Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en el cual se refleja un país profundamente polarizado y fracturado.
A su vez, el informe destaca la existencia de una impunidad generalizada, pobreza y desigualdad profundamente arraigadas, y una corrupción apremiante que desvía recursos esenciales del Estado, cuyo costo puede alcanzar el 10% del producto interno bruto.
Uno de los aspectos de mucha preocupación para la Oficina del Alto Comisionado es la persistencia de conflictos por la tierra y el frecuente uso indebido del sistema de justicia penal contra las personas que participan en actividades de incidencia contra los proyectos a gran escala que afectan los territorios.
A la luz del caso de Guapinol, el informe “insta a las autoridades a cambiar su enfoque de criminalización de la ocupación de la tierra por otro que privilegie abordar las condiciones socioeconómicas subyacentes en el fenómeno y que proteja efectivamente los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio ancestral”.
En ese sentido, la Oficina del Alto reitera su preocupación por la sordera estatal ante las recomendaciones que de manera sistemática diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos le han recomendado a Honduras la desmilitarización de la vida pública.
Obviamente, los militares representan un alto riesgo para los derechos humanos, como lo demuestra su participación en graves violaciones a los mismos en el contexto de las protestas ciudadanas relacionadas con las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017.
Por ello, la Oficina del Alto manifiesta su preocupación por el poco avance en las investigaciones contra los miembros de las fuerzas de seguridad pública que asesinaron a 22 personas en el marco de la crisis post-electoral, lo cual solo genera la idea de que pueden seguir cometiendo este tipo de crímenes impunemente.
Sin duda alguna, el informe ratifica lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró en su más reciente visita a Honduras en agosto de 2018: la existencia de una impunidad estructural y de una justicia selectiva que aumenta la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas.
Este informe sirve para desnudar la falsedad del discurso oficial de que Honduras va bien y esperamos que también sirva para que la comunidad internacional también ponga sus ojos en el pueblo hondureño que también sufre las consecuencias de vivir bajo un régimen autoritario.
A su vez, el informe destaca la existencia de una impunidad generalizada, pobreza y desigualdad profundamente arraigadas, y una corrupción apremiante que desvía recursos esenciales del Estado, cuyo costo puede alcanzar el 10% del producto interno bruto.
Uno de los aspectos de mucha preocupación para la Oficina del Alto Comisionado es la persistencia de conflictos por la tierra y el frecuente uso indebido del sistema de justicia penal contra las personas que participan en actividades de incidencia contra los proyectos a gran escala que afectan los territorios.
A la luz del caso de Guapinol, el informe “insta a las autoridades a cambiar su enfoque de criminalización de la ocupación de la tierra por otro que privilegie abordar las condiciones socioeconómicas subyacentes en el fenómeno y que proteja efectivamente los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio ancestral”.
En ese sentido, la Oficina del Alto reitera su preocupación por la sordera estatal ante las recomendaciones que de manera sistemática diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos le han recomendado a Honduras la desmilitarización de la vida pública.
Obviamente, los militares representan un alto riesgo para los derechos humanos, como lo demuestra su participación en graves violaciones a los mismos en el contexto de las protestas ciudadanas relacionadas con las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017.
Por ello, la Oficina del Alto manifiesta su preocupación por el poco avance en las investigaciones contra los miembros de las fuerzas de seguridad pública que asesinaron a 22 personas en el marco de la crisis post-electoral, lo cual solo genera la idea de que pueden seguir cometiendo este tipo de crímenes impunemente.
Sin duda alguna, el informe ratifica lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró en su más reciente visita a Honduras en agosto de 2018: la existencia de una impunidad estructural y de una justicia selectiva que aumenta la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas.
Este informe sirve para desnudar la falsedad del discurso oficial de que Honduras va bien y esperamos que también sirva para que la comunidad internacional también ponga sus ojos en el pueblo hondureño que también sufre las consecuencias de vivir bajo un régimen autoritario.