El gobierno de Ricardo Maduro inauguró una siniestra etapa de involucramiento de los militares en tareas de seguridad ciudadana que poco a poco fue ampliándose hasta abarcar casi todas las áreas pertenecientes al poder civil.
Ese gobierno también inició la terrible era de las masacres en las cárceles hondureñas, la cual se ha vuelto prácticamente una tradición en los gobiernos nacionalistas. Así, en abril de 2003, 69 personas murieron en un incendio y amotinamiento en la granja penal de El Porvenir en La Ceiba, Atlántida.
Un año después, en mayo de 204, 107 personas privadas de libertad murieron en otro incendio en el centro penal de San Pedro Sula, por el cual, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En febrero de 2012, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, 361 personas murieron en un nuevo incendio en la granja penal de Comayagua. Y entre los días 20 y 22 de diciembre de 2019, bajo el régimen militarista de Juan Orlando Hernández, al menos 37 personas privadas de libertad murieron violentamente.
El 20 de diciembre murieron al menos 19 personas en el centro penal de Tela. Dos días después, perdieron la vida al menos 18 personas privadas de libertad. A esto se suman los 5 asesinatos en La Tolva y los 4 asesinatos de adolescentes en el Centro Pedagógico Renaciendo.
En total, solo en el mes de diciembre murieron violentamente 46 personas privadas de libertad y bajo la custodia del Estado. Además de que estos hechos han sucedido en gobiernos nacionalistas, hay otras dos características que tienen en común.
En primer lugar, la complicidad de los custodios penitenciarios, sean policías o militares, en la entrada de armas a los centros penales; y, en segundo lugar, las fuertes denuncias de su involucramiento, por acción u omisión, en dichas muertes.
La exigencia de la ciudadanía democrática debe sumarse a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que instan al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
En este sentido, se debe desmilitarizar la gestión penitenciaria y traspasarse efectivamente a autoridades civiles, y reformar el sistema penitenciario para avanzar hacia un enfoque de reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Fuente: https://www.radioprogresohn.net/np/exigencias-de-transformacion-del-sistema-penitenciario/
Ese gobierno también inició la terrible era de las masacres en las cárceles hondureñas, la cual se ha vuelto prácticamente una tradición en los gobiernos nacionalistas. Así, en abril de 2003, 69 personas murieron en un incendio y amotinamiento en la granja penal de El Porvenir en La Ceiba, Atlántida.
Un año después, en mayo de 204, 107 personas privadas de libertad murieron en otro incendio en el centro penal de San Pedro Sula, por el cual, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En febrero de 2012, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, 361 personas murieron en un nuevo incendio en la granja penal de Comayagua. Y entre los días 20 y 22 de diciembre de 2019, bajo el régimen militarista de Juan Orlando Hernández, al menos 37 personas privadas de libertad murieron violentamente.
El 20 de diciembre murieron al menos 19 personas en el centro penal de Tela. Dos días después, perdieron la vida al menos 18 personas privadas de libertad. A esto se suman los 5 asesinatos en La Tolva y los 4 asesinatos de adolescentes en el Centro Pedagógico Renaciendo.
En total, solo en el mes de diciembre murieron violentamente 46 personas privadas de libertad y bajo la custodia del Estado. Además de que estos hechos han sucedido en gobiernos nacionalistas, hay otras dos características que tienen en común.
En primer lugar, la complicidad de los custodios penitenciarios, sean policías o militares, en la entrada de armas a los centros penales; y, en segundo lugar, las fuertes denuncias de su involucramiento, por acción u omisión, en dichas muertes.
La exigencia de la ciudadanía democrática debe sumarse a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que instan al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
En este sentido, se debe desmilitarizar la gestión penitenciaria y traspasarse efectivamente a autoridades civiles, y reformar el sistema penitenciario para avanzar hacia un enfoque de reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Fuente: https://www.radioprogresohn.net/np/exigencias-de-transformacion-del-sistema-penitenciario/
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