Recientemente, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos publicó su informe acerca de su visita al país del 30 de abril al 12 de mayo de 2018 y confirmó que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos en América Latina para las personas defensoras de derechos humanos.
El Relator concluyó en su informe que las personas defensoras son objetos de amenazas, hostigamiento, intimidación, golpizas, además de ser criminalizadas y estigmatizadas en campañas de desprestigio mediáticas. Una de las formas en que se concreta la criminalización es el uso indebido e intencional del derecho penal a través de los delitos de usurpación y asociación ilícita.
Los autores materiales de los ataques incluyen a miembros de la Policía Nacional y del Ejército, mientras que los autores intelectuales incluyen a funcionarios públicos, el sector empresarial, las fuerzas de seguridad, y en especial sectores corruptos de las mismas que actúan en connivencia para asegurar el propio lucro.
El Relator Especial subraya en su informe que el derecho pacífico de reunión puede adoptar la forma de sentada o concentración con el propósito de expresar quejas o anhelos, tal como lo hacen las personas en los campamentos de dignidad en Pajuiles y Guapinol, y rechaza enérgicamente el uso del delito de usurpación contra las personas defensoras.
Uno de las recomendaciones importantes del informe es que le pide al Estado abstenerse de penalizar a quienes defienden la vida y asegure que los fiscales del Ministerio Público y los jueces y juezas reciban una formación adecuada sobre el importante papel de las personas defensoras. No obstante, lo que realmente necesitan es dignidad, decencia, humanidad y valentía para colocarse al lado de la justicia.
Jueces como Carlos Irías de León y Víctor Méndez, y fiscales como Wilmer Sánchez y Sayda Vallecillo que acusan de criminales organizados a los compañeros y compañeras de Guapinol por defender los ríos, son una vergüenza y algún día pagarán por sus crímenes que disfrazan con una legalidad que favorece a los más corruptos de este país.
El Relator concluyó en su informe que las personas defensoras son objetos de amenazas, hostigamiento, intimidación, golpizas, además de ser criminalizadas y estigmatizadas en campañas de desprestigio mediáticas. Una de las formas en que se concreta la criminalización es el uso indebido e intencional del derecho penal a través de los delitos de usurpación y asociación ilícita.
Los autores materiales de los ataques incluyen a miembros de la Policía Nacional y del Ejército, mientras que los autores intelectuales incluyen a funcionarios públicos, el sector empresarial, las fuerzas de seguridad, y en especial sectores corruptos de las mismas que actúan en connivencia para asegurar el propio lucro.
El Relator Especial subraya en su informe que el derecho pacífico de reunión puede adoptar la forma de sentada o concentración con el propósito de expresar quejas o anhelos, tal como lo hacen las personas en los campamentos de dignidad en Pajuiles y Guapinol, y rechaza enérgicamente el uso del delito de usurpación contra las personas defensoras.
Uno de las recomendaciones importantes del informe es que le pide al Estado abstenerse de penalizar a quienes defienden la vida y asegure que los fiscales del Ministerio Público y los jueces y juezas reciban una formación adecuada sobre el importante papel de las personas defensoras. No obstante, lo que realmente necesitan es dignidad, decencia, humanidad y valentía para colocarse al lado de la justicia.
Jueces como Carlos Irías de León y Víctor Méndez, y fiscales como Wilmer Sánchez y Sayda Vallecillo que acusan de criminales organizados a los compañeros y compañeras de Guapinol por defender los ríos, son una vergüenza y algún día pagarán por sus crímenes que disfrazan con una legalidad que favorece a los más corruptos de este país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario