más problemas de los que resuelve y desvía los limitados fondos públicos que deberían promover una institucionalidad policial profesional, civil y democrática, y fortalecer los órganos civiles de investigación y administración de justicia.

Si todavía se insiste en la participación militar en estos asuntos, debemos recordar que las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los artículos 272 y 284 de la Constitución de la República, siempre han tenido la obligación de proteger las fronteras terrestres, áreas y marítimas.

Por tanto, si el tráfico de drogas ha aumentado, las Fuerzas Armadas deberían de explicarle a la sociedad hondureña por qué ha habido un incremento del narcotráfico a través de las fronteras que toda la vida han estado bajo su protección y custodia.