Hay una realidad que no puede ser ocultada por
mucho que lo intente el gobierno a través de su maquinaria propagandista: La
institucionalidad responsable de la seguridad y la justicia está colapsada.
Pese a la reducción de la tasa de homicidios, la
situación de inseguridad es alarmante, los niveles de impunidad siguen siendo altos,
la falta de investigación efectiva es un grave obstáculo en el camino a la
justicia, el proceso de depuración policial es un fracaso y el sistema judicial
sigue mostrando su dependencia de los poderes fácticos del país.
Ante este colapso, todos los sondeos de opinión
pública reflejan que la ciudadanía no confía en las instituciones, lo cual ha
sido ratificado por el movimiento de la gente indignada que cada viernes y
sábado exige en la calle la instalación de una Comisión Internacional contra la
Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH).
La respuesta del gobierno fue proponer la creación
de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y Corrupción
(SIHCIC) que nació muerto porque estaba sostenido por las mimas instituciones
que están deslegitimadas frente a la sociedad.
Por ello, decidió acudir a la Organización de
Estados Americanos (OEA) para que esta construyera una propuesta que finalmente
se concretó en la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH).
Aunque esta propuesta aún no ha sido socializada,
se presume que tiene algunos elementos que han puesto nervioso al gobierno de
Jun Orlando Hernández, razón por la cual ha suspendido en dos ocasiones la
firma del convenio de instalación de la MACCIH entre el Estado hondureño y la
OEA.
Llámese CICIH o MACCIH, la sociedad hondureña
debemos estar vigilantes para exigir que el mandato de este ente internacional
esté claramente definido, actúe con total independencia y transparencia, sea
autónomo financieramente y rinda cuentas de sus actuaciones.
Más allá de los nombres, no debemos perder de vista
que lo fundamental es que un órgano internacional de esta clase tenga capacidad
de investigación, facultad para recibir denuncias, certificar, acompañar y
asesorar técnicamente a los entes nacionales del sector justicia y seguridad, y
proponer reformas políticas que redunden en una lucha efectiva contra los
corruptos y los impunes.
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