La semana pasada, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional comenzó a revisar los perfiles de los oficiales que según su criterio son aptos para convertirse en el nuevo jefe de la Policía Nacional.
Uno de los nombres que se postulan nos genera una gran preocupación y nos alerta sobre la idoneidad del proceso de depuración. Se trata del comisionado general Héctor Iván Mejía Velásquez. ¿Por qué consideramos que el nombre del comisionado Mejía Velásquez no debería aparecer como posible candidato a ejercer el máximo cargo dentro de la institución policial?
En primer lugar, es el responsable de la represión de una manifestación pacífica el 15 de septiembre de 2010 en la que participaban colegios, escuelas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y varios colectivos de profesionales en conmemoración de la “independencia patria”.
La Policía Nacional bajo el mando y la orden de Héctor Iván Mejía reprimió violentamente dicha manifestación, causando manifestantes con fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabeza, la detención de 37 personas, entre ellas 3 menores de edad, y la destrucción de los instrumentos musicales del grupo “Café Guancasco”.
En segundo lugar, el comisionado Mejía Velásquez lideró y ordenó una brutal represión el 14 de agosto de 2009 que provocó detenciones ilegales y torturas contra cientos de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaban pacíficamente.
Entre las víctimas se encontraba nuestro compañero Gustavo Cardoza, quien como comunicador de Radio Progreso cubría la manifestación y fue golpeado salvajemente por elementos policiales bajo el mando del comisionado Mejía Velásquez.
Por ambos hechos fue acusado ante los tribunales, sin embargo, los procesos en su contra solo sirvieron para sustraerlo de su responsabilidad penal y evidenciaron una vez más el papel de la justicia hondureña en proteger a los violadores de derechos humanos.
Lo más grave es que en uno de esos casos se le aplicó el decreto de amnistía aprobado en 2010 y aunque las autoridades estatales han señalado que no se aplica a hechos relativos a violaciones de derechos humanos, el caso de Héctor Iván Mejía demuestra cómo se tuerce la justicia para favorecer a los impunes.
La Comisión Depuradora tiene la obligación de saber que de acuerdo con la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos el decreto de amnistía es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También debe ser que aunque existan dos sentencias que absuelven al Comisionado Mejía Velásquez, estas sirven a un objetivo distinto al de la justicia, y por tanto, no son sentencias genuinas y constituyen cosa juzgada fraudulenta.
Mantener la candidatura de Héctor Iván Mejía representa un peligro grave para la institucionalidad, para los derechos humanos y para la legitimidad del proceso de depuración de la Comisión Depuradora.
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