Si uno estuviera en la piel del ex general Romeo Vásquez Velásquez, de Roberto Micheletti o de cualquiera de los altos responsables civiles, militares o policiales que impulsaron y defendieron a sangre y fuego el golpe de Estado, indudablemente debería estar muy preocupado ante las señales de justicia que afloran alrededor.
Otrora poderosos violadores a derechos humanos salvadoreños, uruguayos, peruanos, guatemaltecos, argentinos y colombianos están siendo expulsados de varios países como Estados Unidos y Canadá, perseguidos por la justicia española e investigados por la justicia penal internacional por ser considerados criminales internacionales.
En Honduras, ante un poder judicial corrupto, títere del poder político y económico, y desprestigiado totalmente por cubrir de impunidad a los criminales que están incrustados en las estructuras del Estado, hay señales esperanzadoras de que éstos tarde o temprano seguirán el mismo destino de Pinochet, Fujimori, Scilingo y otros violadores de derechos humanos del continente.
La denuncia contra Roberto Micheletti Baín presentada por el Centro de Derechos Constitucionales y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas en nombre de los padres de Isis Obed Murillo, asesinado por las balas militares, es una señal de esperanza de que la rueda de la justicia comenzó a girar para castigar a los criminales hondureños y para reparar a las víctimas.
Del mismo modo lo es el examen preliminar sobre Honduras iniciado por el fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares, policías y civiles desde el golpe de Estado, los cuales se dieron bajo la autoridad y la dirección de Micheletti y Vásquez Velásquez, entre otros.
Estos dos ejemplos además de constituir signos esperanzadores, también representan un gran desafío para el movimiento de derechos humanos en Honduras en el sentido de dejar a un lado los protagonismos, la centralidad de las agendas propias y los desencuentros para impulsar un movimiento nacional contra la impunidad que acelere el proceso de castigo a los violadores de derechos humanos, tal y como está sucediendo en el resto de países latinoamericanos.
martes, 16 de agosto de 2011
domingo, 7 de agosto de 2011
CONATEL prohíbe la apertura de nuevas radios alternativas
Alerta C-Libre
04 de agosto de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). La comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), prohibió mediante resolución NR003/2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del 5 de Abril del 2011, el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM), dentro del rango 88-108mhz.
Esta categoría de estaciones fue definida por CONATEL mediante resolución número NR022/05 del 31 de agosto del año 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de septiembre del mismo año. Sin embargo con la nueva resolución esta medida queda sin valor de efecto y con ello se frena la apertura de nuevas radios.
En la actualidad, en este rango de frecuencias, operan en nuestro país alrededor de 40 radios comunitarias o alternativas, que prestan un servicio comunicativo solidario a las demandas sociales de las comunidades donde están instaladas.
Alfredo López representante para Honduras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC –ALC), expresó a C-Libre que esta acción de CONATEL tiene “como finalidad coartar la libertad de expresión de la comunidades más pobres de Honduras, al vedarles el derecho de crear sus propios medios de comunicación”. Por otra parte asegura que esta disposición busca fortalecer el “monopolio del espectro radiofónico por parte de los grupos de poder comunicativo que tendieron un cerco mediático y financiaron el Golpe de Estado de 2009”.
En efecto la resolución de CONATEL es categórica al establecer que “únicamente se podrá autorizar la reutilización de una determinada frecuencia radioeléctrica que sea solicitada por un operador del Servicio de Radiodifusión Sonora, que tenga autorizado una frecuencia que no está dentro de la categoría de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, con el fin de reutilizar la misma como repetidora de la estación de radiodifusión principal (primaria), con la misma programación y el mismo nombre”.
El también directivo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), informó que están trabajando en un anteproyecto que faculte el reconocimiento de las radios comunitarias y alternativas en la legislación hondureña, basados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado y ratificado por Honduras, en donde se reconoce a los pueblos indígenas y afro descendientes el derecho de contar con sus propios instrumentos de comunicación.
La situación del derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 72 de la Constitución de la Republica, ha empeorado en el año 2011, a pesar de los compromisos que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa formalizó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 4 de noviembre de 2010 y que ratificó el 17 de marzo de 2011 ante el mismo organismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Entre los compromisos sobresalen el de investigar los asesinatos y agresiones a periodistas así como el de garantizar mediante la reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, el reconocimiento de los medios comunitarios existentes en el país.
Al respecto el gobierno hondureño se comprometió a generar un debate en el Congreso Nacional con la participación de la sociedad civil para modificar su legislación en telecomunicaciones en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos. A su vez se señaló el tema de acceso a la información como parte fundamental para ejercer y cumplir la libertad de expresión.
C-Libre emitió una alerta el 4 de febrero de 2011, donde advertía de las intenciones de CONATEL al poner a consulta, en su sitio web, un anteproyecto de resolución cuyo propósito era suspender el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de estaciones de radio de baja potencia, justificando tal decisión en una saturación del espectro radiofónico.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
04 de agosto de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). La comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), prohibió mediante resolución NR003/2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del 5 de Abril del 2011, el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM), dentro del rango 88-108mhz.
Esta categoría de estaciones fue definida por CONATEL mediante resolución número NR022/05 del 31 de agosto del año 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de septiembre del mismo año. Sin embargo con la nueva resolución esta medida queda sin valor de efecto y con ello se frena la apertura de nuevas radios.
En la actualidad, en este rango de frecuencias, operan en nuestro país alrededor de 40 radios comunitarias o alternativas, que prestan un servicio comunicativo solidario a las demandas sociales de las comunidades donde están instaladas.
Alfredo López representante para Honduras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC –ALC), expresó a C-Libre que esta acción de CONATEL tiene “como finalidad coartar la libertad de expresión de la comunidades más pobres de Honduras, al vedarles el derecho de crear sus propios medios de comunicación”. Por otra parte asegura que esta disposición busca fortalecer el “monopolio del espectro radiofónico por parte de los grupos de poder comunicativo que tendieron un cerco mediático y financiaron el Golpe de Estado de 2009”.
En efecto la resolución de CONATEL es categórica al establecer que “únicamente se podrá autorizar la reutilización de una determinada frecuencia radioeléctrica que sea solicitada por un operador del Servicio de Radiodifusión Sonora, que tenga autorizado una frecuencia que no está dentro de la categoría de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, con el fin de reutilizar la misma como repetidora de la estación de radiodifusión principal (primaria), con la misma programación y el mismo nombre”.
El también directivo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), informó que están trabajando en un anteproyecto que faculte el reconocimiento de las radios comunitarias y alternativas en la legislación hondureña, basados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado y ratificado por Honduras, en donde se reconoce a los pueblos indígenas y afro descendientes el derecho de contar con sus propios instrumentos de comunicación.
La situación del derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 72 de la Constitución de la Republica, ha empeorado en el año 2011, a pesar de los compromisos que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa formalizó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 4 de noviembre de 2010 y que ratificó el 17 de marzo de 2011 ante el mismo organismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Entre los compromisos sobresalen el de investigar los asesinatos y agresiones a periodistas así como el de garantizar mediante la reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, el reconocimiento de los medios comunitarios existentes en el país.
Al respecto el gobierno hondureño se comprometió a generar un debate en el Congreso Nacional con la participación de la sociedad civil para modificar su legislación en telecomunicaciones en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos. A su vez se señaló el tema de acceso a la información como parte fundamental para ejercer y cumplir la libertad de expresión.
C-Libre emitió una alerta el 4 de febrero de 2011, donde advertía de las intenciones de CONATEL al poner a consulta, en su sitio web, un anteproyecto de resolución cuyo propósito era suspender el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de estaciones de radio de baja potencia, justificando tal decisión en una saturación del espectro radiofónico.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
miércoles, 3 de agosto de 2011
La justicia que se acerca
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional española ha ordenado la detención de 20 militares y ex militares salvadoreños acusados de asesinar en 1989 a los jesuitas Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró y a Joaquín López y López, y a Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años en la Universidad Centroamericana de El Salvador.
Para ello, el tribunal español ha expedido una orden de arresto internacional en la que solicita a la Policía Internacional, INTERPOL, capturar a los militares, entre los que se encuentran altos mandos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas como un ex ministro de defensa, un ex jefe de la Fuerza Área, el jefe del Estado Mayor, un coronel y un teniente.
El juez Velasco emitió dicha orden bajo el principio de jurisdicción universal que permite que cualquier tribunal persiga penalmente los crímenes considerados más graves por la comunidad internacional aunque se hayan cometido en otro país en el que no existe voluntad ni capacidad para juzgarlos, tal y como sucedió en El Salvador y como sucede actualmente en Honduras.
A pesar de que las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado están suficientemente documentadas por la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y por la propia Comisión de la Verdad en cuyo informe señala claramente que los responsables son los altos mandos militares y policiales, hasta el momento ni siquiera la Fiscalía de Derechos Humanos ha realizado acciones serias para investigar y sancionar estos crímenes.
Por ello, aunque los violadores de derechos humanos en Honduras han logrado hasta el momento cubrirse de impunidad gracias a un régimen que los premia y a un sistema de justicia corrupto, el principio de jurisdicción universal abre una puerta imprescindible en la lucha por castigar a los victimarios.
La acusación contra los militares salvadoreños es un ejemplo de que la mano de la justicia universal tarde o temprano erosionará las bases sobre las que descansa la impunidad en Honduras.
Para ello, el tribunal español ha expedido una orden de arresto internacional en la que solicita a la Policía Internacional, INTERPOL, capturar a los militares, entre los que se encuentran altos mandos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas como un ex ministro de defensa, un ex jefe de la Fuerza Área, el jefe del Estado Mayor, un coronel y un teniente.
El juez Velasco emitió dicha orden bajo el principio de jurisdicción universal que permite que cualquier tribunal persiga penalmente los crímenes considerados más graves por la comunidad internacional aunque se hayan cometido en otro país en el que no existe voluntad ni capacidad para juzgarlos, tal y como sucedió en El Salvador y como sucede actualmente en Honduras.
A pesar de que las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado están suficientemente documentadas por la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y por la propia Comisión de la Verdad en cuyo informe señala claramente que los responsables son los altos mandos militares y policiales, hasta el momento ni siquiera la Fiscalía de Derechos Humanos ha realizado acciones serias para investigar y sancionar estos crímenes.
Por ello, aunque los violadores de derechos humanos en Honduras han logrado hasta el momento cubrirse de impunidad gracias a un régimen que los premia y a un sistema de justicia corrupto, el principio de jurisdicción universal abre una puerta imprescindible en la lucha por castigar a los victimarios.
La acusación contra los militares salvadoreños es un ejemplo de que la mano de la justicia universal tarde o temprano erosionará las bases sobre las que descansa la impunidad en Honduras.
jueves, 28 de julio de 2011
Los parias del mundo civilizado
El militar argentino Adolfo Scilingo, responsable de secuestros, torturas, desapariciones, apropiaciones de niños e incineraciones durante la dictadura argentina, fue extraditado por México a España y condenado por la Audiencia Nacional de ese país a 640 años de cárcel.
El ex presidente Alberto Fujimori fue extraditado por Chile a Perú donde fue condenado a 25 años de prisión por ser responsable de graves violaciones a derechos humanos durante su mandato.
Los ex militares guatemaltecos Pedro Pimentel Ríos y Santos López Alonzo, responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, fueron deportados de Estados Unidos para ser juzgados en Guatemala. Por su parte, otro ex militar guatemalteco, Gilberto Jordán, fue sentenciado a 10 años de prisión en Florida, Estados Unidos, por su participación en crímenes de lesa humanidad.
A estos militares se suman el general retirado Héctor Mario López Fuentes, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Guatemala, y los 20 militares y ex militares salvadoreños sobre los que pesan órdenes de captura internacional librada por la Audiencia Nacional de España que los acusa del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres en noviembre de 1989.
También el ex oficial del ejército peruano Telmo Hurtado que fue extraditado por Estados Unidos al Perú el pasado 14 de julio tras haber sido requerido por las autoridades peruanas por su participación en la masacre de 69 campesinos de Accomarca, entre ellos varios niños, el 14 de agosto de 1985.
Y el pasado fin de semana conocimos la noticia de que el ex militar hondureño Cristóbal González Ramírez había sido capturado en Canadá por su participación en graves violaciones a los derechos humanos durante los años 80 como miembro activo del sangriento Batallón 3-16.
Pudiéramos continuar con una lista interminable de nombres de militares y policías violadores a derechos humanos que creyeron que podrían escapar de la justicia, pues al igual que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado, no quisieron darse cuenta de que tales crímenes no prescriben y el haberlos ordenado o cometido los convierte en los parias del mundo civilizado.
Por eso, tarde o temprano veremos a los altos responsables militares, civiles y policiales del golpe de Estado desfilar ante la justicia, pues sus crímenes son una mancha imborrable para la humanidad que sólo puede limpiarse con su castigo y su encierro en el basurero de la historia.
El ex presidente Alberto Fujimori fue extraditado por Chile a Perú donde fue condenado a 25 años de prisión por ser responsable de graves violaciones a derechos humanos durante su mandato.
Los ex militares guatemaltecos Pedro Pimentel Ríos y Santos López Alonzo, responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, fueron deportados de Estados Unidos para ser juzgados en Guatemala. Por su parte, otro ex militar guatemalteco, Gilberto Jordán, fue sentenciado a 10 años de prisión en Florida, Estados Unidos, por su participación en crímenes de lesa humanidad.
A estos militares se suman el general retirado Héctor Mario López Fuentes, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Guatemala, y los 20 militares y ex militares salvadoreños sobre los que pesan órdenes de captura internacional librada por la Audiencia Nacional de España que los acusa del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres en noviembre de 1989.
También el ex oficial del ejército peruano Telmo Hurtado que fue extraditado por Estados Unidos al Perú el pasado 14 de julio tras haber sido requerido por las autoridades peruanas por su participación en la masacre de 69 campesinos de Accomarca, entre ellos varios niños, el 14 de agosto de 1985.
Y el pasado fin de semana conocimos la noticia de que el ex militar hondureño Cristóbal González Ramírez había sido capturado en Canadá por su participación en graves violaciones a los derechos humanos durante los años 80 como miembro activo del sangriento Batallón 3-16.
Pudiéramos continuar con una lista interminable de nombres de militares y policías violadores a derechos humanos que creyeron que podrían escapar de la justicia, pues al igual que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado, no quisieron darse cuenta de que tales crímenes no prescriben y el haberlos ordenado o cometido los convierte en los parias del mundo civilizado.
Por eso, tarde o temprano veremos a los altos responsables militares, civiles y policiales del golpe de Estado desfilar ante la justicia, pues sus crímenes son una mancha imborrable para la humanidad que sólo puede limpiarse con su castigo y su encierro en el basurero de la historia.
Corresponsal de Radio Progreso amenazado de muerte
Alertas C-Libre
27 de julio de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). Roberto García Fúnez, corresponsal de Radio Progreso, en el municipio de Arizona departamento de Atlántida denunció a C-Libre, que está siendo objeto de amenazas a muerte por parte de desconocidos.
“He recibido llamadas de números que no puedo identificar, donde me amenazan a muerte a mí, a mi esposa y a mis hijos”. “Tengo miedo, temó por mi vida y la de mi familia, mi esposa está embarazada”, dijo muy nervioso y preocupado, el comunicador.
“Vehículos sospechosos rondan mi vivienda y se estacionan en frente, en un claro acto de intimidación”, aseguró García.
El comunicador tiene dos años como corresponsal de Radio Progreso y dentro de su labor periodística ha cubierto constantemente los acontecimientos alrededor de la construcción de las represas hidroeléctricas en la zona litoral de Honduras, las que según las organizaciones defensoras del medio ambiente se realizan sin la participación y anuencia de las comunidades, pero con la complicidad de las autoridades municipales, tal es el caso del Acalde de Arizona, Adolfo Paguada.
Gricelda Yamileth Monje, esposa de Roberto, contó que el alcalde de Arizona utilizó los nombres, firmas y números de teléfono, incluso el de su esposo y suegro, recogidas en una reunión realizada en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, donde se discutió el asunto de la construcción de las mini represas, pero que no se aprobó su construcción, y las adhirió, sin consentimiento de los participantes, a un documento en apoyo a las intenciones de las compañías hidroeléctricas, y que luego lo envió al Congreso Nacional de la República.
Las amenazas de muerte se suscitaron después que el comunicador realizó varios reportajes para Radio Progreso, donde exponía los sucesos alrededor de las represas, y han aumentado tras haber presentado, el pasado 25 de julio, ante el Ministerio Público y medios de comunicación, una demanda por agresión física por parte del alcalde de Arizona, sucedida el 17 de junio.
García narró que para esa fecha, fue invitado por la alcaldía a un cabildo abierto en el cual estarían las autoridades del municipio. El edil en su discurso, aseguró que García lo había difamado al decir cosas en contra de él y que la cobertura que éste hacía afectaba su imagen y agitaba a la población.
En la referida asamblea el alcalde se le abalanzó a García y lo golpeo con la mano abierta en su pecho, también quiso pegarle con el puño cerrado pero dos personas lo evitaron. “El alcalde me negó la participación para defenderme de sus acusaciones y explicarle al pueblo que es lo que había pasado. Me hizo una acusación, por eso me subí al estrado principal donde el estaba con su corporación, para pedirle que me dejara explicar al pueblo la mentira de la cual me acusaba, entonces el me dijo: ¿me estás diciendo mentiroso? Y se lanzó sobre mí. Esto provocó mi reacción”, explicó García.
En una clara autocensura, el corresponsal de Radio Progreso, manifiesta que, “Mis reportes para Radio Progreso han disminuido porque no me quiero morir ahorita, me preocupa mucho esta situación, incluso mi esposa está embarazada, siento mucha pena por ella por estar viviendo estas amenazas. Cuando mi hija va a la escuela le da miedo, mi esposa tiene pesadillas, es terrible lo que estamos viviendo”. Por otra parte aseguró que no tiene confianza en las autoridades, porque no ve seriedad en la investigación del caso.
El párroco de la iglesia de Arizona, Cesar Espinoza, aseguró que el clima de violencia se agudiza más en el sector. Según Espinoza son ya 14 las personas asesinadas desde enero, además 24 familias han tenido que desplazarse de sus lugares, dejándolo todo, por el miedo. “Las autoridades son corruptas, reciben sobornos, los criminales son gente de allí mismo, por miedo no decimos los nombres pero todos saben quiénes son. Vivimos en un estado fallido”, aseguró Espinoza quien ha apoyado a García en su caso.
Por su parte la Red de Patronatos en Defensa de los Recursos Naturales, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y otros colectivos sociales y comunitarios, organizaron una marcha para pronunciarse en contra de las amenazas y agresiones que ha recibido el comunicador y en general por la situación de violencia que sufren los que defienden la vida y los recursos naturales.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
27 de julio de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). Roberto García Fúnez, corresponsal de Radio Progreso, en el municipio de Arizona departamento de Atlántida denunció a C-Libre, que está siendo objeto de amenazas a muerte por parte de desconocidos.
“He recibido llamadas de números que no puedo identificar, donde me amenazan a muerte a mí, a mi esposa y a mis hijos”. “Tengo miedo, temó por mi vida y la de mi familia, mi esposa está embarazada”, dijo muy nervioso y preocupado, el comunicador.
“Vehículos sospechosos rondan mi vivienda y se estacionan en frente, en un claro acto de intimidación”, aseguró García.
El comunicador tiene dos años como corresponsal de Radio Progreso y dentro de su labor periodística ha cubierto constantemente los acontecimientos alrededor de la construcción de las represas hidroeléctricas en la zona litoral de Honduras, las que según las organizaciones defensoras del medio ambiente se realizan sin la participación y anuencia de las comunidades, pero con la complicidad de las autoridades municipales, tal es el caso del Acalde de Arizona, Adolfo Paguada.
Gricelda Yamileth Monje, esposa de Roberto, contó que el alcalde de Arizona utilizó los nombres, firmas y números de teléfono, incluso el de su esposo y suegro, recogidas en una reunión realizada en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, donde se discutió el asunto de la construcción de las mini represas, pero que no se aprobó su construcción, y las adhirió, sin consentimiento de los participantes, a un documento en apoyo a las intenciones de las compañías hidroeléctricas, y que luego lo envió al Congreso Nacional de la República.
Las amenazas de muerte se suscitaron después que el comunicador realizó varios reportajes para Radio Progreso, donde exponía los sucesos alrededor de las represas, y han aumentado tras haber presentado, el pasado 25 de julio, ante el Ministerio Público y medios de comunicación, una demanda por agresión física por parte del alcalde de Arizona, sucedida el 17 de junio.
García narró que para esa fecha, fue invitado por la alcaldía a un cabildo abierto en el cual estarían las autoridades del municipio. El edil en su discurso, aseguró que García lo había difamado al decir cosas en contra de él y que la cobertura que éste hacía afectaba su imagen y agitaba a la población.
En la referida asamblea el alcalde se le abalanzó a García y lo golpeo con la mano abierta en su pecho, también quiso pegarle con el puño cerrado pero dos personas lo evitaron. “El alcalde me negó la participación para defenderme de sus acusaciones y explicarle al pueblo que es lo que había pasado. Me hizo una acusación, por eso me subí al estrado principal donde el estaba con su corporación, para pedirle que me dejara explicar al pueblo la mentira de la cual me acusaba, entonces el me dijo: ¿me estás diciendo mentiroso? Y se lanzó sobre mí. Esto provocó mi reacción”, explicó García.
En una clara autocensura, el corresponsal de Radio Progreso, manifiesta que, “Mis reportes para Radio Progreso han disminuido porque no me quiero morir ahorita, me preocupa mucho esta situación, incluso mi esposa está embarazada, siento mucha pena por ella por estar viviendo estas amenazas. Cuando mi hija va a la escuela le da miedo, mi esposa tiene pesadillas, es terrible lo que estamos viviendo”. Por otra parte aseguró que no tiene confianza en las autoridades, porque no ve seriedad en la investigación del caso.
El párroco de la iglesia de Arizona, Cesar Espinoza, aseguró que el clima de violencia se agudiza más en el sector. Según Espinoza son ya 14 las personas asesinadas desde enero, además 24 familias han tenido que desplazarse de sus lugares, dejándolo todo, por el miedo. “Las autoridades son corruptas, reciben sobornos, los criminales son gente de allí mismo, por miedo no decimos los nombres pero todos saben quiénes son. Vivimos en un estado fallido”, aseguró Espinoza quien ha apoyado a García en su caso.
Por su parte la Red de Patronatos en Defensa de los Recursos Naturales, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y otros colectivos sociales y comunitarios, organizaron una marcha para pronunciarse en contra de las amenazas y agresiones que ha recibido el comunicador y en general por la situación de violencia que sufren los que defienden la vida y los recursos naturales.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
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