Hay dos hechos que en cualquier país democrático implicaría el inicio de investigaciones serias y efectivas por parte del Ministerio Público o mínimamente la renuncia de quien ocupa la presidencia de la república, de por sí de manera ilegal.
En primer lugar, la gravedad de la declaración de Fernando Suárez, uno de los implicados en el caso “Pandora”, en la cual revela que Juan Orlando Hernández tuvo conocimiento sobre el desvío de recursos del Estado por parte de su hermana Hilda Hernández y que fueron utilizados para financiar su campaña electoral.
En segundo lugar, la gravedad de la acusación en Estados Unidos en contra de Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano de Juan Orlando Hernández, a quien se le implica en el tráfico de cocaína y armas desde el año 2004 a la fecha.
Como lo señala la Coalición contra la Impunidad en un reciente comunicado, no se puede ignorar que Juan Orlando Hernández preside el todo poderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que agrupa a todas las agencias de investigación e inteligencia del Estado.
En consecuencia, resulta altamente sospechoso que teniendo a su disposición todas las herramientas de espionaje, no se diera cuenta que su hermana lideraba una organización criminal para desviar cuantiosos fondos públicos y que su hermano era uno de los narcotraficantes más importantes de Centroamérica.
A la luz de lo anterior, lo que está claro es que si Juan Orlando Hernández no es cómplice de estas organizaciones criminales creadas y lideradas por su hermana y su hermano, sí se ha beneficiado de sus actividades para su campaña electoral.
Además, si alega que no tenía conocimiento de ello, indudablemente, además de ser un tramposo por usurpar el Poder Ejecutivo mediante una reelección ilegal y un fraude electoral, es un incompetente, lo cual es suficiente para demostrar su incapacidad para continuar al frente de la presidencia de la república.
Por todo ello, el ERIC-Radio Progreso haciendo eco del llamado de la Coalición contra la Impunidad, también exigimos la salida inmediata de Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo y “convocamos a la ciudadanía digna y consciente para que se sume a este reclamo constitucional”.
En primer lugar, la gravedad de la declaración de Fernando Suárez, uno de los implicados en el caso “Pandora”, en la cual revela que Juan Orlando Hernández tuvo conocimiento sobre el desvío de recursos del Estado por parte de su hermana Hilda Hernández y que fueron utilizados para financiar su campaña electoral.
En segundo lugar, la gravedad de la acusación en Estados Unidos en contra de Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano de Juan Orlando Hernández, a quien se le implica en el tráfico de cocaína y armas desde el año 2004 a la fecha.
Como lo señala la Coalición contra la Impunidad en un reciente comunicado, no se puede ignorar que Juan Orlando Hernández preside el todo poderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que agrupa a todas las agencias de investigación e inteligencia del Estado.
En consecuencia, resulta altamente sospechoso que teniendo a su disposición todas las herramientas de espionaje, no se diera cuenta que su hermana lideraba una organización criminal para desviar cuantiosos fondos públicos y que su hermano era uno de los narcotraficantes más importantes de Centroamérica.
A la luz de lo anterior, lo que está claro es que si Juan Orlando Hernández no es cómplice de estas organizaciones criminales creadas y lideradas por su hermana y su hermano, sí se ha beneficiado de sus actividades para su campaña electoral.
Además, si alega que no tenía conocimiento de ello, indudablemente, además de ser un tramposo por usurpar el Poder Ejecutivo mediante una reelección ilegal y un fraude electoral, es un incompetente, lo cual es suficiente para demostrar su incapacidad para continuar al frente de la presidencia de la república.
Por todo ello, el ERIC-Radio Progreso haciendo eco del llamado de la Coalición contra la Impunidad, también exigimos la salida inmediata de Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo y “convocamos a la ciudadanía digna y consciente para que se sume a este reclamo constitucional”.
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