La realidad de quienes defienden los derechos humanos en Honduras

En las últimas semanas, se han hecho públicas dos cuestiones que vienen a confirmar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el año 2015: la existencia de una grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

En este sentido, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, órgano que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicó el pasado viernes 12 de agosto sus observaciones finales en el marco del segundo examen periódico al Estado de Honduras realizado el pasado 27 de julio. 

Las conclusiones de este comité reflejan su profunda preocupación en relación con la situación de quienes defienden los derechos humanos y en ese orden de ideas condenó los numerosos atentados mortales contra defensores y defensoras, periodistas y activistas medioambientales desde 2009, e hizo especial referencia al asesinato de Berta Cáceres y a la implicación de un oficial en activo del ejército.

Asimismo el Comité contra la Tortura manifestó su preocupación por declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que descalifican el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos “poniendo en riesgo su integridad física”.

Por otra parte, en un comunicado conjunto de fecha 19 de agosto, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, y el Relator Especial sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la OEA, José de Jesús Orozco Henríquez, indicaron que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos.

De acuerdo con datos de la propia Comisión Interamericana, solo en el año 2016 han sido asesinadas 8 personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Para estos relatores especiales, estos hechos criminales no sólo afectan las garantías básicas de cada persona, sino que también “socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática”.

Por ello, ambos relatores le han exigido al Estado hondureño adoptar y aplicar inmediatamente medidas efectivas para proteger a quienes defienden los derechos humanos con el fin de que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato, y no permitir que los crímenes queden en la impunidad.

Lo señalado por el Comité contra la Tortura y los Relatores Especiales de la ONU y de la OEA son un llamado de atención importante para el gobierno hondureño pues pese a las campañas mediáticas, le demuestra que la situación de violencia e impunidad contra las personas defensoras de derechos humanos no se puede tapar con un dedo.

La detención ilegal de las defensoras Karen Mejía y Gabriela Díaz por parte de la Policía Nacional cuando ambas salían de un foro con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, son una muestra de la vulnerabilidad que viven quienes defendemos los derechos humanos en un país con graves índices de impunidad, violencia y deterioro de la institucionalidad democrática.