Los sectores golpistas están a punto de lograr su objetivo de llevar a cabo las elecciones generales; a través de ellas pretenden consolidar el golpe de Estado cívico-militar y hacer creer al pueblo hondureño y a la comunidad internacional que a partir del 29 de noviembre habrá borrón y cuenta nueva.
Quienes dieron el golpe de Estado creen e intentan hacer creer que las elecciones son la fórmula mágica para salir de la crisis política que ellos mismos han provocado y como controlan a todas las instituciones del sistema de justicia, se sienten seguros de que los actos delictivos que han cometido quedarán en la impunidad y enterrados bajo la sombra del proceso electoral.
Sin embargo, los altos responsables del gobierno de facto y de las fuerzas militares y policiales están demostrando una total ignorancia de los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño en relación con los derechos humanos, no solamente porque han cometido violaciones graves y sistemáticas de los derechos de gran parte de la población, sino también porque no han medido las consecuencias que tendrá para ellos la activación de la justicia penal internacional.
Posiblemente el sistema judicial hondureño continuará dando la espalda a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de facto, pero de acuerdo con el derecho penal internacional y el principio de justicia universal, cuando un Estado como el hondureño no tiene la capacidad o la voluntad de juzgar y sancionar a los responsables de tales crímenes, se activan otras instancias como la Corte Penal Internacional a donde las víctimas pueden acudir.
No deben olvidar los golpistas que los crímenes que han cometido jamás prescriben y por tanto, no importa cuánto tiempo pase porque tarde o temprano serán perseguidos y juzgados por los asesinatos, las torturas, las violaciones, las detenciones ilegales y la persecución política que han cometido contra un pueblo que está luchando por la democracia. Pinochet, Videla, Fujimori, entre otros, son claros ejemplos de que la impunidad está perdiendo la batalla frente a la justicia.
jueves, 28 de enero de 2010
Profundización de la crisis política
La Constitución de 1982 marcó el inicio del camino de la democracia con la esperanza de avanzar en la construcción de una sociedad política, económica y socialmente justa. Aunque durante este tiempo ha habido incipientes avances institucionales, el balance que nos dejan casi 3 décadas de democracia formal no es nada alentador.
Dicho balance nos muestra que algunas de las reformas en materia económica y jurídica realizadas sólo han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas.
Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política han estado a la orden del día; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y se ha mantenido una sistemática violación de los derechos humanos de amplios sectores de la sociedad.
El golpe de Estado cívico-militar ha venido a profundizar la grave crisis estructural que venimos arrastrando por décadas; también ha desnudado que pese a que la Constitución de 1982 prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña sólo ha gobernado en función de sus propios intereses y ha mostrado su total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías.
Esta crisis multidimensional que afecta el ámbito político, social, ético, económico y cultural del país, es un claro síntoma del agotamiento del sistema actual y de su crisis de legitimidad y de gobernabilidad.
Por ello, es imperativo iniciar un proceso de refundación del país, de sus normas, de sus instituciones, de nuevas reglas democráticas que permitan una participación real y directa del pueblo en las decisiones jurídico-políticas y en los resultados medidos tanto en términos directamente económicos y sociales, como en reconocimiento de derechos y libertades.
Dicho balance nos muestra que algunas de las reformas en materia económica y jurídica realizadas sólo han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas.
Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política han estado a la orden del día; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y se ha mantenido una sistemática violación de los derechos humanos de amplios sectores de la sociedad.
El golpe de Estado cívico-militar ha venido a profundizar la grave crisis estructural que venimos arrastrando por décadas; también ha desnudado que pese a que la Constitución de 1982 prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña sólo ha gobernado en función de sus propios intereses y ha mostrado su total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías.
Esta crisis multidimensional que afecta el ámbito político, social, ético, económico y cultural del país, es un claro síntoma del agotamiento del sistema actual y de su crisis de legitimidad y de gobernabilidad.
Por ello, es imperativo iniciar un proceso de refundación del país, de sus normas, de sus instituciones, de nuevas reglas democráticas que permitan una participación real y directa del pueblo en las decisiones jurídico-políticas y en los resultados medidos tanto en términos directamente económicos y sociales, como en reconocimiento de derechos y libertades.
Refundación institucional
Los sectores que apoyan el golpe de Estado cívico-militar están apostando todo a las elecciones generales a pesar de que serán celebradas en un clima de violencia, de represión policial y militar, de falta de oportunidades de debate y difusión de las ideas y programas políticos, y de limitaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.
Con estas condiciones, es evidente que tales elecciones no gozan de la legitimidad necesaria para que sean consideradas libres y justas por gran parte de la ciudadanía, y para que sus resultados sean reconocidos por una gran mayoría de Estados en el concierto internacional.
Aún así, los sectores golpistas están acostumbrados a que el pueblo hondureño olvidé rápidamente y por eso creen que las elecciones, como por arte de magia, harán olvidar los asesinatos, las torturas, las detenciones ilegales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto durante más de 4 meses.
Sin embargo, los que apoyan el golpe de Estado olvidan que durante este tiempo de resistencia democrática una gran parte de la población ha adquirido importantes niveles de conciencia política que ha comenzado a sentar las bases para la refundación del Estado y sus instituciones.
Por ello, es imperativo que los movimientos sociales y populares comprometidos con los valores democráticos intensifiquemos nuestro proceso de formación política que nos permita fortalecer nuestras herramientas de lucha pacífica por la democracia, por el Estado de derecho y por el respeto de los derechos humanos, que son los tres pilares fundamentales de toda sociedad que se precie justa y libre.
El nuevo gobierno, aunque ilegítimo, no sólo tendrá que enfrentarse a un importante aislamiento de la comunidad internacional, sino también a un pueblo exigiendo la verdad de lo sucedido desde el 28 de junio; el castigo de los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto; y la purificación de las instituciones estatales mediante la creación de una nueva institucionalidad en donde la persona y su dignidad realmente sea el fin supremo a perseguir.
Con estas condiciones, es evidente que tales elecciones no gozan de la legitimidad necesaria para que sean consideradas libres y justas por gran parte de la ciudadanía, y para que sus resultados sean reconocidos por una gran mayoría de Estados en el concierto internacional.
Aún así, los sectores golpistas están acostumbrados a que el pueblo hondureño olvidé rápidamente y por eso creen que las elecciones, como por arte de magia, harán olvidar los asesinatos, las torturas, las detenciones ilegales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto durante más de 4 meses.
Sin embargo, los que apoyan el golpe de Estado olvidan que durante este tiempo de resistencia democrática una gran parte de la población ha adquirido importantes niveles de conciencia política que ha comenzado a sentar las bases para la refundación del Estado y sus instituciones.
Por ello, es imperativo que los movimientos sociales y populares comprometidos con los valores democráticos intensifiquemos nuestro proceso de formación política que nos permita fortalecer nuestras herramientas de lucha pacífica por la democracia, por el Estado de derecho y por el respeto de los derechos humanos, que son los tres pilares fundamentales de toda sociedad que se precie justa y libre.
El nuevo gobierno, aunque ilegítimo, no sólo tendrá que enfrentarse a un importante aislamiento de la comunidad internacional, sino también a un pueblo exigiendo la verdad de lo sucedido desde el 28 de junio; el castigo de los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto; y la purificación de las instituciones estatales mediante la creación de una nueva institucionalidad en donde la persona y su dignidad realmente sea el fin supremo a perseguir.
¿Elecciones libres bajo un gobierno de facto?
Todos los sectores que apoyan el golpe de Estado han iniciado una campaña sistemática para hacernos creer que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son la salida a la crisis que ellos mismos han provocado con el golpe de Estado. Tratan de convencernos que serán unas elecciones libres y justas, y que a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno la crisis actual será un asunto del pasado.
Sin embargo, hablar de elecciones democráticas bajo un gobierno de facto es ignorar que para ello es imperativo la existencia de unas condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos y un régimen de libertades públicas que asegure permanentemente las libertades de pensamiento, de información, de expresión, de organización, de petición, de manifestación pacífica, etc., como elementos esenciales de la democracia participativa.
Los informes de las distintas misiones internacionales de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las organizaciones nacionales son contundentes al ratificar que en Honduras se están produciendo violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de la población; a su vez, el máximo organismo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por esta situación y ha condenado tales violaciones, y en este sentido, ha enviado al país una misión internacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para elaborar un informe al respecto.
Por tanto, estas elecciones promovidas por el gobierno de facto no reúnen uno de los requisitos fundamentales para que puedan ser catalogadas libres y justas, es decir, no se están respetando ni garantizando los derechos humanos de la población, y en este punto la comunidad internacional ha sido categórica: el gobierno que salga de estas elecciones no será reconocido. Así las cosas, el empecinamiento de llevar a cabo el proceso electoral sin el retorno a la constitucionalidad sólo profundizará la crisis que nos está llevando al abismo de un futuro incierto.
Sin embargo, hablar de elecciones democráticas bajo un gobierno de facto es ignorar que para ello es imperativo la existencia de unas condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos y un régimen de libertades públicas que asegure permanentemente las libertades de pensamiento, de información, de expresión, de organización, de petición, de manifestación pacífica, etc., como elementos esenciales de la democracia participativa.
Los informes de las distintas misiones internacionales de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las organizaciones nacionales son contundentes al ratificar que en Honduras se están produciendo violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de la población; a su vez, el máximo organismo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por esta situación y ha condenado tales violaciones, y en este sentido, ha enviado al país una misión internacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para elaborar un informe al respecto.
Por tanto, estas elecciones promovidas por el gobierno de facto no reúnen uno de los requisitos fundamentales para que puedan ser catalogadas libres y justas, es decir, no se están respetando ni garantizando los derechos humanos de la población, y en este punto la comunidad internacional ha sido categórica: el gobierno que salga de estas elecciones no será reconocido. Así las cosas, el empecinamiento de llevar a cabo el proceso electoral sin el retorno a la constitucionalidad sólo profundizará la crisis que nos está llevando al abismo de un futuro incierto.
Comisión de la Verdad
El 30 de octubre pasado se firmó el acuerdo que en teoría marca el inicio para poner fin a la crisis política desatada por el golpe de Estado cívico-militar. Este acuerdo consta de 12 puntos, uno de los cuales está relacionado con la creación de una Comisión de la Verdad, que deberá conformarse el primer semestre de 2010 y tendrá como objetivo “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009” e identificar “los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.
Una Comisión de la Verdad no es un cuerpo judicial ni sustituye los juicios penales. Es una entidad temporal que investiga patrones de abusos y violaciones de derechos humanos en un período de tiempo, en este caso, antes y después del 28 de junio.
Es temporal e independiente, y al dedicar su misión exclusivamente a establecer la verdad de lo que ha ocurrido, se convierte en un instrumento fundamental para la reconciliación nacional, puesto que establece los datos objetivos para que el sistema de justicia sancione debidamente a los autores intelectuales y materiales de los graves delitos cometidos en el marco del golpe de Estado.
Ante situaciones dramáticas, conocer la verdad es uno de los derechos primordiales de la sociedad, puesto que así toda la gente tiene acceso a la información sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre sus autores, aunque los mismos estén encaramados en las más altas esferas del poder político, militar y económico.
Y conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas es, además, un derecho particular de los familiares de las víctimas, y es una lucha contra una impunidad que no solamente se expresa en la sanción a los responsables y en el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, sino que ha de establecer un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión de la Verdad es, al final de cuentas, una oportunidad para luchar contra la impunidad en todos sus niveles, y por ello, no es cualquier cosa ni puede quedar rezagada entre los acuerdos.
Ha de ser una formidable ocasión para que todos los sectores de la sociedad que han sido golpeados por el golpe y que sienten dolor de patria, se hagan un solo racimo para que brote la verdad y se rompa para siempre el silencio en el que se ocultan los eternos violadores de las leyes y de los derechos humanos de nuestro país, merecedor de una suerte nueva.
Una Comisión de la Verdad no es un cuerpo judicial ni sustituye los juicios penales. Es una entidad temporal que investiga patrones de abusos y violaciones de derechos humanos en un período de tiempo, en este caso, antes y después del 28 de junio.
Es temporal e independiente, y al dedicar su misión exclusivamente a establecer la verdad de lo que ha ocurrido, se convierte en un instrumento fundamental para la reconciliación nacional, puesto que establece los datos objetivos para que el sistema de justicia sancione debidamente a los autores intelectuales y materiales de los graves delitos cometidos en el marco del golpe de Estado.
Ante situaciones dramáticas, conocer la verdad es uno de los derechos primordiales de la sociedad, puesto que así toda la gente tiene acceso a la información sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre sus autores, aunque los mismos estén encaramados en las más altas esferas del poder político, militar y económico.
Y conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas es, además, un derecho particular de los familiares de las víctimas, y es una lucha contra una impunidad que no solamente se expresa en la sanción a los responsables y en el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, sino que ha de establecer un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión de la Verdad es, al final de cuentas, una oportunidad para luchar contra la impunidad en todos sus niveles, y por ello, no es cualquier cosa ni puede quedar rezagada entre los acuerdos.
Ha de ser una formidable ocasión para que todos los sectores de la sociedad que han sido golpeados por el golpe y que sienten dolor de patria, se hagan un solo racimo para que brote la verdad y se rompa para siempre el silencio en el que se ocultan los eternos violadores de las leyes y de los derechos humanos de nuestro país, merecedor de una suerte nueva.
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