Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado de Honduras presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que tuvo que explicar la situación de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con igualdad y no discriminación, vida, integridad, libertad de expresión, acceso a la justicia, libertad personal, privacidad, libertad de asociación y manifestación pacífica, entre otros.
Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el Comité también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.
El pasado 24 de julio, el Comité aprobó una serie de observaciones finales que reflejan la grave situación de derechos humanos en Honduras. Entre otras cosas, el Comité manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado.
El Comité expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales; la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; las extremadamente altas tasas de homicidio y las altísimas tasas de impunidad.
También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.
Además le preocupa la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras; los actos de violencia e intimidación y las persistentemente elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI.
Finalmente, al Comité le preocupa el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.
A la luz de todo lo señalado por el Comité de Derechos Humanos, es imposible comprender el trillado eslogan oficial de que Honduras está cambiando porque sí es así, estos elementos demuestran que el país está cambiando para mal. ¿O acaso los portavoces y repetidores gubernamentales acusarán al Comité de traidor y enemigo de la patria?
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