La fobia es definida como el “temor intenso e irracional, de carácter enfermizo, hacia una persona, una cosa o una situación”. También puede concebirse como el “odio o antipatía intensos por alguien o por algo”. En virtud de lo anterior podemos decir que en Honduras existe una epidemia de “demofobia”, es decir, de miedo y odio a la democracia.
Y a pesar que los demófobos y demófobas manejan un discurso formal de respeto a los valores democráticos y los derechos humanos, sus prácticas autoritarias evidencian su desprecio por estos, así como el uso arbitrario de la ley y de las instituciones estatales para imponer sus normas y su moralidad al resto de la sociedad.
En el ámbito económico, la demofobia del actual régimen se concreta en la imposición inconsulta de un modelo extractivista que impacta negativamente en la salud, el medio ambiente y la vida de las comunidades, a quienes se les reprime y criminaliza brutalmente si se atreven a ejercer su derecho a defender sus territorios.
En el ámbito político, su demofobia se concreta en la construcción de una inmensa red de favores para ejercer un férreo control sobre la institucionalidad democrática, liderar la suplantación de la soberanía popular mediante la aprobación de facto de la ilegal reelección presidencial y rechazar que el pueblo hondureño ejerza su facultad constituyente de reformar o no el artículo pétreo que la prohíbe.
Y en el ámbito educativo, ni siquiera nuestra universidad pública se escapa de la epidemia de demofobia que asola al país, ya que sus autoridades siguen demostrando su incapacidad y falta de voluntad política para resolver el conflicto universitario a través de la razón y del diálogo, y no de las amenazas, la criminalización indiscriminada y la salvaje represión policial a cualquiera que ose en criticarlas.
La demofobia que corroe a nuestras instituciones solo puede ser enfrentada con más movilización ciudadana y la toma de conciencia de nuestra condición de titulares de derechos que son la columna vertebral del orden social, que son superiores al poder público, que son límites infranqueables a sus acciones y que las deslegitiman profundamente cuando atentan contra ellos.
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