San José, 24 de enero del 2017.- Desde el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(CEJIL), queremos manifestar nuestra alarma ante las reformas propuestas para supuestamente fortalecer la política de seguridad y que han sido parte del debate legislativo en Honduras durante las últimas semanas.
Las reformas planteadas —que se hicieron públicas a través de un
comunicado emitido por Casa Presidencial— representan un retroceso en materia de derechos humanos. Vemos con preocupación cómo estos cambios normativos podrían derivar en prácticas autoritarias en este país.
Una de las reformas más peligrosas, es la que se refiere al delito de terrorismo, ya que la redacción propuesta permitiría aplicar este tipo penal a actos que el Estado considere como “alteraciones graves a la paz pública o que atemoricen o intimiden a la población”. Es decir, si una manifestación se entendiese como un acto de violencia con el objetivo de infundir miedo a la población, quienes sean parte de esta acción podrían ser detenidos, llevados a juicio y condenados con penas de 40 a 50 años de cárcel.
Si bien es legítimo el objetivo de limitar la acción de las maras, de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia no es recomendable aplicar el tipo penal de terrorismo a actos que no lo son. Las autoridades hondureñas deben hacer esfuerzos para abordar problemáticas específicas de inseguridad, a partir de políticas públicas de prevención y sanción que no sean contrarias a la garantía de derechos humanos.
Consideramos de suma importancia que el debate tenga en cuenta que la ampliación del tipo penal de terrorismo, así como del delito de extorsión y las altas penas previstas en ambos casos, podría implicar además un aumento injustificado de la población penitenciaria.
Estas reformas, de ser aprobadas, estresarán un sistema penitenciario que hoy está bajo observación internacional por las tasas de hacinamiento que mantiene y que afecta la garantía del derecho a la vida y a la integridad de las personas privadas de libertad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató un déficit de 5.597 plazas y consideró “el hacinamiento y las deplorables condiciones de reclusión” como parte los problemas más graves al interior de las cárceles hondureñas.
En otro plano, las reformas propuestas por el Ejecutivo incorporan una nueva causal de inculpabilidad. Si se aprobara la propuesta original, no serán juzgados ni sancionados, quienes “siendo personal policial, militar, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause(n) lesiones o muerte a una persona”. Esta disposición es contraria a los estándares internacionales a los que Honduras se ha adherido y que reducen el uso de la fuerza a circunstancias específicas previstas por la ley. A su vez, permite que exista impunidad frente a posibles excesos de los agentes de seguridad.
Los puntos exhibidos anteriormente son sólo algunos de los que despiertan nuestra preocupación y alarma. Ante esta situación, consideramos que sólo un proceso abierto y participativo puede garantizar los mecanismos de reflexión necesarios, que cumplan con el objetivo de proteger y promover una cultura respetuosa de los derechos humanos en Honduras.
Es por esto que hacemos un llamado urgente a convocar a un diálogo nacional que involucre a distintos actores y que disponga de la información y el tiempo suficiente para proponer los cambios normativos necesarios, suspendiendo hasta entonces el proceso de aprobación de las reformas.
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