Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, a la opinión pública nacional e internacional manifestamos lo siguiente:
PRIMERO: Condenamos enérgicamente el despido de los jueces (as) RAMÓN ENRIQUE BARRIOS, LUIS ALONZO CHEVEZ DE LA ROCHA, GUILLERMO LÓPEZ LONE, el defensor público OSMÁN FAJARDO MOREL y de la Magistrada THIRZA DEL CARMEN FLORES LANZA, todos miembros de la ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA.
SEGUNDO: Denunciamos que estos despidos se enmarcan en un contexto de persecución política por parte de la Corte Suprema de Justicia contra todos aquellos funcionarios judiciales que han asumido una posición valiente, crítica y apegada a los valores constitucionales en relación con el golpe de Estado del 28 de junio pasado.
TERCERO: Reafirmamos que estas acciones intimidatorias y violatorias a los derechos humanos de las personas despedidas se corresponden con la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia como pieza clave en el golpe de Estado, y ratifica que el poder judicial en Honduras no es independiente ni imparcial y que sus actuaciones responden a los intereses de los sectores políticos y económicos que han atentado contra la democracia.
CUARTO: Expresamos nuestra solidaridad con los (as) compañeros (as) despedidos, exigimos su reintegro inmediato y un alto a las amenazas y hostigamientos de las que son víctimas otros funcionarios judiciales que han mantenido una posición coherente con los principios democráticos ,y demandamos al Estado hondureño para que a través de la Corte Suprema de Justicia cumpla fielmente con lo estipulado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales en materia de independencia judicial.
Dado en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a los 06 días del mes de mayo del dos mil diez.
Radio Progreso y Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación.
viernes, 7 de mayo de 2010
Pleno de la Corte Suprema de Justicia despide de forma arbitraria a directivos de la Asociación de Jueces por la Democracia
La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.
La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión constitucional” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.
Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales fueron resuelto el dia de ayer miércoles 5 de mayo, en horas de la noche, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidiendo estas autoridades de forma arbitraria e injustificada el despido de todos los compañeros investigados.
Esta medida del despido de cuatro juzgadores y de un defensor público además de autoritaria, arbitraria y contraria a la legalidad, constituye una herida casi mortal a la independencia de todos los jueces, juezas y del poder judicial.
Al producirse este despido se persigue en particular desarticular y de ser posible destruir el colectivo de la Asociacion de Jueces por la Democracia, pero de manera especial el Pleno de la Corte está mandando el mensaje d que los jueces no pueden ser críticos, y que deben ser sumisos y obedientes, y que vale más un juez sujeto a las directrices superiores y del poder político, que un juez honesto, responsable e independiente.
Estos despidos retroceden y sumen al poder judicial en una crisis institucional que acarrea mayor cuestionamiento y falta de credibilidad a la administración de justicia, pues estos hechos lo que reflejan es que se han impuesto los magistrados que apuestan por la subordinación político-partidaria, y por la posiciones que dan continuidad al rompimiento del orden constitucional, situación en la cual el Poder Judicial se involucro directamente “legalizando” el golpe de estado.
Ante esta situación, la Asociación de Jueces por la Democracia, manifestamos lo siguiente:
1.- Que nos opondremos a estos despidos con todas las acciones legales que la ley nos permite.
2.- De no encontrar respuesta a nuestros reclamos en las instancias internas, recurriremos con nuestras demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
3.- Además de estas acciones legales, manifestamos nuestra disposición a Resistir estos actos ilegales, para lo cual demandamos de nuestros compañeros jueces su apoyo, al tiempo que pedimos a todas las organizaciones populares y de la sociedad civil a acompañar nuestra lucha por recuperar la institucionalidad del poder judicial.
San Pedro Sula, 6 de Mayo de 2010
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión constitucional” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.
Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales fueron resuelto el dia de ayer miércoles 5 de mayo, en horas de la noche, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidiendo estas autoridades de forma arbitraria e injustificada el despido de todos los compañeros investigados.
Esta medida del despido de cuatro juzgadores y de un defensor público además de autoritaria, arbitraria y contraria a la legalidad, constituye una herida casi mortal a la independencia de todos los jueces, juezas y del poder judicial.
Al producirse este despido se persigue en particular desarticular y de ser posible destruir el colectivo de la Asociacion de Jueces por la Democracia, pero de manera especial el Pleno de la Corte está mandando el mensaje d que los jueces no pueden ser críticos, y que deben ser sumisos y obedientes, y que vale más un juez sujeto a las directrices superiores y del poder político, que un juez honesto, responsable e independiente.
Estos despidos retroceden y sumen al poder judicial en una crisis institucional que acarrea mayor cuestionamiento y falta de credibilidad a la administración de justicia, pues estos hechos lo que reflejan es que se han impuesto los magistrados que apuestan por la subordinación político-partidaria, y por la posiciones que dan continuidad al rompimiento del orden constitucional, situación en la cual el Poder Judicial se involucro directamente “legalizando” el golpe de estado.
Ante esta situación, la Asociación de Jueces por la Democracia, manifestamos lo siguiente:
1.- Que nos opondremos a estos despidos con todas las acciones legales que la ley nos permite.
2.- De no encontrar respuesta a nuestros reclamos en las instancias internas, recurriremos con nuestras demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
3.- Además de estas acciones legales, manifestamos nuestra disposición a Resistir estos actos ilegales, para lo cual demandamos de nuestros compañeros jueces su apoyo, al tiempo que pedimos a todas las organizaciones populares y de la sociedad civil a acompañar nuestra lucha por recuperar la institucionalidad del poder judicial.
San Pedro Sula, 6 de Mayo de 2010
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
martes, 4 de mayo de 2010
Una Comisión de Verdad
El mayor capital de una Comisión de la Verdad son sus integrantes, quienes deben ser elegidos por su alta calidad moral y profesional, y sobre todo, por su lucha destacada en la defensa de los derechos humanos.
Estas características son las que diferencian enormemente a los miembros de la Comisión de la Verdad oficial instalada por el gobierno de Lobo Sosa y a los miembros de la Comisión de la Verdad alternativa anunciada por la Plataforma de Derechos Humanos, en coordinación con diferentes organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Por poner unos cuantos ejemplos, mientras la Comisión de la Verdad oficial no está integrada por ninguna persona reconocida internacionalmente por su capacidad y compromiso con los derechos humanos, la Comisión de la Verdad alternativa está conformada nada más y nada menos que por dos Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Mientras la Comisión de la Verdad oficial está integrada por un abogado canadiense, Michael Kergin, miembro de la firma de abogados Bennett Jones que representa a compañías mineras de Canadá con grandes intereses en Honduras, la Comisión de la Verdad alternativa está integrada por el holandés Theo Van Boven, un reconocido jurista internacional y experto en derechos humanos, quien se ha desempeñado, entre otras cosas, como Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura.
Mientras la Comisión de la Verdad oficial está integrada por el ex vicepresidente y ex canciller guatemalteco, Eduardo Stein, vinculado a los grupos de poder político y económico en Guatemala, la Comisión de la Verdad alternativa está integrada por Nora Cortiñas, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, una organización que ha luchado por la defensa de los derechos humanos, el fin de la impunidad y el conocimiento de la verdad de los hechos sucedidos durante las dictaduras militares en el país sudamericano.
Mientras la Comisión de la Verdad oficial la integra María Zavala Valladares, ex ministra de Justicia del gobierno de Alan García en Perú, la Comisión de la Verdad alternativa la integra la ecuatoriana Elsie Monge, reconocida defensora de los derechos humanos e integrante de la Comisión de la Verdad en Ecuador creada para investigar, esclarecer e impedir la impunidad en los hechos violentos y violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado, ocurridos entre 1984 y 1988.
Con estos pocos ejemplos, es claro que la Comisión de la Verdad oficial no tiene la capacidad técnica ni la altura moral para realizar una función tan importante como la investigación de los hechos y el señalamiento de los responsables; en cambio, la Comisión de la Verdad anunciada por la Plataforma de Derechos Humanos tiene toda la potencialidad para ser una Comisión de Verdad, tal y como lo exigen los estándares internacionales en la materia.
Estas características son las que diferencian enormemente a los miembros de la Comisión de la Verdad oficial instalada por el gobierno de Lobo Sosa y a los miembros de la Comisión de la Verdad alternativa anunciada por la Plataforma de Derechos Humanos, en coordinación con diferentes organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Por poner unos cuantos ejemplos, mientras la Comisión de la Verdad oficial no está integrada por ninguna persona reconocida internacionalmente por su capacidad y compromiso con los derechos humanos, la Comisión de la Verdad alternativa está conformada nada más y nada menos que por dos Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Mientras la Comisión de la Verdad oficial está integrada por un abogado canadiense, Michael Kergin, miembro de la firma de abogados Bennett Jones que representa a compañías mineras de Canadá con grandes intereses en Honduras, la Comisión de la Verdad alternativa está integrada por el holandés Theo Van Boven, un reconocido jurista internacional y experto en derechos humanos, quien se ha desempeñado, entre otras cosas, como Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura.
Mientras la Comisión de la Verdad oficial está integrada por el ex vicepresidente y ex canciller guatemalteco, Eduardo Stein, vinculado a los grupos de poder político y económico en Guatemala, la Comisión de la Verdad alternativa está integrada por Nora Cortiñas, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, una organización que ha luchado por la defensa de los derechos humanos, el fin de la impunidad y el conocimiento de la verdad de los hechos sucedidos durante las dictaduras militares en el país sudamericano.
Mientras la Comisión de la Verdad oficial la integra María Zavala Valladares, ex ministra de Justicia del gobierno de Alan García en Perú, la Comisión de la Verdad alternativa la integra la ecuatoriana Elsie Monge, reconocida defensora de los derechos humanos e integrante de la Comisión de la Verdad en Ecuador creada para investigar, esclarecer e impedir la impunidad en los hechos violentos y violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado, ocurridos entre 1984 y 1988.
Con estos pocos ejemplos, es claro que la Comisión de la Verdad oficial no tiene la capacidad técnica ni la altura moral para realizar una función tan importante como la investigación de los hechos y el señalamiento de los responsables; en cambio, la Comisión de la Verdad anunciada por la Plataforma de Derechos Humanos tiene toda la potencialidad para ser una Comisión de Verdad, tal y como lo exigen los estándares internacionales en la materia.
Dos premios Nobel de la Paz a comisión de la verdad alternativa
La diferencia entre esta comisión y la establecida por el gobierno es el “espirito ético, el gran compromiso con el pueblo hondureño, con la verdad y que hable de los Derechos Humanos”.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 03 de mayo. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, anunció hoy la instalación de una “comisión de la verdad” alternativa, integrada entre otras personas por dos ganadores del Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
El anunció lo hacen la víspera de que el gobierno de Porfirio Lobo, instale una “Comisión de la Verdad” a la que diferentes organizaciones y El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), han catalogado como “una comisión de la mentira”.
La comisión alternativa estará compuesta además de los premio Nobel, por la defensora de los Derechos Humanos Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, el holandés Teo Van Boven y Elsie Monge, una ecuatoriana que integró la comisión de la verdad en su país.
Por la parte hondureña estarán integrando la comisión el Padre Fausto Milla, víctima de la represión militar y eclesiástica en la década de los 80, y la escritora Helen Humaña, Premio Nacional de Literatura 1989.
La Plataforma de Derechos Humanos que surgió después del golpe de estado contra Manuel Zelaya, está conformada por El Centro de Derechos de la Mujer (CDM), El Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), El Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) y FIAN Internacional.
Una comisión diferente
Para el defensor de los Derechos Humanos Juan Almendares Bonilla, la diferencia entre esta comisión y la establecida por el gobierno es el “espirito ético, el gran compromiso con el pueblo hondureño, con la verdad y que hable de los Derechos Humanos”.
Para Almendares, miembro de la Plataforma hondureña, la legalidad esta vinculada a la justicia y a la ética, y por eso (la comisión) tiene la credibilidad moral ética para todo el pueblo hondureño.
El informe realizado por la comisión servirá para que el pueblo “lleve su voz a la Asamblea Nacional Constituyente”, una exigencia del Frente Nacional de Resistencia Popular, para restituir el Estado de Derecho, roto con el golpe de Estado Militar contra Zelaya Rosales, el pasado 28 de junio de 2009.
La comisión es apoyada por la Federación Internacional de Derechos humanos (FIDH), quien desarrolla las consultas a nivel internacional.
Almendares recordó que en la comunidad internacional, tanto en Estados Unidos, Europa y América Latina, “existe un gran respaldo moral a esta comisión”, que surge para conocer la verdad desde el pueblo sin intervención oficial.
Comisión de la mentira.
El dirigente popular Juan Barahona, expresó que “el Frente no cree en la comisión de la mentira”, refiriéndose a la comisión nombrada por el gobierno de Porfirio Lobo, que se instalará mañana cuatro de mayo.
Barahona se quejó que la comisión integrada por Lobo, es una comisión compuesta por dos destacados miembros de su partido, que participaron en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, “es una comisión integrada por ellos mismos” puntualizó.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 03 de mayo. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, anunció hoy la instalación de una “comisión de la verdad” alternativa, integrada entre otras personas por dos ganadores del Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
El anunció lo hacen la víspera de que el gobierno de Porfirio Lobo, instale una “Comisión de la Verdad” a la que diferentes organizaciones y El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), han catalogado como “una comisión de la mentira”.
La comisión alternativa estará compuesta además de los premio Nobel, por la defensora de los Derechos Humanos Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, el holandés Teo Van Boven y Elsie Monge, una ecuatoriana que integró la comisión de la verdad en su país.
Por la parte hondureña estarán integrando la comisión el Padre Fausto Milla, víctima de la represión militar y eclesiástica en la década de los 80, y la escritora Helen Humaña, Premio Nacional de Literatura 1989.
La Plataforma de Derechos Humanos que surgió después del golpe de estado contra Manuel Zelaya, está conformada por El Centro de Derechos de la Mujer (CDM), El Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), El Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) y FIAN Internacional.
Una comisión diferente
Para el defensor de los Derechos Humanos Juan Almendares Bonilla, la diferencia entre esta comisión y la establecida por el gobierno es el “espirito ético, el gran compromiso con el pueblo hondureño, con la verdad y que hable de los Derechos Humanos”.
Para Almendares, miembro de la Plataforma hondureña, la legalidad esta vinculada a la justicia y a la ética, y por eso (la comisión) tiene la credibilidad moral ética para todo el pueblo hondureño.
El informe realizado por la comisión servirá para que el pueblo “lleve su voz a la Asamblea Nacional Constituyente”, una exigencia del Frente Nacional de Resistencia Popular, para restituir el Estado de Derecho, roto con el golpe de Estado Militar contra Zelaya Rosales, el pasado 28 de junio de 2009.
La comisión es apoyada por la Federación Internacional de Derechos humanos (FIDH), quien desarrolla las consultas a nivel internacional.
Almendares recordó que en la comunidad internacional, tanto en Estados Unidos, Europa y América Latina, “existe un gran respaldo moral a esta comisión”, que surge para conocer la verdad desde el pueblo sin intervención oficial.
Comisión de la mentira.
El dirigente popular Juan Barahona, expresó que “el Frente no cree en la comisión de la mentira”, refiriéndose a la comisión nombrada por el gobierno de Porfirio Lobo, que se instalará mañana cuatro de mayo.
Barahona se quejó que la comisión integrada por Lobo, es una comisión compuesta por dos destacados miembros de su partido, que participaron en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, “es una comisión integrada por ellos mismos” puntualizó.
lunes, 3 de mayo de 2010
ALERTA NACIONAL E INTERNACIONAL: Jueces, juezas y Magistrados(as) hondureños(as) expedientados(as) podrían ser despedidos(as) en los próximos días
La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.
La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión presidencial” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.
Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales serán resueltos en los próximos días por la Corte Suprema de Justicia, trascendiendo extra oficialmente que la posibilidad de despido es inminente contra estos operadores de justicia.
El Caso de los jueces y magistrados hondureños ha obtenido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha exigido que se “revisen las decisiones adoptadas respecto a jueces y defensores públicos sometidos a procesos disciplinarios en relación con la crisis política y las actividades de protección de derechos humanos”.
Pese a todas estas manifestaciones, los procedimientos investigativos se han prolongado por aproximadamente nueve meses. Siendo inconcebible su instrucción pues las mismas autoridades llamaron mediante comunicación escrita a los jueces y funcionarios a participar en una marcha a favor del régimen de facto, del mismo modo, otro sector de la judicatura se ha pronunciado favorablemente en torno a la posición de la Corte Suprema en su lectura de la “sucesión presidencial” del 28 de junio de 2009.
En estas circunstancias, es fácil entender que los expedientes disciplinarios en contra de los jueces y magistrados hondureños, constituyen una agresión a las libertades de expresión, reunión y de asociación, y por ende, de producirse despidos, la afectación sería a los valores y principios constitucionales democráticos, hoy por hoy, en pugna con el autoritarismo y la intolerancia en el poder judicial de Honduras.
La garantía de inamovilidad para los(as) jueces (zas) y magistrados(as) expedientados(as) representa en la actualidad un respaldo a toda la judicatura hondureña, pues de producirse los despidos se silenciarán las voces críticas y la menguada independencia de los jueces y magistrados se vería seriamente quebrantada.
Ante la realidad descrita en grandes líneas, surge este llamamiento nacional e internacional, para que las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de jueces y sus federaciones se pronuncien de forma urgente y a la brevedad en contra de estos despidos y pidan a la Corte Suprema de Justicia el respeto a la estabilidad y los derechos y libertades de los jueces y magistrados hondureños.
También pueden adherirse a este llamamiento de forma individual todos y todas las personas que quieran sumar su voz y su nombre en defensa de la independencia judicial en Honduras.
Sus llamamientos los pueden remitir a las direcciones de los(as) Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia que son las siguientes:
JORGE ALBERTO RIVERA AVILEZ presidencia@poderjudicial.gob.hn,
mlanda@poderjudicial.gob.hn, jarivera@poderjudicial.gob.hn
ROSA DE LOUDES PAZ HASLAM rpaz@poderjudicial.gob.hn
JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL jruiz@poderjudicial.gob.hn
ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA rcruzs@poderjudicial.gob.hn
JACOBO CALIX HERNANDEZ jcalixh@poderjudicial.gob.hn
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA ochinchilla@poderjudicial.gob.hn
GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA gebustillo@poderjudicial.gob.hn
JORGE REYEZ DIAZ jreyesd@poderjudicial.gob.hn
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA emlopez@poderjudicial.gob.hn
MARCO VINICIO ZUNIGA mvzuniga@poderjudicial.gob.hn
VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA vmmartinez@poderjudicial.gob.hn
TOMAS ARITA VALLE tarita@poderjudicial.gob.hn
RAUL HENRIQUEZ INTERIANO rhenriquez@poderjudicial.gob.hn
CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO ccalix@poderjudicial.gob.hn
JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS jagutierrez@poderjudicial.gob.hn
San Pedro Sula, 3 de mayo del 2010.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión presidencial” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.
Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales serán resueltos en los próximos días por la Corte Suprema de Justicia, trascendiendo extra oficialmente que la posibilidad de despido es inminente contra estos operadores de justicia.
El Caso de los jueces y magistrados hondureños ha obtenido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha exigido que se “revisen las decisiones adoptadas respecto a jueces y defensores públicos sometidos a procesos disciplinarios en relación con la crisis política y las actividades de protección de derechos humanos”.
Pese a todas estas manifestaciones, los procedimientos investigativos se han prolongado por aproximadamente nueve meses. Siendo inconcebible su instrucción pues las mismas autoridades llamaron mediante comunicación escrita a los jueces y funcionarios a participar en una marcha a favor del régimen de facto, del mismo modo, otro sector de la judicatura se ha pronunciado favorablemente en torno a la posición de la Corte Suprema en su lectura de la “sucesión presidencial” del 28 de junio de 2009.
En estas circunstancias, es fácil entender que los expedientes disciplinarios en contra de los jueces y magistrados hondureños, constituyen una agresión a las libertades de expresión, reunión y de asociación, y por ende, de producirse despidos, la afectación sería a los valores y principios constitucionales democráticos, hoy por hoy, en pugna con el autoritarismo y la intolerancia en el poder judicial de Honduras.
La garantía de inamovilidad para los(as) jueces (zas) y magistrados(as) expedientados(as) representa en la actualidad un respaldo a toda la judicatura hondureña, pues de producirse los despidos se silenciarán las voces críticas y la menguada independencia de los jueces y magistrados se vería seriamente quebrantada.
Ante la realidad descrita en grandes líneas, surge este llamamiento nacional e internacional, para que las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de jueces y sus federaciones se pronuncien de forma urgente y a la brevedad en contra de estos despidos y pidan a la Corte Suprema de Justicia el respeto a la estabilidad y los derechos y libertades de los jueces y magistrados hondureños.
También pueden adherirse a este llamamiento de forma individual todos y todas las personas que quieran sumar su voz y su nombre en defensa de la independencia judicial en Honduras.
Sus llamamientos los pueden remitir a las direcciones de los(as) Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia que son las siguientes:
JORGE ALBERTO RIVERA AVILEZ presidencia@poderjudicial.gob.hn,
mlanda@poderjudicial.gob.hn, jarivera@poderjudicial.gob.hn
ROSA DE LOUDES PAZ HASLAM rpaz@poderjudicial.gob.hn
JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL jruiz@poderjudicial.gob.hn
ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA rcruzs@poderjudicial.gob.hn
JACOBO CALIX HERNANDEZ jcalixh@poderjudicial.gob.hn
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA ochinchilla@poderjudicial.gob.hn
GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA gebustillo@poderjudicial.gob.hn
JORGE REYEZ DIAZ jreyesd@poderjudicial.gob.hn
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA emlopez@poderjudicial.gob.hn
MARCO VINICIO ZUNIGA mvzuniga@poderjudicial.gob.hn
VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA vmmartinez@poderjudicial.gob.hn
TOMAS ARITA VALLE tarita@poderjudicial.gob.hn
RAUL HENRIQUEZ INTERIANO rhenriquez@poderjudicial.gob.hn
CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO ccalix@poderjudicial.gob.hn
JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS jagutierrez@poderjudicial.gob.hn
San Pedro Sula, 3 de mayo del 2010.
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