¿Pueden ser legítimas y auténticas las elecciones de noviembre?

Las próximas elecciones generales están permeadas por una serie de distorsiones que las deslegitiman y que deberían llenar de vergüenza e indignación a cualquier persona u organismo nacional e internacional que se precie respetuoso de los valores democráticos. Para muestra, tres botones. 

Primero. La participación del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, cuyas acciones al frente de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron graves violaciones a derechos humanos que fueron consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

En un Estado con instituciones independientes, su candidatura presidencial jamás sería permitida puesto que de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, su antecedente golpista es una causa legítima para excluirlo de la contienda electoral como una forma de defender la democracia.

Segundo. La participación del capitán Billy Joya Améndola como candidato a diputado por el partido Nacional, quien como miembro del escuadrón de la muerte 3-16, es responsable de intento de asesinato, detención ilegal y tortura contra 6 estudiantes universitarios en 1982.

Aunque las nefastas autoridades jamás realizaron una investigación seria y efectiva que permitiera su sanción, la gravedad de sus crímenes los vuelve imprescriptibles, por lo que tarde o temprano tendrá que pagar por ellos. En un verdadero Estado de derecho, su única candidatura válida sería para convicto.

Tercero. La participación de Juan Orlando Hernández que implica un nuevo rompimiento del orden constitucional, ya que está sustentada en la suplantación de la soberanía popular y la violación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

En una verdadera democracia, su obsesión reeleccionista debería ser frustrada por una institucionalidad y una ciudadanía colmada de cultura constitucional, y una comunidad internacional coherente; sin embargo, lo que prevalece es el silencio, la complicidad y el sometimiento casi absoluto a sus designios.

¿Acaso pueden ser legítimas y auténticas unas elecciones celebradas en el contexto de un nuevo rompimiento del orden constitucional en el que participan golpistas, criminales de lesa humanidad y violadores del pacto social que representa la Constitución?

El verdadero fraude electoral

El conocido dicho popular de que existen “Elecciones estilo Honduras” ha superado cualquier expectativa. Ni siquiera la persona más pesimista podría imaginar el nivel de ilegalidad que puede alcanzar la actual clase política para mantenerse en el poder.

Y con un cinismo que solo los impunes pueden mostrar, nos llaman a la supuesta fiesta electoral pretendiendo hacernos creer que con nuestros votos participaremos en la toma de las decisiones más importantes del país.

Mientras tanto, los partidos políticos de oposición también nos llaman a acudir masivamente a las urnas en noviembre próximo para detener el fraude que ya tienen montado los sectores vinculados a Juan Orlando Hernández.

Y algunos sectores de sociedad civil se esfuerzan en implementar estrategias para promover la rendición de cuentas de quienes buscan un cargo de elección popular y para incorporar en sus agendas políticas temas de interés de algunos grupos vulnerabilizados.

Sin embargo, pese a cualquier esfuerzo que se realice, el verdadero fraude ya está en marcha porque no podemos ignorar que el actual proceso electoral no tiene la más mínima legitimidad democrática al estar viciado por un nuevo rompimiento del orden constitucional.

¿Acaso ignoramos que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia puede eliminar porque es una facultad que solo le corresponde al pueblo hondureño como titular del poder constituyente?

¿Acaso ignoramos que al permitir la reelección la Sala de lo Constitucional suplantó la soberanía popular y que el Congreso Nacional al pretender interpretar la sentencia para reglamentarla se atribuye facultades judiciales que vulneran el principio de separación de poderes? 

¿Acaso ignoramos que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia obliga a que el titular del Ejecutivo cambie periódicamente y prohíbe que el actual presidente lo ejerza por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período presidencial?

¿Acaso ignoramos que suplantar la soberanía popular y transgredir la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia no es otra cosa que un nuevo rompimiento del orden constitucional? ¿Cómo es posible que no comprendamos que las próximas elecciones son un grave fraude constitucional?

Tanto cinismo e ilegalidad no podrían ser posibles sin la complicidad de todos los sectores involucrados, incluidos el gobierno estadounidense, la Unión Europea y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, empeñado en ignorar este nuevo golpe de Estado en Honduras y obsesionado con la crisis política venezolana.

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Demófobos

La fobia es definida como el “temor intenso e irracional, de carácter enfermizo, hacia una persona, una cosa o una situación”. También puede concebirse como el “odio o antipatía intensos por alguien o por algo”. En virtud de lo anterior podemos decir que en Honduras existe una epidemia de “demofobia”, es decir, de miedo y odio a la democracia.

Y a pesar que los demófobos y demófobas manejan un discurso formal de respeto a los valores democráticos y los derechos humanos, sus prácticas autoritarias evidencian su desprecio por estos, así como el uso arbitrario de la ley y de las instituciones estatales para imponer sus normas y su moralidad al resto de la sociedad.

En el ámbito económico, la demofobia del actual régimen se concreta en la imposición inconsulta de un modelo extractivista que impacta negativamente en la salud, el medio ambiente y la vida de las comunidades, a quienes se les reprime y criminaliza brutalmente si se atreven a ejercer su derecho a defender sus territorios.

En el ámbito político, su demofobia se concreta en la construcción de una inmensa red de favores para ejercer un férreo control sobre la institucionalidad democrática, liderar la suplantación de la soberanía popular mediante la aprobación de facto de la ilegal reelección presidencial y rechazar que el pueblo hondureño ejerza su facultad constituyente de reformar o no el artículo pétreo que la prohíbe.

Y en el ámbito educativo, ni siquiera nuestra universidad pública se escapa de la epidemia de demofobia que asola al país, ya que sus autoridades siguen demostrando su incapacidad y falta de voluntad política para resolver el conflicto universitario a través de la razón y del diálogo, y no de las amenazas, la criminalización indiscriminada y la salvaje represión policial a cualquiera que ose en criticarlas.

La demofobia que corroe a nuestras instituciones solo puede ser enfrentada con más movilización ciudadana y la toma de conciencia de nuestra condición de titulares de derechos que son la columna vertebral del orden social, que son superiores al poder público, que son límites infranqueables a sus acciones y que las deslegitiman profundamente cuando atentan contra ellos.

Los verdaderos desestabilizadores del país

El presidente Juan Orlando Hernández denunció un supuesto plan para desestabilizar el país previo a las elecciones de noviembre próximo. 

Conociendo sus antecedentes maquiavélicos, no sería extraño que junto con su núcleo duro de colaboradores y aduladores profundicen el plan desestabilizador que desde el golpe de Estado de 2009 vienen implementando a la perfección. 

Ateniéndose a los hechos, ¿quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno siguen entregando los territorios a proyectos extractivos que atentan contra la salud y el medio ambiente, y no consultan a las comunidades, generando conflictos que se traducen en graves violaciones a derechos humanos?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno aprueban normas penales sin importarle que sean contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos como se lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno imponen el pago ilegal de peajes sobre las carreteras públicas construidas y mantenidas con nuestros impuestos, y violentando nuestro derecho constitucional a circular libremente por todo el territorio nacional?

¿Quién desestabiliza el país sino usted señor Hernández que con su gobierno aprueban una ley de empleo temporal que genera una mayor precariedad, inestabilidad y vulnerabilidad en el empleo, y desnaturaliza los derechos laborales que son fundamentales para promover la autonomía y la dignidad de las personas?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno dan un golpe de Estado al Poder Judicial mediante la separación ilegal de cuatro magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y nombran a 4 personas afines a sus intereses políticos, que luego le allanan el camino a su ilegal reelección?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno han suplantado la soberanía popular y se empeñan en concretar el rompimiento del orden constitucional a través de su ilegal candidatura pese a que la reelección presidencial es prohibida y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno han convertido al país en el reino de la corrupción y la impunidad para beneficiar a las élites económicas, religiosas, militares y políticas, en detrimento de los derechos de una mayoría de la población que es condenada a la desigualdad y a la pobreza?

Las evidencias no engañan señor Hernández, ustedes son los verdaderos desestabilizadores de este país, cuyo pueblo no se merece continuar bajo el yugo de un gobierno autoritario como el suyo.