Insistiendo en nuestras exigencias constitucionales de cara a la ilegalidad de la reelección

En los últimos 8 años Honduras ha vivido 3 graves crisis constitucionales. La primera fue en el 2009 cuando se dio un golpe de Estado cuyas consecuencias siguen teniendo un impacto trágico sobre la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

La segunda fue en diciembre de 2012 cuando el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández destituyó ilegalmente a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional pese a no tener la competencia y poderes para ello, y en clara violación de los principios de separación de poderes y de independencia judicial.

Y la tercera la estamos viviendo actualmente debido a que el presidente Hernández y su partido pretenden inscribir su candidatura presidencial sobre la base de una cuestionada sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inaplicable la cláusula pétrea que prohíbe la reelección.

Sin duda alguna las primeras dos crisis constituyen graves rompimientos del orden constitucional y hasta la fecha, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no han tomado las acciones de defensa de la Constitución que les corresponden ni han realizado investigaciones serias y efectivas que permitan sancionar a los responsables.

Esta tercera crisis constitucional trae consigo nuevos desafíos y oportunidades para estas 3 instituciones y para el Tribunal Supremo Electoral de cara a demostrar si están sometidas al poder ejecutivo o si todavía tienen un mínimo de decencia y respeto por la legalidad.

Señor Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, ¿qué espera para pronunciarse sobre la ilegalidad de la reelección? Usted como defensor del pueblo debería estar al frente de quienes denuncian la flagrante violación de los derechos políticos del pueblo hondureño a través de la suplantación de la soberanía popular.

Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Argueta, ¿qué espera para dejar a un lado las formalidades y aclarar la cuestionada sentencia que presuntamente permite la reelección?

Usted no puede alegar que esa resolución es algo que hizo la otra Corte porque usted preside a un poder del Estado que es unitario y por tanto, por responsabilidad y sentido institucional debe ratificar que el tribunal supremo no tiene la atribución de reformar la Constitución, mucho menos modificar un artículo pétreo que solo puede cambiar el poder constituyente.

Señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ustedes tienen el deber de no inscribir la candidatura ilegal del presidente Hernández porque se está suplantando el poder del pueblo y porque además se encuentra impedido por el artículo 4 constitucional que establece la obligatoriedad de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Señor Fiscal General, Óscar Chinchilla, usted tiene la obligación de investigar a todas aquellas personas y funcionarios que suplanten la soberanía popular, y  acusarlos por la comisión de los delitos de traición a la patria, contra la forma de gobierno por alteración del orden legítimo de suceder a la presidencia y de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y funcionarias.

Si todos ustedes no hacen nada para impedir la ilegal e ilegítima intención continuista del señor Hernández, serán también cómplices de una nueva ruptura del orden constitucional con su consecuente profundización de la crisis política que venimos arrastrando desde 2009.