La salida de Hernández, un reclamo ciudadano legítimo

Hay dos hechos que en cualquier país democrático implicaría el inicio de investigaciones serias y efectivas por parte del Ministerio Público o mínimamente la renuncia de quien ocupa la presidencia de la república, de por sí de manera ilegal.

En primer lugar, la gravedad de la declaración de Fernando Suárez, uno de los implicados en el caso “Pandora”, en la cual revela que Juan Orlando Hernández tuvo conocimiento sobre el desvío de recursos del Estado por parte de su hermana Hilda Hernández y que fueron utilizados para financiar su campaña electoral.

En segundo lugar, la gravedad de la acusación en Estados Unidos en contra de Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano de Juan Orlando Hernández, a quien se le implica en el tráfico de cocaína y armas desde el año 2004 a la fecha.

Como lo señala la Coalición contra la Impunidad en un reciente comunicado, no se puede ignorar que Juan Orlando Hernández preside el todo poderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que agrupa a todas las agencias de investigación e inteligencia del Estado.

En consecuencia, resulta altamente sospechoso que teniendo a su disposición todas las herramientas de espionaje, no se diera cuenta que su hermana lideraba una organización criminal para desviar cuantiosos fondos públicos y que su hermano era uno de los narcotraficantes más importantes de Centroamérica.

A la luz de lo anterior, lo que está claro es que si Juan Orlando Hernández no es cómplice de estas organizaciones criminales creadas y lideradas por su hermana y su hermano, sí se ha beneficiado de sus actividades para su campaña electoral.

Además, si alega que no tenía conocimiento de ello, indudablemente, además de ser un tramposo por usurpar el Poder Ejecutivo mediante una reelección ilegal y un fraude electoral, es un incompetente, lo cual es suficiente para demostrar su incapacidad para continuar al frente de la presidencia de la república.

Por todo ello, el ERIC-Radio Progreso haciendo eco del llamado de la Coalición contra la Impunidad, también exigimos la salida inmediata de Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo y “convocamos a la ciudadanía digna y consciente para que se sume a este reclamo constitucional”.

Celebrando una utopía por la que hay que luchar

El día de ayer 10 de diciembre se celebró el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por su relevancia política y jurídica representa el parteaguas que marca el inicio de una nueva era caracterizada por la aceptación de que la protección de los derechos humanos ya no es más un asunto exclusivo de la competencia interna de los Estados, sino de toda la comunidad internacional.

Bajo el lema de “Defendamos la equidad, la justicia y la dignidad humana”, la Organización de Naciones Unidas ha organizado una campaña con el objetivo de reafirmar la idea de que dicho instrumento “es un compromiso con la dignidad y la justicia universales y no algo que se deba considerar un lujo o una aspiración”.

Sin embargo, Estados como el hondureño conducido por un gobierno autoritario ha agravado el hecho de que el ejercicio de los derechos contenidos en la Declaración Universal siga siendo un concepto vacío y una utopía lejos de alcanzar para millones de hondureños y hondureñas, especialmente en materia económica, social y cultural. 

Así, pese a que el régimen de Juan Orlando Hernández y su séquito se llenen la boca con el discurso de los derechos humanos, sus prácticas profundizan un modelo extractivista y de despojo que condena a millones de personas a la pobreza y a ser afectadas en ámbitos vitales para su desarrollo humano como el empleo, la salud, la educación y las oportunidades de participación social, económica y política. 

Por ello no es de extrañar que a pesar de la supuesta inversión de más de 4 mil millones de lempiras en el programa asistencialista “Vida mejor”, la pobreza aumentó de 65.7% en el año 2016 a 68.8% en el año 2017 y, de acuerdo con el Banco Mundial, se profundizó la desigualdad, convirtiendo a Honduras en el tercer país más desigual del mundo solo después de Sudáfrica y Haití.

Para superar esta grave crisis humanitaria que representa la pobreza y la desigualdad en Honduras, se requiere como primer paso el retorno al orden constitucional que pasa obligatoriamente por la renuncia de Juan Orlando Hernández instalado en el poder ejecutivo de manera ilegal y violenta. 

A partir de ahí, se deben adoptar todas las medidas que sean necesarias para que se cumpla el mandato constitucional de que sea la persona humana el fin supremo de la sociedad y el Estado, a través de asegurar a los hondureños y hondureñas “el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” como lo ordena el artículo 1 de nuestra Constitución nacional.

Fuente:  http://wp.radioprogresohn.net/celebrando-una-utopia-por-la-que-hay-que-luchar/

Dos nuevos aportes del ERIC-SJ

 

En el ERIC y Radio Progreso apostamos por acompañar a los sectores más empobrecidos y vulnerables en la construcción de una sociedad justa, solidaria e inclusiva, mediante una nueva cultura política y ciudadana que sea incluyente, respetuosa de los derechos humanos y armónica con el medio ambiente.

Uno de los aportes importantes que hemos decidido brindar a la sociedad hondureña es la realización de investigaciones y análisis para animar la reflexión y el debate sobre la situación del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en el país.

En el mes de noviembre publicamos dos libros que abordan dos temáticas actuales en nuestra coyuntura. El primero, “Obligaciones internacionales del Estado de Honduras en materia de derechos humanos y bienes naturales” y el segundo, “La reelección presidencial en Centroamérica: ¿Un derecho absoluto?”

El primero aborda cómo se han generado nuevos conflictos sociales por la imposición de un modelo económico que se centra en la ejecución de proyectos de explotación de los bienes naturales por encima de los derechos humanos de las poblaciones en cuyos territorios se desarrollan o se pretenden desarrollar.

El libro ofrece una serie de análisis de las recomendaciones que los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han hecho al Estado hondureño, las cuales deben ser utilizadas como herramientas jurídicas y políticas para la defensa de los bienes comunes.

El segundo libro analiza la prohibición de la reelección presidencial en el marco de la fiebre reeleccionista en los últimos años en la región centroamericana que, en Honduras y Nicaragua, ha convertido la democracia en una dictadura de facto con graves consecuencias para los derechos humanos y el Estado de derecho.

Con argumentos sólidos de derecho constitucional e internacional de los derechos humanos se cuestiona la legitimidad de la reelección presidencial y se concluye que no existe un derecho absoluto a la reelección, sobre todo porque los efectos de perpetuación del poder son nocivos para la pluralidad del régimen político.

Desde el ERIC y Radio Progreso ponemos a disposición de la ciudadanía estos dos trabajos de investigación y animamos a utilizar los argumentos que ahí se plantean para fortalecer nuestras luchas en la defensa de los bienes comunes y la democracia.

La valentía de Omar y Luis Javier

Omar Menjívar y Luis Javier Santos son dos abogados valientes. Ambos pertenecen a esa generación de fiscales que se incorporaron al Ministerio Público movidos por los deseos de servir a Honduras a través de la búsqueda de la justicia. 

Con el paso del tiempo demostraron que estaban ahí para ser funcionarios públicos honestos y comprometidos con la legalidad, lo cual fue un sello distintivo que le dio a dicha institución el doctor Edmundo Orellana Mercado, primer Fiscal General de la República. 

Ambos han sufrido las consecuencias de ser fiscales dignos, pues han enfrentado amenazas, ataques contra su vida e integridad, y hasta el exilio como en el caso de Luis Javier. 

Aunque Omar dejó el Ministerio Público y se dedicó a la defensa de los derechos humanos desde diversos espacios de sociedad civil y Luis Javier se puso al frente de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), ambos siguen trabajando por una Honduras más justa. 

En estos momentos tan importantes para Honduras sus caminos vuelven a juntarse, Omar como abogado de Fernando Suárez, quien como parte de la estructura criminal que saqueó diversas instituciones del Estado ha presentado evidencias de la participación de Juan Orlando Hernández en dicho saqueo, y Luis Javier como fiscal de la UFECIC que lleva el caso ante la justicia. 

Asumir una acción como esta en un país tan deprimido y controlado por Hernández y su grupúsculo es de valientes porque sin duda alguna esto los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y los convierte en un blanco de las estructuras criminales dentro del Estado que puedan sentirse amenazadas.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso manifestamos nuestra admiración por Omar y Luis Javier, les expresamos nuestra solidaridad, responsabilizamos al gobierno de Juan Orlando Hernández por cualquier acto en contra de su integridad y sus vidas, y animamos a la sociedad digna de Honduras a acompañarles para que sientan que no están solos en esta lucha por limpiar al país de la clase política y económica corrupta y criminal.

Un ejemplo de la vulneración del debido proceso en el caso del asesinato de Berta Cáceres

La investigación y el juicio sobre el asesinato de Berta Cáceres deberían caracterizarse por ser desarrollados a la luz de la debida diligencia con el fin de ofrecer una muestra contundente de voluntad política para combatir la impunidad y generar mayores niveles de confianza en la sociedad.

Sin embargo, los hechos apuntan a que tanto el Ministerio Público como el tribunal que conoce el caso no han cumplido con su deber de garantizar un proceso justo, lo cual constituye una vulneración de la obligación estatal de suministrar recursos judiciales a las víctimas.

Estos recursos judiciales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso que requiere el cumplimiento de unos principios generales que deben orientar las investigaciones para asegurar un efectivo acceso a la justicia: oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y participación de las víctimas y sus familiares

En este sentido, la participación de las víctimas y sus familiares constituye uno de los principios fundamentales del debido proceso, lo cual implica que la investigación debe desarrollarse garantizando su participación en todas las etapas del proceso judicial.

Nuestro Código Procesal Penal consagra en sus artículos 16 y 278 el derecho de las víctimas y sus familiares a participar en el proceso judicial. Pese a ello, por un lado, el Ministerio Público ha negado a los representantes de la familia de Berta Cáceres el acceso al expediente y ha decretado la secretividad de la investigación en reiteradas ocasiones.

Por otro lado, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal expulsó del proceso judicial a los representantes de la familia y nombró al Ministerio Público como su representante, a pesar de la desconfianza en dicha institución.

Estas dos actuaciones son una pequeña muestra de la vulneración de la garantía del debido proceso y de los derechos a la verdad, justicia y reparación en este caso, lo cual no sólo pone en riesgo la seguridad democrática al alimentar la impunidad, sino también al propiciar la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos y la indefen­sión de las víctimas y sus familiares.