El artículo 1 de nuestra Constitución nacional establece que Honduras es un Estado de derecho, es decir, un modelo organizativo destinado a garantizar los valores y necesidades fundamentales de la ciudadanía: la dignidad humana y los derechos humanos, lo cual solo puede alcanzarse mediante el cumplimiento de unos elementos y exigencias básicas e indispensables.
Existe un consenso en que dichos elementos esenciales son el imperio de la ley, es decir, el sometimiento de todos y todas a la ley, frente a la cual somos iguales; la división de poderes, cuyo fin es evitar la concentración de poder y establecer un sistema de pesos y contrapesos; el control de la legalidad, lo cual requiere un poder judicial independiente e imparcial; y la efectiva realización de los derechos humanos.
Como lo señala el World Justice Project, un verdadero Estado de derecho reduce la corrupción, combate la pobreza, protege a las personas de las injusticias, construye comunidades que gocen de paz y oportunidades, promueve el gobierno responsable y garantiza el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.
A simple vista Honduras no cumple con ninguno de dichos elementos y características, lo cual es ratificado por el más reciente Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que evalúa a 113 países, y que desmiente a la clase política vernácula que de forma descarada maneja un discurso de que vivimos en democracia y en un Estado de derecho, a pesar de que el país se cae a pedazos.
De acuerdo con este índice, Honduras bajó una posición en la medición de Estado de derecho, al pasar del lugar 102 en la edición de 2016, al 103, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017-2018. Esto lo ubica en la posición 28 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe, y en el puesto 25 de 30 países de ingreso medio bajo.
En otras palabras, la situación en Honduras sigue deteriorándose, lo que lo convierte en un “Estado a secas”, pero no en un Estado de derecho. El peligro de los “Estados a secas” es que no tienen límites a su actuación y fácilmente se convierten en herramientas para reprimir, asesinar, condenar a la miseria y exclusión e instalar dictaduras.
Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/es-honduras-un-estado-de-derecha/
Existe un consenso en que dichos elementos esenciales son el imperio de la ley, es decir, el sometimiento de todos y todas a la ley, frente a la cual somos iguales; la división de poderes, cuyo fin es evitar la concentración de poder y establecer un sistema de pesos y contrapesos; el control de la legalidad, lo cual requiere un poder judicial independiente e imparcial; y la efectiva realización de los derechos humanos.
Como lo señala el World Justice Project, un verdadero Estado de derecho reduce la corrupción, combate la pobreza, protege a las personas de las injusticias, construye comunidades que gocen de paz y oportunidades, promueve el gobierno responsable y garantiza el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.
A simple vista Honduras no cumple con ninguno de dichos elementos y características, lo cual es ratificado por el más reciente Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que evalúa a 113 países, y que desmiente a la clase política vernácula que de forma descarada maneja un discurso de que vivimos en democracia y en un Estado de derecho, a pesar de que el país se cae a pedazos.
De acuerdo con este índice, Honduras bajó una posición en la medición de Estado de derecho, al pasar del lugar 102 en la edición de 2016, al 103, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017-2018. Esto lo ubica en la posición 28 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe, y en el puesto 25 de 30 países de ingreso medio bajo.
En otras palabras, la situación en Honduras sigue deteriorándose, lo que lo convierte en un “Estado a secas”, pero no en un Estado de derecho. El peligro de los “Estados a secas” es que no tienen límites a su actuación y fácilmente se convierten en herramientas para reprimir, asesinar, condenar a la miseria y exclusión e instalar dictaduras.
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