El verdadero compromiso del régimen es con los violadores a derechos humanos

El régimen de Lobo Sosa sigue con su doble discurso en materia de derechos humanos.

Mientras se lava las manos diciendo ante la asamblea general de la ONU que la grave situación de los derechos humanos en Honduras es una herencia del golpe de Estado, evade decir que el rompimiento del orden constitucional fue apoyado por él y por la mayoría absoluta de sus diputados en el congreso nacional.

Al mismo tiempo, mientras manifiesta su compromiso de cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de superar el deterioro de la situación de los derechos humanos como una de sus más altas prioridades, elude decir que él personalmente nombró a los militares que ejecutaron el golpe de Estado en puestos claves de su gobierno.

Mientras Pepe Lobo y su Ministra de Derechos Humanos siguen cabildeando ante la comunidad internacional para convencerla de su compromiso con la dignidad humana, el congreso Nacional dominado por los diputados de su partido aprueba leyes que atentan contra dicha dignidad y propinan una nueva bofetada que profundiza el dolor de las víctimas.

Nos referimos al ascenso del general que ejecutó el golpe de Estado, René Osorio Canales, quien después de que Lobo Sosa lo premiara nombrándolo jefe de las Fuerzas Armadas, ahora lo recompensa con el máximo ascenso al que puede aspirar un militar.

Si el régimen de Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la protección de los derechos humanos, en vez de premiar a los militares golpistas, ya hace tiempo los hubiera separado de los altos cargos que ostentan en su gobierno y estaría promoviendo la investigación efectiva que permita sancionarlos por haber participado en el rompimiento del orden constitucional y en las graves violaciones a derechos humanos.

Comisión Interamericana conoció el drama y la desprotección en la que viven los buzos miskitos en Honduras

Organizaciones pidieron a la CIDH emitir su informe final sobre este caso

Washington D. C., 25 de octubre del 2011- Amistero Bans Valeriano empezó a ejercer la pesca mediante buceo como única alternativa laboral ante la precaria situación económica en la región de La Mosquitia, Honduras. Actualmente tiene una discapacidad por un accidente laboral que sufrió en el 2000, por el cual no recibió ninguna indemnización de la empresa para la que laboraba ni ha recibido una adecuada atención médica ni justicia por parte del Estado. Su testimonio lo presentó ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 143er periodo de sesiones, y es representativo de una dramática situación humanitaria en ese país.

La audiencia fue parte del proceso del caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) contra Honduras, el cual está siendo litigado ante la CIDH por la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI), Miskitu Indiang Mairin Asla Takanka (MIMAT – Asociación de Mujeres Miskitas de la Costa Atlántica), Almuk Nani Asla Takanka (Consejo de Ancianos) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Al igual que miles de hombres indígenas miskitos en su comunidad, Amistero Bans trabajó como buzo sin haber tenido una adecuada capacitación, sin seguridad social y en condiciones laborales precarias. Las organizaciones representantes afirmaron que el Estado ha fallado en proteger y defender los derechos laborales de los buzos miskitos ante sus empleadores.

Asimismo afirmaron que el Estado es responsable de no haber ofrecido tratamiento médico en el corto y en el largo plazo, incluyendo la disponibilidad de cámaras hiperbáricas y terapias de rehabilitación para los buzos que han padecido de síndrome de descompresión y que consecuentemente sufren de alguna discapacidad por el tratamiento inadecuado de este mal. En centenares de casos, las personas accidentadas han perdido la vida.

Las peticionarias afirmaron que los buzos afectados por la indiferencia del Estado son víctimas de una triple discriminación por su pobreza, por su etnicidad y por su discapacidad.

La representación del Estado señaló que se han hecho “esfuerzos palpables” que se han materializado en “avances significativos” para resolver esta problemática. Sin embargo, las representantes de las víctimas denunciaron que estas acciones no se han visto reflejadas en una mejoría en la vida de los buzos miskitos. Por el contrario siguen sucediendo accidentes: en meses pasados, al menos cuatro buzos han muerto como consecuencia de su trabajo.

Durante la audiencia, las organizaciones pidieron a la CIDH aprobar –lo antes posible– su informe final sobre el caso.

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (el más reciente en su materia) señaló en el 2004 que alrededor de 9.000 buzos practicaban la pesca submarina de langosta. Entre ellos, el 97% había presentado algún grado del síndrome por descompresión y al menos 4.200 miskitos tenían discapacidad total o parcialmente a causa de este mal.

El proceso ante la CIDH involucra a 43 víctimas, entre las cuales se cuenta a 21 ex buzos con algún tipo de discapacidad y 22 pescadores que fallecieron por motivos laborales. Las organizaciones representantes confían en que el litigio de este caso contribuya a que el Estado adopte políticas y medidas estructurales que reparen el daño causado a las miles de personas afectadas en La Mosquitia hondureña.

Audio de la audiencia:

http://www.cidh.org/audiencias/143/10.mp3

Video de la audiencia:

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V3_2pm.wmv



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Ciudadanos que hay que proteger y enemigos que hay que combatir

Mientras en el aeropuerto Ramón Villeda Morales eran asesinadas 6 personas por sicarios vestidos de policías, el mismo día en el interior del centro penal de San Pedro Sula morían 9 personas privadas de libertad en un supuesto enfrentamiento.

La violencia que azota al país tiene sus tentáculos tan largos que incluso llega allí donde el Estado tiene el completo control sobre la vida o la muerte de las personas, es decir, los centros penales.

Ya no hay ningún lugar seguro en Honduras, cualquier persona es una víctima potencial de la criminalidad, lo cual genera una “ciudadanía de baja intensidad” para una mayoría de hondureñas y hondureños que viven sometidos a la pobreza y a la humillación y el miedo a la violencia, lo que los convierte en personas no “sólo materialmente pobres, sino también legalmente pobres”.

Como respuesta, el Estado se empeña en aplicar una supuesta política de seguridad ciudadana que fomenta la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales.

Nuestra historia demuestra que la intervención de los militares en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos; el golpe de Estado es un ejemplo claro del peligro de dar mayor poder a quienes no saben distinguir entre ciudadanos que hay que proteger y enemigos que hay que combatir.

Por eso, en vez de estar discutiendo sobre la fusión de las fuerzas armadas con las fuerzas policiales, el régimen de Lobo Sosa debe cumplir con su promesa de implementar las recomendaciones en la materia de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que señala la necesidad de “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

Pasos serios hacia la convivencia

La semana pasada la salvadoreña María Silvia Guillén, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó en pocas palabras y de manera contundente lo que para ella constituye la situación en Honduras: Que la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país sólo puede compararse con la de los peores momentos de las dictaduras centroamericanas.

Aunque estas palabras fueron expresadas en el marco académico del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, tiene fundamental importancia porque provienen de una funcionaria con una de las más altas investiduras en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos y porque ratifican que las consecuencias del golpe de Estado siguen vigentes en tanto no exista voluntad política para acabar con la impunidad.

Además, en dicho seminario hubo unanimidad en expresar profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 periodistas y ataques contra la integridad física, psíquica y moral, y el derecho a la manifestación pública y pacífica, y por la impunidad generalizada producto de la inactividad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los atentados contra los derechos humanos.

En este sentido, en el seminario se concluyó que para iniciar el lento proceso de reconciliación nacional es necesario que el Estado de unos primeros pasos que muestren su voluntad política y su compromiso serio con la construcción democrática, tales como, la adopción inmediata de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, lo que implica la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán.

Y la implementación diligente de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Sólo de esta manera es posible avanzar hacia la resolución de los conflictos generados y agudizados por el golpe de Estado, y a partir de allí, hacia la construcción de una Honduras en donde la verdad y la justicia sean la piedra angular de nuestra convivencia.

Un evento contra la impunidad

Los días 5, 6 y 7 de octubre, se desarrollará en Tegucigalpa el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, organizado por la Oficina Regional de Hivos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).

Estas cuatro organizaciones se han articulado con el objetivo general de promover un espacio de discusión y reflexión sobre algunas experiencias relevantes en el plano nacional e internacional en la resolución de crímenes y violaciones a derechos humanos.

Pero de manera específica, con este seminario pretende contribuir a acentuar esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, en pro de alcanzar la justicia para miles de víctimas que desde el golpe de Estado siguen esperando que la impunidad de sus victimarios no siga golpeando su dignidad.

En este evento participarán importantes personalidades que trabajan para erradicar con la impunidad en el mundo, tales como Marcie Mersky del Centro Internacional de Justicia Transicional, María Silvia Guillén de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eugenia Valenzuela, encargada de análisis estratégico de la Corte Penal Internacional y el juez Bartasar Garzón quien viene en representación del fiscal Luis Moreno-Ocampo de la Corte Penal Internacional.

Además de la importancia académica que tiene este evento, también es un espacio único para que las organizaciones nacionales de derechos humanos presenten a los dos representantes del tribunal penal internacional, documentos y pruebas que impulsen el examen preliminar sobre las violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado que inició en noviembre pasado el fiscal Moreno-Ocampo.

La presencia del juez Garzón y de la abogada Valenzuela de la Corte Penal Internacional, también representa una señal clara de que la impunidad por las violaciones a derechos humanos en Honduras es un asunto de preocupación para este tribunal mundial, lo cual es un desafío para el movimiento de derechos humanos en el sentido de aprovechar este momento histórico para impulsar un verdadero proceso que permita el fin de la impunidad en el país.